Una solicitud para que se fije en un breve plazo la fecha para el nuevo juicio al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) en el proceso por los pinchazos, fue presentada en la tarde de ayer en la Oficina Judicial del Primer Distrito Judicial, por el abogado de un grupo de víctimas.
David Cuevas, en representación de Juan Carlos Navarro, Rosendo Rivera y Rubén Polanco, presentó la petición, luego de que en redes sociales circulara un audio atribuido al expresidente, en el que aseguraba que sería muy difícil condenarlo en un nuevo juicio, debido a que puede echar mano de múltiples recursos legales.
En ese audio, la voz también recuerda que debido a la gran cantidad de juicios por celebrarse en 2021 y 2022, existe la posibilidad de que prescriban los cargos en su contra. Al expresidente se le procesará por inviolabilidad del secreto (interceptación de comunicaciones sin autorización judicial) y violación al derecho a la intimidad (seguimiento y persecución ilegal). Se excluyeron de la acusación los delitos de peculado por malversación y peculado de uso.
El escrito de Cuevas precisa que ante este escenario, es necesario que la Oficina Judicial fije en breve una fecha para celebrar el nuevo juicio.
Según Cuevas, no es posible que bajo la premisa de un sistema penal acusatorio (SPA) colapsado y deficiente, algunas personas se aferren a la figura de la prescripción como un método de defensa y que las autoridades, aún con las falencias y necesidades del sistema, permitan la impunidad.
Para Cuevas, esta situación generaría la percepción de un Estado fallido, en el que la justicia, que es un pilar de la democracia, evidencie este tipo de deficiencias.
El pasado 20 de noviembre, el Tribunal Superior de Apelaciones revocó el fallo de los jueces Raúl Vergara, Arlene Caballero y Roberto Tejeira que exoneró a Martinelli de los cargos de interceptación ilegal de las comunicaciones y seguimiento sin orden judicial y ordenó un nuevo juicio.
El abogado Carlos Herrera Morán, quien representa a Balbina Herrera y Mauro Zúñiga en este proceso, dijo que el próximo lunes también acudirá a la Oficina Judicial del SPA para pedir que se fije una fecha de audiencia en plazo perentorio.
Morán aseguró que este es un caso en el que se requiere que la justicia actúe de forma expedita.
Las magistradas del Tribunal de Apelaciones, Donaji Arosemena y Yiles Pittí, con el salvamento de voto de Diego Fernández, señalaron que los jueces no valoraron en debida forma los testimonios de los exagentes del Consejo de Seguridad Nacional Ismael Pittí y Júbilo Grael, entre otros, quienes señalaron que en el edificio 150 de esa entidad se realizaban interceptaciones telefónicas ilegales y se daba seguimiento a ciertos “blancos”.
El fiscal Ricaurte González, que sustento el recurso de nulidad ante el Tribunal de Apelaciones, alegó en su recurso que en la investigación se acreditó que funcionarios del Consejo de Seguridad utilizaron equipos tecnológicos para interceptar conversaciones de opositores políticos, dirigentes gremiales y obreros.
