Panamá forma parte de la lista de los 10 países con la tasa más alta de homicidio infantil en el mundo.
Así lo reveló la fundación internacional Save the Children, a través del primer informe anual y global del índice de peligros para la población menor de edad, denominado En deuda con la niñez, dado a conocer el pasado jueves en Panamá.
En el documento se analizan las condiciones de vida de la población menor de edad en 172 países, basados en 8 indicadores mediante los cuales se evalúan temas como salud, protección, escolarización, etc.
Además, precisa que las causas son variadas y multisectoriales que van desde enfermedades, conflictos y la violencia extrema; hasta el matrimonio infantil, el embarazo precoz, la malnutrición, la exclusión de la educación y el trabajo infantil.
En el índice de peligros para la niñez se evidencia que los 10 países con peores indicadores relacionados con el homicidio infantil por causas de violencia en el hogar, colegios y calles están en América Latina y el Caribe.
Esa lista está encabezada por Honduras, y Panamá es parte de ella (ver tabla).
En ese documento se hace también una clasificación de los mejores y peores países en donde los niños pueden vivir, ubicando a la región europea en los primeros 10 puestos (Eslovenia, Noruega, Finlandia) y a los de África en los últimos puestos (Benín, Mauritania, Guinea Bissau).
DEBILIDAD DE PANAMÁ
No obstante, en la evaluación general de todas las variables, Panamá ocupa la posición número 99, de los 172 países.
El documento evidencia que los puntos frágiles se concentran en la tasa anual de homicidios que es de 11.1 por cada 100 mil niños y en la tasa de natalidad en adolescentes que es de 73.7 por cada mil niñas de entre 15 y 19 años de edad.
Victoria Ward, directora regional de Save the Children, una oenegé que defiende los derechos de los niños en el mundo, indicó que la situación de Panamá se repite en el resto de países de América Latina y el Caribe.
El documento refleja que el promedio de homicidios en todo el mundo es menor a 5 por cada 100 mil menores, mientras que en la región de América Latina y el Caribe es de hasta 32.8, como es el caso de Honduras.
En el caso de los embarazos precoces, en los países de América Latina se reportan entre 50 y 100 por cada mil niñas de entre 15 y 19 años de edad.
Respecto al tema de los homicidios, Ward señaló que estos responden a factores como el narcotráfico y la falta de instituciones sólidas que protejan a la niñez de los actos de violencia.
Y sobre los embarazos precoces, acotó que se debe a la falta de políticas públicas en las que se promueva la salud sexual y reproductiva.
“América Latina y el Caribe es la segunda región en el mundo, después de África, con mayor cantidad de menores embarazadas”, dijo.
ACCIONES
Ante este escenario, María Cristina Perceval, directora regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), manifestó que el informe demuestra que no se están haciendo bien las labores y que se requiere más esfuerzos en beneficio de los niños, niñas y adolescentes.
“Este es un índice valioso, no para estigmatizar, enojar gobiernos o condolernos, sino para que transformemos las injusticias”, dijo.
Recordó que los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos de los menores y que se deben gestionar las políticas necesarias con enfoque de igualdad y velando por el interés superior de esta población.
En tanto, Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, urgió a los Estados de la región a colocar a la niñez en sus agendas.
Sugirió que se aumente la inversión para atender las necesidades de esta población vulnerable, así como cambiar y reforzar las leyes que aseguren su protección.
Por su parte, la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Yasmín Cárdenas, indicó que el informe sirve a cada país para analizar las razones principales por las cuales se ve interrumpido el disfrute de los niños a gozar plenamente de sus derechos.
Añadió que la Senniaf enfoca sus esfuerzos en la protección especializada y el diseño de una estrategia nacional intersectorial de prevención de la violencia en niños, así como el fortalecimiento de la familia.