El distrito de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, estuvo de duelo ayer. Unas 150 personas marcharon, para recordar al país que desde 2010 su realidad es dolorosa, por vivir con perdigones de plomo en su organismo.
Se trata de las víctimas de varios días de enfrentamientos entre trabajadores y agentes de la Policía Nacional hace 11 años. Aquella vez hubo dos jornaleros muertos y más de 500 heridos.
En ese momento se oponían a la polémica ley chorizo (Ley 30 de junio de 2010), llamada así porque, además de dictar medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial, introducía reformas en los códigos Penal, de Trabajo y Judicial, y en seis leyes, incluidas la Ley Orgánica de la Policía, la de Contrataciones Públicas y la del Medio Ambiente.
Todos los 8 de julio, el grupo de víctimas, entre los que hay 82 que perdieron la vista parcialmente, llevan a cabo una marcha pacífica en la avenida central del distrito.
En ese grupo se encontraba Ortencio Villar, quien narra que en 2010 tenía 20 años de edad y, por oponerse a una ley arbitraria, perdió parte de su vista, luego que le dispararan perdigones de plomo al rostro.
Ahora, con 31 años, no puede trabajar y depende de una pensión mensual de $800 que le otorga el Estado, la cual no es suficiente para hacer frente a los compromisos con su familia y compra de medicamentos, ya que todavía tiene perdigones en su organismo.
“Por momentos tengo dolor de cabeza y sufro de mareos. Hay días en los que no puedo dormir del dolor. He tratado de buscar trabajo, pero por mi discapacidad no me contratan y lo que vivo no es fácil”, señala Villar.
Otra de las víctimas es Jacinto Quintero, quien indica que tiene 170 perdigones en el cuerpo y que, al igual que Villar, perdió la visión parcialmente. Él fue evaluado hace 11 años, tras ser herido con los perdigones, y el diagnóstico de la Caja de Seguro Social (CSS) hacía referencia literalmente a “intoxicación crónica por plomo”.
Según Quintero, los médicos prefieren no retirarle los perdigones, porque sería un proceso complicado, en el que podrían dañar algunos músculos y órganos.
Quintero es coordinador del Movimiento 8 de Julio, un grupo de víctimas que se organizó para llevar a cabo actividades como la marcha de ayer y presentar sus reclamos a las autoridades de turno. De hecho, indican que muchos necesitan lentes y prótesis, así como la presencia de especialistas para atender sus padecimientos.
Para atender un estimado de 500 víctimas, el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) inauguró una clínica en Changuinola, la cual cuenta con un médico general y una enfermera, aunque los trabajadores señalan que muchos de ellos urgen de atención especializada.
Reunión
El director de la CSS, Enrique Lau Cortés, subrayó que en Changuinola hay un equipo para atender a esta población en el tema salud.
“Yo mandé hace poco un oftalmólogo a Bocas, pero cuando no hay algún otro especialista que ellos necesitan son referidos en Chiriquí o alguna otra provincia”, dijo el director, quien calificó como “lamentable” los hechos ocurridos en el 2010.
Por su parte, Carlos García, viceministro de la Presidencia, manifestó que el próximo lunes sostendrán una reunión en Bocas del Toro con representantes del Movimiento 8 de Julio, con el fin de conocer sus principales exigencias.
“El Estado tiene un compromiso moral con estas personas. Fueron acciones de fuerza contra una población civil que no estaba en la mismas condiciones”, concluyó el funcionario.
