El mismo día en que se divulgó que el mexicano José Luis Penagos acusa a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez, de despojarlo de 66 kilos brutos de oro, esta respondió con amenazas a los medios que publicaron la información, y no dijo si tiene en sus manos el metal precioso.
Rodríguez alegó que se trata de un asunto privado y que el litigio ocurrió cuando ella no era diputada. Documentos oficiales prueban que el oro le fue entregado en septiembre de 2018.
¿Dónde está el oro? Zulay evita responder
La diputada perredista Zulay Rodríguez evitó responder si se quedó con 62.5 kilos netos de oro que le fueron entregados y que reclama el orfebre mexicano José Luis Penagos, quien la acusa de haberlo despojado de ese metal precioso que le fue decomisado por la Autoridad Nacional de Aduanas cuando, en marzo de 2009, se encontraba en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Rodríguez fue una de las últimas en llegar al palacio Justo Arosemena ayer, 2 de enero, día en que se instaló la segunda legislatura. “Falsa, calumniosa e injuriosa. Viene de los grupos de Movin, y del periódico de la 12 de octubre”, dijo a los periodistas cuando le preguntaron por el tema.
Manifestó estar dispuesta a desmentir las informaciones sobre los honorarios profesionales que cobró tras una demanda que instauró contra Penagos y el venezolano José Felipe Mendoza. Sin embargo, defendió estos pagos, al considerar que se trata de un “conflicto totalmente privado”, que, aseguró, no tiene que ver con su gestión en la Asamblea. “Se han metido en un conflicto prácticamente a nivel privado, para exponer esto ante un medio de comunicación que he combatido y denunciado (...)”, dijo.
Amenazó con demandar al medio digital Foco, al comunicador Mauricio Valenzuela y a La Prensa.
–¿Usted cobró los honorarios con este oro? le consultó un periodista. Rodríguez respondió: “Lo que pasa es que los demandé civilmente. Y esta demanda civil la gané. Y allí está. Este periódico de la 12 de octubre [La Prensa] dice que esto es moralmente inaceptable. ¿Quiénes son ellos para señalar si esto es moral o no es moral. ¿Por qué no hacen lo mismo con Federico Humbert, o con Odebrecht? Háganlo con los peces gordos. Vienen a meterse con Zulay Rodríguez, que no ha manejado fondos públicos, en un conflicto totalmente privado”, argumentó. Insistió en que ella trató ese caso antes de ser diputada.
–¿Señora diputada, usted tiene los lingotes?, le preguntó Valenzuela. “Le contestaré en los tribunales de justicia”, dijo.
–¿Tiene los lingotes?, insistó el comunicador. La diputada respondió: “señor, no sea tan impertinente, respete a las mujeres [...]”.
De inmediato, personal de seguridad de la Asamblea amenazó con sacar a Valenzuela del recinto. “Lo vamos a tener que sacar. Sino se comporta los vamos a tener que sacar”, le advirtieron.
Peligroso rastro
Cuando fueron retenidos por autoridades de aduanas en el aeropuerto de Tocumen, Penagos y Mendoza alegaron que no estaban obligados a declarar el oro porque estaban en tránsito a Colombia, pero el caso se complicó cuando las autoridades judiciales encontraron restos de metanfetaminas en las láminas de oro. Fueron acusados de lavado de dinero. Pasaron nueve meses en la cárcel La Joya, pero el proceso se cayó, y fueron liberados en diciembre de 2009 con un sobreseimiento provisional. Penagos fue deportado a México con impedimento de entrada a Panamá. Estando en México, contacta a Rodríguez (2013) para que lo ayudara a recuperar el oro. Le otorgó un amplio poder. Más adelante, la diputada y su colega Rafael Araúz firmaron controversiales “acuerdos privados” que a la postre les permitieron recuperar el oro incautado.
En septiembre de 2018, Araúz, Rodríguez y su esposo Álvaro Testa, retiraron 62.54 kilos de oro que estaban resguardados en las bovédas del Banco Nacional de Panamá. Se habrían perdido unos tres kilos. Penagos afirma que ha pasado más de un año desde que los abogados recuperaron el oro, y nunca se han comunicado con él.
Reclamos
En varias oportunidades, Rodríguez ha cuestionado que las autoridades de Migración y de Seguridad Pública estaban levantando la prohibición de entrada al país a terroristas y narcotraficantes. El pasado 11 de octubre, cuando el ministro de Seguridad, Rolando Mirones, acudió al pleno a contestar un cuestionario relacionado con la seguridad del país, la diputada mencionó el tema. “Uno de esos terroristas es Jairo, alias Condorito, y eso lo dijeron los medios de comunicación no lo digo yo [...]”. Mirones le contestó: “Señora diputada, usted es abogada. Usted sabe más que eso. Usted sabe perfectamente bien que para hacer una acusación usted necesita un nombre y un número de identificación. [...] usted dijo que aquí se habían dejado entrar a narcotraficantes, a mí me lo dijo, y que se habían levantado impedimentos y una serie de cosas. Automáticamente y de manera responsable yo contacté a la directora de Migración [Samira Gozaine] y, ¿usted sabe que pasó? ¿Usted lo recuerda diputada? Se trataba de un acto de 2012. Usted acusó a la directora de Migración de que estaba cobrando dinero por esos actos [...]”.
Este medio consultó ayer a Mirones sobre si el caso de Penagos está relacionado con supuestas solicitudes para levantar impedimentos de entrada al país. Contestó que no tenía conocimiento del tema, y que en todo caso le correspondía a Migración. La Prensa consultó a Gozaine sobre el tema, y en su departamento de prensa respondieron: “El Servicio Nacional de Migración no recibe ni sugerencias ni recomendaciones en ese tema. Solo se atienden las órdenes judiciales emanadas de las autoridades y tribunales judiciales competentes, sobre la colocación o levantamiento de impedimento de entrada al país. No se ha recibido nada al respecto”.
