La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron aprobados hace dos años por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas como un llamamiento colectivo y transformador a una acción que cambiará el curso de nuestro destino común hacia un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible.
Desde entonces, los países han adoptado medidas importantes para iniciar este nuevo camino, ya que son plenamente conscientes de que esta agenda requiere un cambio de paradigma. Tan solo en América Latina y el Caribe, al menos 16 países han mejorado sus marcos institucionales para facilitar la implementación de la Agenda 2030. También han elaborado marcos para el diálogo entre múltiples interesados a fin de integrar los ODS en sus planes de desarrollo nacionales y subnacionales, y en sus marcos fiscales y de inversión.
A nivel global, 66 países —es decir uno de cada tres Estados Miembros de las Naciones Unidas— habrán presentado su examen nacional voluntario hacia julio de 2017 en el contexto del Foro Político de Alto Nivel (en el caso de América Latina y el Caribe, esta cifra equivale a 14 de sus 33 países, esto es, casi el 50% de ellos). Otros 16 países ya se han comprometido a hacerlo en 2018.
Además, se han establecido cinco foros regionales sobre desarrollo sostenible como plataformas regionales para apoyar la implementación, el seguimiento y los mecanismos de examen de la Agenda 2030 y la Agenda de Acción de Addis Abeba. Por ejemplo, el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible se celebró por primera vez en ciudad de México el pasado mes de abril, y reunió a casi 800 participantes del gobierno, la sociedad civil, el sector privado y otros actores para promover el aprendizaje entre pares y compartir los progresos y experiencias en la implementación de la agenda y fortalecer la colaboración y la coordinación entre los actores regionales.
Asimismo, los países tendrán que abordar los problemas en materia de recopilación, desagregación y difusión de datos y estadísticas. Ello implica el fortalecimiento de las capacidades de sus sistemas nacionales de estadística y el desarrollo de ecosistemas de datos con un enfoque amplio del marco de indicadores mundiales.
Estos avances, acompañados de un entusiasmo, compromiso y respaldo político sin precedentes respecto de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, son motivo de gran optimismo entre quienes abogamos por el cambio estructural en el modelo de desarrollo de nuestras naciones.
Sin embargo, la economía mundial no se ha recuperado totalmente de la crisis financiera de 2008 y el crecimiento tanto del comercio como del PIB sigue estancado en niveles mucho más bajos que los registrados en los últimos decenios. A pesar de los progresos, la desigualdad va en aumento y el incremento de las corrientes de refugiados e inmigrantes en los últimos dos años ha creado tensiones en los países de destino.
En América Latina y el Caribe los países se enfrentan a exigencias cada vez mayores y cuentan con presupuestos cada vez más estrictos. A pesar de los esfuerzos de las administraciones tributarias de la región, la evasión fiscal sigue siendo endémica y las corrientes ilícitas siguen erosionando la base tributaria.
Asimismo, las corrientes privadas se han convertido en la principal fuente de financiación para los países en desarrollo de América Latina y el Caribe (52% de la IED en el último decenio), así como las remesas (que representan el 24% del total de las corrientes financieras privadas netas en la región, más del 10% del PIB en algunas economías de Centroamérica y el Caribe), al tiempo que han disminuido las formas más tradicionales como la asistencia oficial para el desarrollo (AOD).
En este contexto, el camino hacia la consecución de la Agenda 2030 y sus ODS parece lleno de obstáculos. Pero tiempos diferentes requieren estrategias diferentes y, si hemos de alcanzar nuestra visión común para 2030, deberemos seguir trabajando juntos para hacer frente a los desafíos globales.
