En realidad, el modelo no era tan novedoso como sus teóricos pretendían. La estrategia para implantar en Venezuela el socS21 se urdió en La Habana, cuyo gobierno auspiciaba desde finales del siglo pasado la carrera política de Chávez, y era una adaptación a la nueva circunstancia del método que Fidel Castro y sus secuaces habían aplicado en Cuba en 1959. En enero de ese año, pocos días después del triunfo de la insurrección antibatistiana, Castro instaló un gobierno formado por liberales y socialdemócratas de probada solvencia democrática: el juez Manuel Urrutia, el abogado Miró Cardona, el catedrático Roberto Agramonte, el economista Rufo López Fresquet, la activista social Elena Mederos y el ingeniero Manuel Ray, entre otros. Pero el Consejo de Ministros deliberaba sobre temas intrascendentes y el presidente carecía de poder para tomar decisiones de fondo. Como explica Tad Szulc en su biografía Fidel: A Critical Portrait, las leyes populistas que allanarían el camino al totalitarismo las redactaba secretamente en las afueras de la capital un equipo de dirigentes del Partido Socialista Popular (comunista), en colaboración con un reducido grupo de jefes del Movimiento 26 de Julio. Luego Castro las presentaba al Consejo de Ministros, no para que las discutieran o modificaran, sino para que estamparan sus firmas al pie del documento. Así se aprobaron la reforma agraria, la reforma urbana y un abanico de leyes y decretos confiscatorios que contribuyeron a la ruina del país y facilitaron la perpetuación de la dictadura marxista-leninista.
Pero Castro gozó de algunas ventajas que el chavismo no ha tenido, al menos hasta ahora. A la semana de alcanzar el poder ya habían desaparecido en la isla el ejército de la República, el Parlamento y los partidos políticos, y en el vacío jurídico creado por el cambio se instauraron a toda prisa los tribunales revolucionarios, que permitieron fusilar o encarcelar con visos de legalidad a todo el que estorbara. Lo demás fue un sangriento paseo de Carnaval al ritmo de “paredón” y “pin pon fuera, abajo la gusanera”.
Confrontado al fracaso del socS21 y a la insurrección popular contra el régimen, Maduro tratará ahora de reproducir en Venezuela el modelo que permitió en Cuba la entronización sine die del comunismo puro y duro: miles de fusilamientos, decenas de miles de presos políticos y más de un millón de exiliados. La fórmula original funcionó muy bien en la isla, hasta el punto de que hoy, 60 años después, la misma familia sigue entronizada en el poder y el horizonte de los cubanos permanece tan sombrío como en el decenio de 1960. En cambio, el éxito de la copia tragicómica no está garantizado. Nada permite asegurar que en esta época Maduro y sus asesores cubanos puedan cometer con la impunidad suficiente el volumen de crímenes que una estrategia así exigiría.
Además, la torpeza con la que Maduro ha desempeñado sus funciones desde que llegó a la presidencia y el carácter masivo y resuelto de la insurrección civil lo han colocado en una situación muy precaria. Responsable directo de más de 100 muertes, repudiado por la comunidad internacional y puesto en solfa por un sector crítico del propio chavismo, no es descabellado pensar que los jerarcas de La Habana podrían darlo por amortizado e intentar sacrificarlo en aras de un acuerdo con la oposición para salvar los muebles. El inefable guagüero aspirante a dictador vendría a ser así el buey expiatorio de un experimento –el socS21 con recursos menguantes- que no pudo sobrevivir a la muerte de su creador y a la caída de los precios del petróleo en el mercado mundial.
El autor es vicepresidente de la Internacional Liberal.
