Lo cierto es que, hasta la fecha, nadie sabe de qué manera se gastaron los 5.5 millones de dólares que donó Taiwan para el frustrado museo infantil. La Fundación del Niño y de la Niña, que llevó adelante las obras y administró el dinero, pasó a mejor vida y los comprobantes de los gastos se esfumaron con ella.
Mientras Weeden intenta conseguir a Ruby Moscoso, el procurador José Antonio Sossa ahora intenta presentarse como un funcionario activo. La gerencia del Banco Nacional de Panamá dejó sobre su escritorio una querella penal para que investigue bajo qué condiciones se financió el proyecto de Prados del Este. La demanda, de 12 páginas, pretende demostrar, al menos, ocho violaciones a la ley y al manual interno del banco. Sossa comenzó las pesquisas.
Tanto la Contraloría como la Procuraduría General de la Nación, conscientes de los nuevos vientos políticos, parecieran marchar al ritmo que les marca la agenda impuesta por el gobierno de Martín Torrijos.
El nuevo presidente se muestra dispuesto a cumplir sus promesas de campaña, por lo menos en cuanto al tema de la transparencia. Por eso, utilizando la política del espejo retrovisor, empuja a sus hombres a que metan el dedo en las llagas del pasado que suponen infectadas.
A pesar de esta intensa búsqueda, limpiar la imagen que los panameños tienen de los funcionarios es un esfuerzo descomunal que seguramente excede los esfuerzos del Presidente.
Gran parte de las fortunas privadas que crecen en Panamá parecen haber nacido –y también engordado– luego de su asociación con el Estado. El Estado, por su parte, siempre es utilizado para hacer negocios por los amigos del poder y éste actúa con los ojos vendados. Funciona como el "hermano bobo" de ágiles empresarios y hambrientas corporaciones.
El Museo del Tucán y el proyecto de viviendas de Prados del Este son dos de las obras que se presentan como paradigmas de este sistema de vaciamiento, efectuadas bajo la excusa de la "tercerización de servicios" o "privatizaciones periféricas del Estado".
Es decir, los funcionarios delegan en sus familiares o amigos la realización de proyectos que se financian con dineros públicos y éstos gozan de todas las facilidades en su favor.
En el caso puntual de Ruby Moscoso, Taiwan le donó a Panamá seis millones de dólares para que construyera el Museo del Tucán. Pero la gestión de ese dinero fue cedida a una fundación privada presidida por la ex primera dama, que ahora vive "desconectada" en el campo. Ella le confió la marcha de la obra a Luis Fasano, esposo de su sobrina Ivonne Young, ex ministra de la Presidencia y estrecha colaboradora de la ex presidenta Mireya Moscoso.
Fasano contrató a antiguos socios y amigos para llevar adelante las obras y éstos, a su vez, en contraprestación, le compraron vidrios y ventanas para el edificio al propio Fasano. Eran todos conocidos. Antes, ya habían participado de la construcción del hospital de Aguadulce, edificio que entregaron con un piso menos del que preveía el plano original. Es decir, se hizo un "agujero" en el presupuesto.
"Hay que tener empresas dormidas y activarlas para poder seguir trabajando con el Estado. Pero la clave son las relaciones con el poder", se sincera uno de los participantes de este negocio, que prefiere no ser mencionado por su nombre.
Hoy, el museo es un edificio fantasma, al que le están buscando algún uso: aunque la obra se terminó, las exhibiciones permanentes jamás se realizaron. El dinero también se evaporó.
El caso de Prados del Este no es muy diferente. El Banco Nacional decidió financiar a PRONAVI, una empresa creada para la ocasión. Invirtió 12 millones de dólares, en teoría, para construir viviendas económicas para combatir el creciente déficit habitacional.
PRONAVI no tenía experiencia en la materia ni capital que lo avalara. No estaba en condiciones de recibir semejante respaldo financiero. "Este crédito jamás debió haberse otorgado", dijo hace semanas atrás el actual gerente del banco, Juan Ricardo De Dianous.
Sin embargo, los socios de PRONAVI tenían lazos profundos con el arnulfismo, el partido en el poder. Uno de ellos, Freddy Lanza, es familiar del entonces gerente general del banco, Bolívar Pariente.
El banco también aceptó que CIASA –la empresa encargada de fiscalizar las obras– fuera accionista de PRONAVI y que, además, para llevar adelante los controles, empleara a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. Es decir, entre funcionarios y ágiles empresarios, se aprovecharon del "hermano bobo", que anda por la vida con los ojos vendados.
Además, antes de la compra, la finca donde se construyó la obra fue saltando de mano en mano como una braza caliente hasta que, finalmente, terminó quemando al Banco Nacional.
El 18 de septiembre del 2001, el empresario arrocero Enrique Ferrabone le vendió las tierras a Jorge Araúz por 135 mil dólares, que a los tres meses se la cedió a PRONAVI por 2.6 millones: una buena diferencia. A su vez, Enrique Ferrabone es primo de Galileo Ferrabone, jefe de operaciones del Banco Nacional, funcionario muy cercano a Bolívar Pariente y, además, miembro del Comité de Crédito del banco, que le dio luz verde al cuantioso crédito a favor de PRONAVI.
Pero ahora, el círculo vuelve a cerrarse. Jorge Araúz –otro empresario arrocero de la provincia de Coclé– fue elevado a la junta directiva del Banco Nacional hace pocas semanas, impulsado por el presidente Torrijos. Así fue como un terreno bien ubicado, pero no apto para la construcción, se convirtió en un pésimo negocio para el Estado.
Hasta el momento, el Banco Nacional de Panamá lleva invertidos 12 millones de dólares, pero las obras no continuarán, la barriada colapsó y como el crédito se otorgó casi sin garantías, el Banco Nacional solo podrá recuperar el terreno.
Ahora, la justicia deberá definir si los socios de PRONAVI deberán responder con sus bienes. Es decir, luego del negocio, los empresarios desaparecieron con velocidad y las pérdidas cayeron sobre el Estado.
A fin de cuentas, el asunto debe pagarlo "el hermano bobo", que financian todos los panameños, día a día, con sus impuestos.
