En 2018 –la cifra más reciente disponible- el aborto fue la cuarta causa de mortalidad materna en Panamá, por tanto, para los especialistas no hay duda que se trata de un problema de salud pública.
Estadísticas de la Contraloría General de la República indican que en ese año 35 mujeres murieron por complicaciones durante el embarazo, tres de las cuales tenían entre 15 y 19 años. Asimismo, del total, cinco muertes fueron a causa de abortos.
Las cifras oficiales, empero, podrían no mostrar el panorama completo, como consecuencia de que no se pueden contabilizar los abortos clandestinos –y por ende no seguros– en Panamá. A pesar de ello, las estadísticas que existen —los hospitales tienen la obligación de reportar en un formulario el número de abortos atendidos, independientemente de la edad gestacional— indican que en el país se registraron 8 mil 543 abortos (o defunciones fetales por debajo de las 20 semanas) en 2018, y estos incluyen a niñas y adolescentes.
Estos formularios son los que proveen los datos que registra la Contraloría y se trata sólo del dato de atención médica, sin distingo entre ilegal o no, cuya definición o esclarecimiento depende de la investigación del Ministerio Público y de si hubo denuncia o no. Contrastada esa cifra con el número de embarazos que se registra –unos 72 mil 800 en promedio por año– el problema se hace mayor, y se dimensiona un poco más cuando se precisa que entre el 17% y 18% de esas madres gestantes eran niñas y adolescentes.
"Más de 800 profesionales, entre médicos especialistas y generales han sido capacitados en el marco legal del acceso al aborto seguro".
Ruth De Léon
Si al leer estos números su reacción inmediata es juzgar a la menor de edad, podría estar dejando de lado algunos aspectos relevantes del problema: Los embarazos en niñas de 10 a 14 años son considerados abuso sexual y, por tanto, perseguidos como delito.
Además, una menor de edad no es sujeto de responsabilidad legal, es decir, sus padres o tutores y en última instancia, el Estado, están obligados a garantizar su protección, y eso incluye darles educación sexual y reproductiva para que tomen decisiones informadas, darles acceso a métodos de planificación familiar si no practican la abstinencia y, en última instancia, asegurarse de que cumpliendo las causales que establece la ley puedan tener acceso a una interrupción del embarazo en una instalación hospitalaria adecuada y con personal capacitado, es decir, un aborto seguro.
Entre 2007 y 2018 se registraron 474 muertes maternas; y en el mismo período, 108 mil 138 abortos, de los cuales 679 fueron de niñas de menos de 15 años y 15 mil 237 de adolescentes de 15 a 19.
Fuente: Contraloría General de la República
La compleja situación que rodea este tema y la realidad que plasman las cifras –169 mil 401 nacimientos vivos de mujeres entre 10 y 19 años entre 2007 y 2018, de los cuales 6 mil 993 fueron de niñas de 10 a 14 y 108 mil 138 abortos en igual período– llevó a la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología (SPOG) a poner en marcha, en 2019, el Safe Abortion Advocacy Project (SAAP), una iniciativa comunicacional y educativa dirigida a médicos de diversas especialidades, enfermeras y representantes de asociaciones y gremios, que busca dar a conocer los riesgos del aborto inseguro para la vida de la mujer, así como las causales que permitirían el acceso a los servicios legales de aborto en Panamá y en consecuencia, al aborto seguro. El proyecto concluirá en 2022.
Como parte de este trabajo, la SPOG ha identificado los problemas externos –el de esa niña, adolescente, mujer en su situación particular, hasta llegar al sistema de salud– y las barreras internas, dentro del sistema de salud, como el tema de la “objeción de conciencia”, opción que la ley le otorga al médico de no efectuar el procedimiento y que, en ocasiones, de acuerdo con el doctor Roberto Epifanio, expresidente de la SPOG, podría poner en riesgo la vida de la mujer.
Ruth De León, expresidente de la SPOG, jefa del Departamento de Investigaciones de Salud Sexual y Reproductiva del Gorgas y focal point del proyecto SAAP-SPOG informó que en lo que va de ejecución más de 800 profesionales, entre médicos especialistas y generales han sido capacitados en el marco legal del acceso al aborto seguro y clarificación de valores, aspectos clínicos causales de aborto, entre otros temas, buscando con ello reducir obstáculos como el estigma a la mujer en situación de aborto, el temor a la comisión de un delito por parte del profesional, así como a impulsar un mejor manejo integral.
¿Por qué se debe educar sobre aborto seguro?
Natasha Pacheco, del Grupo Jóvenes con opciones y miembro joven de la junta directiva de la Asociación Panameña para la Planificación de la Familia (Aplafa), expuso la visión de la juventud durante el panel Acceso al aborto legal y seguro en Panamá.
“Lo primero que vemos es que no hay forma de conocer sobre él porque no hay educación sexual integral, y nos pasa mucho que cuando se habla en las escuelas o cuando los padres tratan de hablarles [a los jóvenes] de cómo cuidarse, el aborto es algo de lo que no se habla. Tampoco se habla de cómo prevenir. Entonces, existe un miedo en la juventud, tanto por el embarazo como del aborto, y de la muerte, porque eso es lo que se relaciona con el aborto, porque es clandestino”.
Pacheco, estudiante de Sociología, llamó la atención sobre los mitos y tabúes que existen al hablar de sexualidad, embarazo y aborto a los jóvenes y cómo, si las chicas no tienen la confianza de hablar con sus padres o si están inmersas en una relación de poder de la que no pueden escapar, podrían verse empujadas hacia la práctica de un aborto clandestino. También destacó que la falta de acceso a información científica y confiable presenta una brecha mayor cuando esos jóvenes no viven en la ciudad, sino en el interior del país.
También hay importantes razones de salud para hablar del tema. De acuerdo con la doctora De León, se estima que el aborto no seguro provoca la muerte de unas 22 mil 800 mujeres por año (el 8%), la mayoría de estas en países en desarrollo. “Restringir el acceso al aborto seguro aumenta la mortalidad materna. Las regiones con acceso menos restringido registran menos muertes y complicaciones a causa del aborto no seguro”, acotó.
En el plano local, el doctor Raúl Bravo, miembro del Comité Directivo SAAP, excoordinador del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud y presidente de la Federación Centroamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, precisó que “en 2018, para la razón de mortalidad materna que se produjo en el país [45.5%], el aborto estuvo en la cuarta causa, muy cerca de la primera, la hipertensión. Estas son cifras que son recabadas en el país, son cifras actualizadas que sí están segregadas”, dijo.
Y remarcó: Solo en el grupo de mortalidad materna en el país los adolescentes contribuyen con un 10% al 20% de los casos que se producen. Bravo explicó que las complicaciones que llevan a una mortalidad materna son altas en el grupo de adolescentes y que el solo hecho de estar embarazada abona también a los abortos en este grupo.
Bravo destacó que se habla de embarazos en adolescentes (10 a 14 y hasta 19 años) porque la edad es muy importante: la persona no está preparada para la gestación, y hay más riesgos desde el inicio del embarazo, complicaciones a la hora del parto, abortos espontáneos. “El número que tenemos en Panamá es altísimo: alrededor de 8,000 por año y, de esos, en adolescentes y niñas también es alta”.
"Solo en el grupo de mortalidad materna en el país los adolescentes contribuyen con un 10% al 20% de los casos que se producen".
Raúl Bravo
La norma y lo técnico
En Panamá consentir o provocar un aborto se considera delito y conlleva sanciones que van de uno a diez años, dependiendo de las condiciones en que se produzca. Sin embargo, el Código Penal establece dos excepciones: “1. Si el aborto es realizado, con el consentimiento de la mujer, para provocar la destrucción del producto de la concepción ocurrida como consecuencia de violación carnal, debidamente acreditada en instrucción sumarial. 2. Si el aborto es realizado, con el consentimiento de la mujer, por graves causas de salud que pongan en peligro la vida de la madre o del producto de la concepción” (Artículo 144).
En el primer caso debe notificarse a la autoridad y el aborto tiene que practicarse dentro de los dos primeros meses, y en el segundo, una comisión multidisciplinaria debe evaluar las causas y aprobar el aborto.
El doctor Bravo mencionó que la Ley 18 de 1982 introdujo por primera vez las causales que bajo excepción despenalizan el aborto en Panamá y condujo a la creación de la Comisión Nacional Multidisciplinaria de Aborto Terapéutico, cuya función es revisar el caso de interrupción solicitado por el médico tratante.
En esta comisión, de acuerdo con la norma, participan funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa), del Hospital Santo Tomás, del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y del Hospital del Niño, incluida la Dirección de Asesoría Legal del Minsa.
“Al inicio, entre las causas de interrupción estaban algunas enfermedades hoy vacunables, como la rubéola. Con el paso de los años, a medida que se podían realizar ultrasonidos más temprano y se podían detectar anomalías más tempranamente, se incrementó el número de casos atendidos. Hoy solo contempla malformaciones congénitas”, explicó Bravo.
En los primeros años, indicó, dada la baja detección, se atendían quizá unos 15 casos al año. En los últimos años, las cifras oscilan entre 35 y 45 casos anuales.
¿Qué obstáculos afronta la Comisión multidisciplinaria para el aborto terapéutico? Por el poco avance del tema en el país no han variado desde su conformación y el doctor Bravo los enumera: desconocimiento por parte de los profesionales y la población en general; la población que no conoce sus derechos y, por ende, no los solicita; el personal que, aunque lo conoce, no refiere a los pacientes a tiempo, ya que después de las 22 semanas quedan fuera del tiempo sobre en el que la comisión puede tomar una decisión.
"Una mujer o niña debe saber que tiene derecho a que se le practique un aborto seguro y que el mismo se realice mediante trámites amigables".
Rossana Uribe
Durante el panel organizado recientemente por la SPOG, el doctor Bravo reconoció que un obstáculo muy grande para el acceso de las mujeres para los abortos que se pueden realizar conforme a las excepciones que establece la ley es el tiempo de ocho semanas que se da para los casos en que se produce una violación. “Con toda esa burocracia que se presenta, en donde una niña o una mujer que ha sido abusada no conoce los pasos o son tan complicados, y el tiempo es tan corto, ese es un obstáculo para un aborto legal y seguro”, dijo.
Actores en el tema
Rossana Uribe, presidenta de la junta directiva de Aplafa, aseguró que Panamá aún está en deuda con las mujeres para un aborto seguro. “Siempre respetando las causales estipuladas por el Estado, el aborto legal puede y debe ser mas sencillo y seguro”, apuntó Uribe, quien aspira a que el Estado apruebe el uso de medicamentos (como el Misoprostol y la Mifepristona) para que las terminaciones de embarazos sean “menos traumáticas y más seguras y ampliar la ventana legal a fin de poder detectar la anomalías del feto, condiciones de salud de la madre y sobre todo, dar el tiempo a quienes hayan sido objeto de violación”.
Además, Uribe considera necesario propiciar, mediante campañas, el conocimiento de este tema y que, si es el caso, “una mujer o niña sepa que tiene derecho a que se le practique un aborto seguro y que el mismo se realice mediante trámites amigables y expeditos por parte de las autoridades competentes”.
Valentina Hernández, psicóloga y presidenta de la Fundación Casa Matria, que defiende los derechos sexuales y reproductivos y trabaja en temas de violencia contra la mujer, al referirse a los obstáculos para acceder a un aborto seguro dijo que es muy difícil que la mayoría de las mujeres denuncien cuando son objeto de violencia sexual, en ocasiones, por la misma naturaleza del abuso y otras veces porque, cuando se arman de valor son revictimizadas por el sistema judicial. “La forma en que se hacen las preguntas, como si fueran sospechosas de haber cometido un delito”.
Además, indicó, cuando llegan a las salas de urgencias de las instituciones públicas “muchas veces no se les da la primera atención, aparte de que hay un problema serio de confidencialidad porque personal de salud sale a dar condolencias a la víctima o hasta hacen chistes ‘cómo te dejaste, tan fuerte y grande’”, narró.
Hernández señaló que desde que hay criminalización hay una barrera porque la persona que fue violada necesita ser la “víctima perfecta”.
En esta misma línea, Uribe −quien representa a una organización con 54 años de lucha por los derechos sexuales y reproductivos− manifestó que un porcentaje muy alto de los casos de violencia sexual quedan en silencio por factores como: miedo al agresor, vergüenza, sumisión, falta de confianza en las autoridades, estigma y falta de educación sexual. Esta última, advirtió, le impide a la víctima conocer cuándo fue víctima de violencia y qué puede suceder o sucede con su cuerpo, en este caso, pensar en un posible embarazo como consecuencia.
