Entre 2019 y 2024, el Ministerio Público logró la condena de 452 personas en casos relacionados con el blanqueo de capitales y delitos contra la administración pública, informó el procurador general de la Nación, Javier Caraballo.
De este total, 217 corresponden a lavado de dinero, mientras que 235 se vinculan a delitos administrativos. Dentro de las condenas por blanqueo de capitales, se determinó que en 217 casos el delito precedente estaba relacionado con drogas y en 35 con delitos financieros.
En cuanto al impacto económico, durante el mismo período se recuperaron $50.1 millones en procesos vinculados a estos delitos.
Además, detalló que, en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), el 78% de las condenas se logró mediante acuerdos de pena, mientras que en el sistema mixto inquisitivo, la mayoría de las sentencias se obtuvo en la fase de juicio.
Estas cifras fueron presentadas durante el segundo Congreso Internacional Anticorrupción, auspiciado por la Embajada de Estados Unidos en Panamá. En este contexto, Caraballo también señaló que, de las 463 personas procesadas por delitos contra la administración pública, 304 recibieron sentencias condenatorias (67%), mientras que 149 fueron absueltas (33%).
Los datos compartidos forman parte de una nueva base de datos del Ministerio Público, que incluye los fallos en firme relacionados con blanqueo de capitales y delitos contra la administración pública.
#Congreso | El Procurador Caraballo, presenta la plataforma interactiva de datos estadísticos para acceder a fallos en delitos de blanqueo de capitales y contra la administración pública. "Es una herramienta que sirve a ciudadanos y operadores de la administración de justicia". pic.twitter.com/uHjWnl5Mse
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) November 20, 2024
Caraballo propuso aumentar las penas para los delitos de corrupción, argumentando que, en muchos casos, los implicados no son sancionados debido a la prescripción de los procesos judiciales, que suelen extenderse por varios años y superar la duración de la pena establecida. Destacó que la prescripción impone una gran presión sobre los fiscales, quienes deben concluir las investigaciones de manera rápida, sin comprometer el derecho a la defensa ni las garantías fundamentales de los acusados.
Por su parte, el fiscal federal de Argentina, Diego Luciani, señaló que investigar casos de blanqueo de capitales y corrupción genera una presión significativa para quienes asumen estas tareas. Luciani, quien lideró la investigación que resultó en la condena de la expresidenta argentina Cristina Kirchner, compartió que enfrentó fuertes presiones políticas y mediáticas destinadas a obstaculizar su labor. Afirmó que perseguir estos delitos expone a los funcionarios encargados a constantes amenazas.
El juez de Filadelfia, Estados Unidos, Giovanni Cambell, también denunció la existencia de corrupción interna entre funcionarios judiciales e investigadores, que puede causar un daño profundo a la comunidad. Cambell, originario de Panamá, relató que en su jurisdicción tuvo que manejar un caso donde un investigador policial falsificaba pruebas y coaccionaba testigos, lo que llevó a la revisión de al menos 50 casos de homicidio en los que dicho investigador estuvo involucrado.
José Domingo Pérez, miembro del equipo de fiscales que investigó el caso Lava Jato en Perú, mencionó que enfrentar a figuras poderosas lo expuso incluso a ser objeto de acusaciones judiciales en represalia por su labor. El caso concluyó con la condena del expresidente peruano Alejandro Toledo, entre otros.
