La Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitó la conformación de una "comisión independiente" que investigue la actuación del Consejo de Seguridad Nacional (CSJ) y la contratación de abogados particulares, para preparar denuncias y querellas que se presentaron al Ministerio Público, sobre supuestos actos de corrupción.
"Estos señalamientos que se han divulgado en la última semana son muy fuertes, pero no se ha presentado suficiente información sustentada que nos diga que [estas actuaciones] se hicieron con el conocimiento de los fiscales anticorrupción, influyeron en las investigaciones o en las decisiones de los jueces, o que los mismos fueron presionados para la toma de sus decisiones", señala la Alianza en una nota de prensa divulgada este martes 9 de octubre.
El organismo considera que es "entendible" que las instituciones del Estado necesiten asesoramiento en la preparación de las denuncias que se presentan a las autoridades correspondientes y que el CSN, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras entidades tienen que "colaborar" con ese esfuerzo. "Por ello que la información sobre la contratación de abogados particulares por parte de las instituciones del Estado, y la participación de otras instancias de seguridad del Estado en la fase previa al inicio de las investigaciones penales no es cuestionable, desde nuestro punto de vista", indica.
No obstante, criticó que el Ministerio de la Presidencia contratara para estos menesteres a una firma vinculada al mandatario Juan Carlos Varela como asesora de las instituciones del Estado en la preparación de las denuncias y querellas que se presentaron ante el Ministerio Público, "que aunque no era ilegal, sí podía aumentar la percepción de selectividad de la justicia".
En las publicaciones del diario La Estrella de Panamá se identifica a Rogelio Saltarín como el abogado que supuestamente “armó” los expedientes de la Procuraduría General de la Nación sobre los casos de alto perfil.
La organización cuestionó -como se menciona en las publicaciones de La Estrella- la presencia de testigos protegidos que, según fuentes anónimas, "fueron preparados por el Consejo de Seguridad". La Alianza indica que, "según la información que conocemos, a través del seguimiento que damos a los medios de comunicación, desde el año 2015 no se ha utilizado la figura de los testigos protegidos y solo hubo testigos protegidos en el caso granos y en el caso bolsas de comida, antes de la llegada de la actual procuradora, pero que al final no fueron piezas importantes en las investigaciones". En ese sentido, agrega que el 90% de las investigaciones de los casos de alto perfil fueron iniciadas de oficio.
Igualmente "preocupante" es la presunta existencia de un grupo de abogados denominados "la taquilla" que, según aquel diario, "se dedicó a negociar penas a cambio de cooperación con la justicia".
La Alianza recordó que se opuso a la designación de Kenia Porcell, "una exfuncionaria del Consejo de Seguridad Nacional", como procuradora general de la Nación. "La Alianza fue una de las pocas voces que cuestionó este nombramiento", remarcó.
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