Autoridades del Ministerio de Ambiente decretaron la prescripción de 16 concesiones otorgadas a empresas para el uso de agua para la operación de hidroeléctricas en las provincias de Chiriquí y Veraguas.
Félix Wing, secretario general de la institución, explicó que la decisión se da después de una inspección al estado jurídico y técnico de las hidroeléctricas, y de no haber tenido actividad en dos años.
Wing detalló que la acción de la entidad ambiental se ejecutó a la luz del Decreto Ley No. 35 de 1966, que regula el uso de las aguas.
El funcionario especificó que solo en la provincia de Chiriquí se ordenó la prescripción de 6 concesiones, y en Veraguas 5, cuyas compañías ya fueron notificadas.
Además, expresó que mantienen un proceso de análisis de otras concesiones con similar situación de inoperatividad.
AMBIENTALISTAS PIDEN SUSPENDER CONCESIONES
La decisión del Ministerio de Ambiente de ordenar la prescripción de 16 concesiones de agua para hidroeléctricas fue calificada por activistas ambientales como “un paso” frente al elevado número de proyectos de este tipo que ha sido aprobado en el país.
Damaris Sánchez, coordinadora de proyectos de la Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá, indicó que en principio es una buena medida para las cuencas y ríos del país, ya que una buena parte de estos es afectado por las hidroeléctricas.
Sin embargo, Sánchez consideró que ahora se debe ir más allá y no dar más concesiones en los ríos.
Por su parte, Laura Pedreschi, vocera del movimiento de residentes de Volcán y Caisán, en Chiriquí, subrayó que esta decisión debió tomarse hace meses por parte del Gobierno.
“Desde hace más de 10 meses nosotros estamos luchando contra un proyecto que afectará el acceso al agua y la seguridad alimentaria en nuestra comunidad”, agregó.
El Ministerio de Ambiente intentó hace poco suspender nuevos permisos para concesiones hídricas en Chiriquí a través de una resolución, pero empresarios vinculados a la actividad lograron dejar sin efecto la medida, tras presentar un recurso legal en la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, la ministra de Ambiente, Mirei Endara, dijo ayer a este diario que no tramitarán ninguna nueva concesión de agua hasta tener los balances hídricos de las cuencas más impactadas por las hidroeléctricas.
En este contexto, el presidente de la Asociación Panameña de Productores de Energía Renovable, Eduardo Vallarino, se mostró sorprendido por la prescripción de las concesiones.
Según Vallarino, como empresarios del sector de energías renovables les corresponderá ahora “evaluar” la situación. “Definitivamente esto nos preocupa”, admitió.
Reportes de la Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos (Asep), correspondientes hasta agosto pasado, precisan que en el país hay 111 concesiones hidroeléctricas en trámite, operación, diseño o construcción, de las cuales 73 (65%) están en cuencas y ríos de Chiriquí. Le siguen Veraguas y Coclé, con 22 y 8 proyectos, respectivamente.
LA MEDIDA
La decisión fue adoptada tras una inspección efectuada en las hidroeléctricas para definir su estatus jurídico y técnico. Tras la diligencia, el ministerio decretó la prescripción de 16 concesiones otorgadas a diferentes empresas para el uso de agua en hidroeléctricas ubicadas en Chiriquí y Veraguas.
La decisión fue notificada por el Ministerio de Ambiente durante una reunión efectuada ayer con miembros de la Coordinadora en contra de las Hidroeléctricas en Bugaba.
Tras el anuncio, integrantes de la coordinadora pidieron un receso en la reunión y luego volvieron con cintas en la boca, como símbolo de que no los van a callar y, más bien, seguirán luchando para que el Gobierno no otorgue más concesiones.
El presidente de la organización, Leopoldo Caballero, explicó que decidieron seguir en la reunión de ayer con los funcionarios del Ministerio de Ambiente, a fin de escuchar la decisión que se había adoptado.
Sin embargo, aclaró que insistirán en su intención de que no se otorguen nuevas concesiones en los ríos de la región, para lo cual es necesario llegar a un acuerdo concreto sobre la regulación de este tipo de licencias.
Confirmó que aceptaron una solicitud del presidente de la República, Juan Carlos Varela, para reunirse el 26 de este mes y que ahí le plantearán sus inquietudes y la molestia que tienen por la lentitud con la que el Gobierno ha asumido el tema de las hidroeléctricas en Bugaba.En
ese escenario, informó que le solicitarán al mandatario la suspensión del proyecto hidroeléctrico de La Cuchilla en Cuesta de Piedra, también ubicado en la provincia de Chiriquí.
EMPRESAS AFECTADAS
Las prescripción anunciada ayer alcanza a los proyectos hidroeléctricos Saína Internacional, S.A., en Bugaba; proyecto hidroeléctrico Barriles, ubicado en el corregimiento de Volcán, Chiriquí; proyecto hidroeléctrico Cotito, en Chiriquí-Bugaba-Volcán; proyecto hidroeléctrico Cuesta de Piedra, en Chiriquí-Bugaba y Boquerón-El Bongo y Paraíso.
Asimismo, el proyecto hidroeléctrico Remigio Rojas, en Chiriquí-Alanje; y el proyecto hidroeléctrico La Palma, en Veraguas.
El secretario general del Ministerio de Ambiente, Félix Wing, afirmó que esa entidad ha trabajado con la coordinadora por más de tres meses, lapso en el que han analizando los proyectos desde el punto de vista jurídico y técnico.
Al percatarse de que hay empresas que en dos años o más no han hecho uso de la concesión de agua, el ministerio decretó la prescripción, basándose en el Decreto Ley No. 35 de 1966, que regula la utilización de las aguas.
Ahora, se espera que las empresas respondan frente a la medida.
“Las hidroeléctricas a las que se les aplicó la prescripción están ubicadas en diferentes cuencas del país, incluyendo las cuencas afectadas por la suspensión emitida por esta entidad y que fue objetada por la Corte Suprema de Justicia”, afirmó.
La prescripción es una medida que aplica Ambiente a aquellos usuarios con una concesión de uso de agua que no haya sido utilizada por dos años o más.
Caso de los Martinelli afecta imagen del país
Al referirse a la investigación que sigue el Ministerio Público por el supuesto uso de recursos del Estado para favorecer proyectos hidroeléctricos ligados al expresidente Ricardo Martinelli y a sus dos hijos –Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares–, el secretario nacional de Energía, Víctor Urrutia, opinó que ese tipo de escándalos afecta al sector eléctrico y deteriora la imagen internacional del país.
Calculó que cada año se necesitan añadir unos 100 megavatios al sistema para atender el crecimiento de la demanda, y se requiere un clima de estabilidad y transparencia en el sector para atraer las inversiones.
El vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Araúz, señaló que los proyectos deben ser suspendidos
