El Juzgado Decimotercero Penal fijó para mañana, jueves 26 de mayo, la audiencia preliminar contra el comerciante Mayer Mizrachi, Eduardo Jaén, el exadministrador de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental (AIG) Eduardo Jaén, y los exfuncionarios de la AIG Eduardo Briceño, Adonay Ortega y Edgar Rodríguez.
La Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling, los acusa de la presunta comisión del delito de peculado por posibles anomalías en un contrato para instalar la plataforma Criptext en dispositivos de personal de los estamentos de seguridad, y por la que se pagó $211 mil 850.
Mizrachi, dueño de la empresa Innovative Venture, que le vendió la tecnología a la AIG, está detenido en Colombia desde el 29 de diciembre pasado a raíz de una alerta roja de Interpol, luego de que el Ministerio Público (MP) alegara que el comerciante desatendió al proceso. Por eso, mediante la providencia de detención 199 del 24 de septiembre de 2015, ordenó su detención.
Una vez capturado en Colombia, la jueza decimotercera Alina Hubiedo pidió a la canciller Isabel Saint Malo de Alvarado que solicitara su extradición (30 de diciembre de 2015), trámite que según la Cancillería se inició de inmediato. Ayer, consultados sobre el tema, fuentes de la Cancillería dijeron que desde diciembre del año pasado se mantienen en comunicación con las autoridades colombianas, “en espera de una respuesta sobre la extradición” de Mizrachi.
La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en su Guía práctica sobre la extradición, establece que una vez reciben la solicitud formal del Estado requiriente, en este caso Panamá, cursan la misma al Ministerio de Justicia, entidad que revisa la documentación aportada y luego la remite a la Corte Suprema de Justicia de ese país para el correspondiente concepto.
EL ARGUMENTO
Entre los argumentos que esgrimió la fiscal para pedir el juicio de Mizrachi y de los exfuncionarios de la AIG se destaca que Jaén dio la orden de proceder para el pago del contrato “sin siquiera haber instalado las licencias”.
Sterling también advierte que la herramienta fue dispuesta en dispositivos “privados” de funcionarios de la AIG y de Mizrachi.
La funcionaria del MP recalca que la supuesta participación en el delito se define como el de la persona que recibió el dinero “que lesionó patrimonialmente al Estado, sin haber concretado sus responsabilidades derivadas de la instalación de Criptext”.
“Una vez ingresa el dinero a la empresa Innovative Venture del total del contrato ejecutado [...] procede a sacarlo inmediatamente de la cuenta y empieza a distribuirlo”, agrega. En la vista fiscal no se consigna cómo se distribuyó ese dinero, pero una auditoría que elaboró sobre el particular la Contraloría General de la República, el 30 de noviembre de 2015, detalla que días después de que la AIG pagara $204 mil 920 a Innovative Venture, la empresa de Mizrachi, por el servicio prestado, esta compañía transfirió fondos a la cuenta de GFI Investment, S.A., (en el Capital Bank), una empresa vinculada a Jaén, exadministrador de la AIG.
El cheque en mención fue depositado en una cuenta de la compañía en el Banco Panamá y posteriormente el 26 de mayo de 2014 la empresa transfirió $60 mil a otra cuenta a su nombre en el Banco Aliado. Después, esta suma fue traspasada a Caribbean Holding Services, compañía de Aaron Ronny Mizrachi, padre de Mayer Mizrachi, empresa que ha estado vinculada a por lo menos tres escándalos de supuesta corrupción durante el pasado gobierno.La auditoría de la Contraloría también da cuenta de que otros $6 mil 900 se pagaron en concepto del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms).
En una entrevista que el comerciante dio recientemente a la revista Forbes, alegó que trabaja en la expansión de la plataforma y que la inspiración para esta expansión “vino de un contrato con el Gobierno de Panamá para proporcionar comunicaciones seguras”.
HALMAN RESPONDE
Una y otra vez, Mizrachi y su defensa han alegado que la plataforma sí se instaló. Recientemente, en su cuenta de Twiter publicó que el actual jefe de la AIG, Irvin Halman utilizó una licencia Criptext. Consultado sobre el particular, Halman expresó que en septiembre de 2014 se le presentó una invitación para la utilización de Criptext y que en la actual administración de la AIG no se ha usado dicha aplicación. Agregó que así consta en la auditoría que realizó la propia entidad y que fue presentada ante el MP.
Ayer en la tarde, lo reiteró en un comunicado que envió la entidad: “El actual administrador (...) no descargó la aplicación Criptext ni tampoco se registró como usuario de esta plataforma.
