Poco antes de concluir su jornada laboral el pasado miércoles, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Ayú Prado pidió que en el pleno, que se efectuaría este jueves, 8 de octubre de 2015, se discutiera si la investigación al expresidente Ricardo Martinelli por supuestas irregularidades en cuentas manejadas a través de la casa de valores Financial Pacific (FP) debía tramitarse por el sistema inquisitivo o bajo las reglas del sistema penal acusatorio.
Ayú Prado hizo la solicitud en una de dos notas que envió ese mismo día –el miércoles– al vicepresidente de la CSJ, Luis Ramón Fábrega, con copia a los demás miembros del pleno.
Lo hizo días después de que dirigentes de la sociedad civil, abogados y exmagistrados le pidieran públicamente que se declarara impedido de ser juez de garantías en la investigación a Martinelli.
En la primera nota, Ayú Prado instó a sus colegas a considerar si la investigación a Martinelli debe tramitarse bajo el Código Judicial de 1986 (sistema inquisitivo) o bajo el sistema penal acusatorio, que entró en vigencia el 2 de septiembre de 2011.
“Todo indica que el supuesto delito se desarrolló entre el 27 de octubre de 2009 al 28 de enero de 2010”, cuando se compraron y vendieron acciones de la minera Petaquilla a través de las cuentas en FP “Ricardo Martinelli” y “Distribuidora Comar, S.A.”.
Esta última interpretación fue el sustento que utilizó ayer el pleno de la CSJ para declarar impedido a Ayú Prado en su rol como juez de garantías.
SABÍA EL RIESGO
Desde el pasado 23 de septiembre, la CSJ admitió la investigación a Martinelli basada en un informe administrativo de la Superintendencia del Mercado de Valores, que advierte sobre presuntas irregularidades en la compra y venta de acciones de la minera Petaquilla a través de cuatro cuentas en FP, en las que supuestamente está vinculado el exmandatario. Ese día, el pleno designó a Hernán De León como fiscal y a Ayú Prado como juez de garantías.
Tras las críticas de la sociedad civil, Ayú Prado solicitó el pasado lunes a la Secretaría General de la CSJ que le prestara el expediente de la investigación a Martinelli para considerar si se declaraba impedido, pese a que aún faltaba la firma del magistrado Fábrega en la resolución que admitía el caso.
Fábrega firmó el pasado miércoles, informaron fuentes judiciales.
Dicho fallo no se ha hecho oficial ni ha sido notificado a los abogados de Martinelli, trámite que debía cumplirse como paso previo a que Ayú Prado anunciase el impedimento. A pesar de ello, Ayú Prado envió esa primera nota el pasado miércoles, dejando claro que no era ajeno al riesgo de que esa valoración fuese causal de impedimento.
“Se impone la lealtad procesal y el deber de advertir oportunamente la posible comisión de una nulidad que conlleve a la violación de la Constitución y la ley”, dijo.
En la segunda nota, enviada casi de manera simultánea –4:50 p.m. del miércoles 7 de octubre–, expresó: “no existen elementos de hecho ni de derecho para apartarme de ejercer como magistrado de garantías”, haciendo referencia al Código Procesal Penal y al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos. Agregó que no tiene relación directa o indirecta con Martinelli ni con las sociedades Distribuidora Comar, S.A. y High Spirit.
Mayte Pellegrini, exempleada de FP acusada de delitos financieros en otro proceso penal relacionado con la casa de valores, declaró que cuando Ayú Prado era procurador de la Nación, en 2012, redactó una declaración indagatoria en la que ella se retractó de acusaciones contra Martinelli por la cuenta High Spirit.
Sin mencionar su nombre, Ayú Prado señaló en esa segunda nota que lo dicho por Pellegrini fue desmentido por personas que estuvieron presentes el día en que ella se retractó. “Aparte de mi conciencia, estoy amparado por las pruebas que no han sido desvirtuadas”, precisó.A pesar de defender su posición, concluyó pidiendo que el pleno considerase si en base a la primera misiva –en la que sugería que Martinelli fuese investigado por el sistema inquisitivo– debía ser separado como juez de garantías. “[Puede] interpretarse que excedí mis acciones para luego desempeñarme como juez de control del magistrado fiscal”, señaló.
FALLO MODIFICADO
Lo sugerido por Ayú Prado fue debatido en el pleno ordinario de ayer. El Órgano Judicial informó en un comunicado que el magistrado De León sometió a consideración del pleno lo planteado por Ayú Prado en esas dos notas.
Tras la discusión, los ocho magistrados votaron 7 a 1 a favor de separarlo del caso.
Además del magistrado De León, votaron a favor sus colegas Fábrega, Harry Díaz, Nelly Cedeño, Abel Zamorano, Oydén Ortega y Harley Mitchell.Zamorano y Mitchell emitieron un voto explicativo, es decir, que sustentan por escrito las razones por las que apoyan el impedimento de Ayú Prado. Ortega dio un voto concurrente, en el que apoya el impedimento, pero además lo sustenta con otros argumentos.
Carrasco, designado como nuevo juez de garantías, emitió un salvamento de voto al no estar de acuerdo con la mayoría. Fuentes del Órgano Judicial explicaron que ahora se deberá modificar el fallo que admite la investigación, para que se incluya a Carrasco como juez de garantías en reemplazo de Ayú Prado. Una vez cumplido ese trámite, se deberá notificar a los abogados de Martinelli.
Las mismas fuentes precisaron que De León, como magistrado fiscal, deberá analizar si solicita una audiencia ante Carrasco para que como juez de garantías decida si se investiga a Martinelli por el sistema inquisitivo o el penal acusatorio.
En caso de que Martinelli sea investigado por el inquisitivo, De León podrá formular cargos, ordenar la indagatoria y detención, sin que el exmandatario esté en Panamá.
Mientras que con el sistema penal acusatorio se requiere la presencia de Martinelli para imputar cargos (informar los delitos por los que será investigado), formular la acusación, pedir el llamamiento a juicio y llevar a cabo el juicio.
Martinelli salió de Panamá el 29 de enero pasado y actualmente está en Miami, Estados Unidos.
Además de esta investigación, la CSJ ha admitido otros cinco procesos contra el exgobernante: por la compra de comida deshidratada en el Programa de Ayuda Nacional (PAN); los pinchazos telefónicos; por otorgar 353 indultos; por irregularidades en Cobranzas del Istmo y por la compra de granos en el PAN. Queda pendiente resolver la admisión de otras cinco denuncias y querellas contra Martinelli.
Con información de Eduardo Mendoza
‘El pleno es soberano’
Horas después de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sesionara ayer, el magistrado presidente de esa corporación de justicia, José Ayú Prado, asistió a un evento de la junta de síndicos del Centro Nacional de Competitividad, cuyas oficinas están ubicadas en el edifico de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Allí explicó a los periodistas que durante el pleno de ayer, sus colegas Luis Ramón Fábrega y Harley
Mitchell pidieron alterar el orden del día para discutir las notas 937 y 938. En estas, el magistrado presidente emitió algunas consideraciones con respecto al informe presentado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) el pasado 29 de junio, en el que pidió investigar si el expresidente Ricardo Martinelli cometió delitos financieros en cuentas manejadas a través de la casa de valores Financial Pacific.
En la nota 937, remitida el 7 de octubre pasado, Ayú Prado pidió que la denuncia presentada por la SMV fuera atendida bajo las reglas del Libro III del Código Penal de 1986 y no por medio de las normas del Código Procesal Penal de 2008.
“Como el tema estaba directamente relacionado con mi actuación en este proceso, salí de la sala de reuniones del pleno de la Corte y cuando regresé se decidió apartarme del conocimiento del caso, y se designó al magistrado Luis Mario Carrasco [suplente de Jerónimo Mejía] como juez de garantías”, explicó.
Dijo que esa decisión contó con el voto explicativo de Abel Zamorano, el voto razonado del magistrado Mitchell y la abstención de Carrasco.
Detalló que se le separó del conocimiento de este expediente sin siquiera haberlo conocido. “El pleno [de la Corte] es soberano”, dijo al explicar que debe someterse a sus decisiones. Cuando se le consultó sobre si estaba de acuerdo con la decisión de sus colegas, respondió que si hubiese tenido alguna diferencia u opinión, lo habría puesto por escrito en un salvamento de voto.
