Ayú Prado se pronuncia en investigación contra magistrado Benavides

Pese a que al inicio hizo mutis por tratarse de un asunto de otro órgano del Estado, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, aseguró que estarán vigilantes de que se cumplan “todas las garantías fundamentales y principios procesales” en el caso que le sigue la Asamblea Nacional a su colega Víctor Benavides y a “todos los que se investigan”.



Su reacción se da un día después que la comisión de Credenciales admitió una denuncia contra Benavides por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública [enriquecimiento injustificado], contra la libertad e integridad sexual y otros en los que haya incurrido.



“Estamos seguros que la Asamblea Nacional, actuando en acción judicial, con el profesionalismo que la caracteriza, va a hacer todo lo necesario para que el proceso sea transparente y de esta forma se consigan las pruebas contundentes y convincentes que acrediten la presunción de inocencia de la persona o, en caso contrario, su responsabilidad”, dijo.



El proceso contra el magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo surge luego de que el 22 de abril, la firma Vega & Álvarez presentó una denuncia ante el Legislativo, cuyo sustento es una carta de Vicente Caballero Zamorano, exjefe de escoltas de Benavides.



En la misiva, escrita a mano, Caballero contó que en calidad de escolta de Benavides le correspondía hacer depósitos en diferentes sucursales del Banco Nacional, de $10 mil, $15 mil y $20 mil, cada dos y tres días.



Agregó que ese dinero era producto de la venta de fallos de la Corte y también lo acusó de mantener actos sexuales con menores de edad.



José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, también se manifestó sobre el caso.



Pidió a los panameños esperar que se hagan las “verdaderas investigaciones” e instó a los encargados del proceso judicial [en este caso la Asamblea Nacional] a que impartan justicia.



En tanto, organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en la Alianza Ciudadana Pro Justicia, en una carta abierta, solicitaron a los diputados que, por tratarse de un asunto que “involucra violaciones a los derechos humanos de los niños”, el asunto sea tratado con “objetividad, transparencia y de manera expedita, asegurando que se garanticen las debidas protecciones a las personas involucradas”.



EL PROCESO



El próximo paso es el de nombrar al fiscal de la causa. Ayer, el presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, manifestó que “pensaría que puede ser el próximo mes”, pero aclaró que no quiere “hablar de términos”.



Sus cálculos se basan en que la comisión de Credenciales, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales –la que el jueves pasado decidió abrir el proceso a Benavides– debe reunirse para conformar la subcomisión de jueces de garantías.



Esta comisión debe emitir una resolución en la que pide al presidente de la Asamblea que convoque a la sesión judicial.



¿QUIÉN ES BENAVIDES?



Víctor Leonel Benavides Pinilla nació en Santiago, Veraguas, el 22 de mayo de 1951. Llegó a la Corte Suprema de Justicia en enero de 2006, nombrado por el entonces presidente Martín Torrijos.



El mismo día que lo nombró, Torrijos designó a su colega Harley Mitchell.  El 29 de de diciembre de 2005, a altas horas de la noche, la comisión de Credenciales de la Asamblea le dio el visto bueno a ambos.



Fue un debate que duró tres horas y en él intervinieron 11 diputados del oficialismo y de la oposición.



En ese entonces, Benavides y Mitchell se comprometieron a actuar con independencia para devolverle a los ciudadanos la confianza perdida en el Órgano Judicial.



Su desempeño en la Corte ha sido objeto de cuestionamientos. En diciembre de 2014, fue noticia un fallo de Benavides en el que se condenó al Estado a pagar a una empresa constructora $5.4 millones por el incumplimiento de un contrato que solo era de $260 mil.



Benavides y el entonces magistrado de la CSJ Alejandro Moncada Luna [destituido, hoy preso por corrupción] condenaron al Programa de Ayuda Nacional (PAN) a desembolsar la millonaria suma a Java Inversiones, S.A., por rescindir un contrato que se adjudicó en 2003 para la reparación de una carretera en Nuevo San Juan, provincia de Colón.



Además, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares lo denunció por avalar un fallo que anuló una condena de 20 años de prisión a Rogelio Ramos, acusado de tentativa de homicidio por la muerte del obrero Osvaldo Lorenzo, hecho ocurrido el 14 de agosto de 2007, en Chilibre.



Varios de sus fallos también han ordenado la restitución de personas destituidas de diferentes entidades oficiales, como el Ministerio Público.