La Fiscalía Auxiliar efectuó ayer nuevas diligencias para ubicar evidencias contra 13 funcionarios del Segundo Tribunal y de la Oficina de Descongestión Judicial a los que se acusa de formar parte de una red de corrupción en el sistema judicial. Las acciones se hicieron en el Juzgado Decimosexto Penal y en una residencia en Arraiján.
INSPECCIÓN
Por segundo día consecutivo, el fiscal Auxiliar de la República, Marcelino Aguilar, practicó una inspección ocular en el Juzgado Decimosexto Penal en busca de evidencias relacionadas con la red de corrupción descubierta en una operación de seguimiento y vigilancia a funcionarios del Órgano Judicial que presuntamente cobraban coimas para otorgar beneficios a personas con procesos penales en el Segundo Tribunal Superior.
Una fuente judicial, que pidió la reserva de su nombre, reveló que Aguilar revisó la computadora de uno de los funcionarios detenidos, sospechoso de estar directamente relacionado con el otorgamiento de medidas cautelares de manera irregular a investigados.
Según la fuente, durante el procedimiento efectuado ayer la fiscalía también obtuvo documentos y evidencias que pueden servir para vincular a los detenidos con las anomalías denunciadas por el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado.
También se detalló que la fiscalía citará a funcionarios del Segundo Tribunal y de la Oficina de Descongestión Judicial, para que expliquen el mecanismo para la aplicación de las medidas cautelares y la participación de algunos de los detenidos en estas labores.
Este medio conoció, además, que el Ministerio Público también allanó la residencia de una de las funcionarias en Arraiján, a quien se le incautaron varios vehículos.
Además, se informó que las indagatorias a los 13 detenidos –que están en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ)– se iniciarán hoy, sábado, y prolongarán hasta la próxima semana.
Una fuente del Ministerio Público no descartó que se produzcan nuevos arrestos en los próximos días, ya que se sospecha que los detenidos podrían tener nexos con abogados litigantes.
La fuente también confirmó que el expediente del caso ya tiene unos cinco tomos, que contienen documentos con transcripciones de interceptaciones telefónicas, seguimientos y vigilancias realizadas por funcionarios de la DIJ y de la Fiscalía Auxiliar.
CASOS DE ALTO PERFIL
El Juzgado Decimosexto Penal, que está en la mira por este escándalo, tramita el proceso seguido a los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, y a los funcionarios de esa institución William Pittí y Ronny Rodríguez –estos últimos prófugos de la justicia–, por los pinchazos telefónicos efectuados durante el gobierno pasado.
Este despacho también está a cargo del proceso seguido a 14 personas por la supuesta comisión del delito de lavado de dinero en cuentas relacionadas con el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, preso en la cárcel El Renacer por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos.
El pasado 30 de octubre, ese juzgado dio una fianza de excarcelación a Jorge Espino y Julián París, socios de la empresa Conceptos y Espacio S.A., a la que se adjudicó un contrato para la rehabilitación del Tribunal Marítimo en la gestión de Moncada Luna (2012-2013).
Por su parte, el magistrado José Ayú Prado, quien ayer participó en una actividad en la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá, anunció que se tomarán acciones administrativas contra los investigados, pero con respeto a sus derechos fundamentales.
A la vez, advirtió que se tomarán acciones –no dijo cuáles– para evitar que estos casos se repitan.
Así mismo, instó a testigos y víctimas de este tipo de actividades a que acudan a la Fiscalía Auxiliar a presentar las denuncias y ayudar a esclarecer los hechos.
El magistrado reveló que sostuvo una reunión con los magistrados del Segundo Tribunal de Justicia y de la Oficina de Descongestión Judicial, para analizar las acciones de control que se pueden implementar para lograr mayor transparencia en la tramitación de los proceso judiciales.
Ayú Prado, quien acumula varias denuncias en su contra en la Asamblea Nacional por varios casos, opinó que se trata de una situación “muy especial”, que necesita de acciones mesuradas para no entorpecer las investigaciones del Ministerio Público.
La denuncia, presentada por el propio Ayú Prado el 24 de agosto pasado, planteó la existencia de una red de corrupción de funcionarios que cobraban dinero por la aplicación de medidas cautelares, fianzas de excarcelación y otros beneficios a favor de personas detenidas.
En este caso, el indicio que generó la denuncia fue el supuesto pago de sobornos a un miembro de un jurado de conciencia que participaría en el juicio a Hilario Chen Quintana por la supuesta comisión del delito de homicidio. Sin embargo, la audiencia se suspendió y fue programada para el próximo año, tras descubrirse las irregularidades. Específicamente se señala a dos notificadores del Segundo Tribunal Superior de Justicia.
