La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso que presentaron familiares de las 109 personas desaparecidas durante la dictadura militar, de octubre de 1968 a diciembre de 1989.
Así lo informó este jueves, 14 de abril, el Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de la Dictadura Militar en Panamá Héctor Gallego y la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá.
La Comisión estableció un plazo de seis meses para que el Estado panameño y la organización de familiares de las víctimas lleguen a un acuerdo amistoso.
La decisión se produce luego de 13 años de haberse presentado la solicitud.
"Ante el hecho de la solicitud de la antigua Comisión de la Verdad y organizaciones de familiares de víctimas a la CIDH, el Estado panameño alegó el no agotamiento de los recursos de jurisdicción internos. Sin embargo, la CIDH asume que tiene competencia para examinar la petición", destacaron la organizaciones.
La CIDH concluyó que existe un “retardo injustificado en la tramitación de las causales penales” de las desapariciones forzadas de 39 personas, que ocurrieron hace más de 36 años y que hasta la fecha, en la mayoría de los casos, no hay sentencias definitivas sobre los responsables de estos hechos”.
Agregó que en algunas casos reportados por los peticionarios no existe actividad judicial alguna, lo que demuestra la inexistencia de una investigación judicial que pudiera llevar a establecer el paradero o las causas de las desapariciones forzadas.
PERÍODO OSCURO
La admisión del caso ocurrió en el mes de octubre pasado. Y no fue hasta ahora que notificaron a los familiares de las víctimas.
"Durante más de 21 años el país sufrió un período oscuro a raíz del golpe de estado militar perpetrado por una camarilla, entre los cuales, el que se erigió como dictador, Omar Torrijos Herrera. Se abrió un tiempo de sistemática persecución contra opositores, detenciones arbitrarias, torturas, exilios, el incumplimiento del debido proceso, desapariciones forzadas y asesinatos, suspensión de todas las libertades, entre éstas de expresión e información, control absoluto sobre todo el país, violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad", señalaron.
En junio de 2010 lograron que el gobierno de turno abriera un espacio de diálogo con los familiares de las víctimas con miras a lograr acuerdo de respuesta, la cual se denominó Mesa de Entendimiento, "que ha resultado, entonces y ahora, en una absoluta falta de voluntad política de las instituciones del Gobierno".
Agregaron que esta decisión de la CIDH reconoce el derecho de las víctimas de la dictadura al derecho a la vida, a la integridad personal, al acceso a la justicia, el respeto al debido proceso.
También pidieron a la CIDH admitir nuevos casos que no fueron incluidos en la petición que hicieron en 2003, pero que fue reconocido por la justicia panameña. Es el caso de Arturo Jarrin, del grupo revolucionario Alfaro Vice Carajo, ecuatoriano, detenido en Panamá en 1985 por orden de Manuel Antonio Noriega, y que fue entregado a los militares de Ecuador, y luego fue encontrado asesinado días después.
"En atención a sus procedimientos, la CIDH invoca una solución amistosa con el Estado, a lo cual hemos respondido afirmativamente, pero en un perentorio de seis meses, al final del cual, de no haber cumplimiento, nos avocaríamos a la vía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", informaron.
