La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a la magistrada Ángela Russo como ponente para resolver un pedido de asistencia judicial que hizo a Panamá la Fiscalía Federal de Suiza, con el objeto de conocer información sobre la posible vinculación del expresidente Ricardo Martinelli con la investigación que adelantan las autoridades de ese país europeo a la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., por el supuesto pago de coimas para obtener contratos públicos, caso conocido en Brasil como Operación Lava Jato.
La asignación del caso a la magistrada Russo se dio en un reparto de expedientes celebrado en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.
Por disposición constitucional, corresponde al máximo tribunal de justicia investigar a Martinelli por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Además, la asistencia judicial de la Fiscalía de Suiza pide información en torno a la posible vinculación de los hijos del expresidente, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares en este caso de supuestos sobornos.
No obstante, lo referente a los hijos del exmandatario será procesado por el Ministerio Público (MP).
En efecto, fuentes judiciales informaron que la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, admitió la solicitud de asistencia judicial y comisionó el caso a la Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de Vielka Broce.
CASO EN LA CORTE
En lo que respecta a la petición de asistencia judicial a la Corte, la magistrada Russo deberá elaborar un proyecto de fallo para luego someterlo a consideración del pleno de la Corte, que decidirá si se accede o no a la solicitud de las autoridades suizas.
ANTECEDENTES
En abril pasado, este medio informó sobre el envío de una carta rogatoria por parte de Suiza a las autoridades del Ministerio Público, con el propósito de obtener información sobre el destino final de millones de dólares depositados en cuentas cifradas de empresas offshore ligadas a la constructora Norberto Odebrecht, que tiene proyectos adjudicados en Panamá cuyo valor supera los 9 mil millones de dólares.
Suiza pidió que se le envíe información sobre las actividades de las empresas Constructora Internacional del Sur, S.A., Active Capital Holdings y Select Engineering.
En dicha rogatoria se solicitó información sobre sus movimientos bancarios y actividades en Panamá, y también se solicitó practicar diligencias de inspección a entidades y empresas relacionadas con el exmandatario y sus dos hijos.
En aquella fecha, las autoridades suizas también enviaron rogatorias a Holanda, Liechtenstein y Brasil.
En febrero pasado, las autoridades suizas arrestaron a Fernando Migliaccio da Silva, uno de los directivos de Odebrecht que había logrado salir de Brasil cuando intentaba cerrar cuentas en Suiza.
La Policía Federal de Brasil vincula a Migliaccio da Silva con la Constructora Internacional del Sur –sociedad constituida en Panamá– y con Klienfeld Services Ltd., ambas se presume fueron utilizadas por el Grupo Odebrecht para el pago de sobornos a funcionarios brasileños y extranjeros, así como con el dinero depositado en cuentas bancarias en Suiza.
La Constructora Internacional del Sur, S.A. fue disuelta en agosto de 2014, pero mientras mantuvo cuentas bancarias en Panamá –durante unos siete años– recibió, al menos, unos $47 millones, de los que $3 millones terminaron en cuentas bancarias suizas ligadas a sociedades panameñas, y sus beneficiarios en última instancia eran ejecutivos de la empresa brasileña Petrobras.
Las autoridades suizas y brasileñas están tras la pista de unos $3 mil 850 millones que se habrían movido a través de 30 países, entre ellos Panamá, y cuyo paradero final aún se desconoce.
Los fiscales brasileños también solicitaron una asistencia judicial a Panamá sobre las actividades de Odebrecht y el depósito de fuertes sumas de dinero en cuentas bancarias abiertas a nombre de sociedades offshore.
Sin embargo, el Ministerio Público no brindó detalles de los datos que fueron enviados a los fiscales brasileños sobre las operaciones de la empresa Norberto Odebrecht en Panamá, bajo el argumento de que se trataba de información de carácter confidencial.
En Panamá, el excontralor Alvin Weeden presentó en septiembre de 2015 una denuncia para que el Ministerio Público iniciara una investigación sobre las actividades de la empresa Odebrecht en el país.
Weeden basó la denuncia en publicaciones de medios locales, así como internacionales, en las que se da cuenta de una compleja operación de lavado de dinero para entregar coimas a altos ejecutivos de la empresa estatal brasileña Petrobras a través de sociedades panameñas, de Islas Vírgenes, Uruguay y Belice, entre otras jurisdicciones, con cuentas bancarias en Suiza y otros países, incluido Panamá.
