La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) exigió el reinicio de las investigaciones a los contratos de Odebrecht y se busquen los mecanismos para impedir que la compañía brasileña continúe participando en los actos de contratación con el Estado.
“Apelamos a que las autoridades panameñas busquen los mecanismos, como se hizo en Estados Unidos, para suspender el derecho de participación de las empresas en nuevas contrataciones hasta que la subsidiaria reafirme lo dicho en el proceso señalado, coopere con las autoridades y resarza al Estado y al pueblo panameño por los contratos que se hayan establecido con sobrecostos por el pago de coimas”, expresó Jorge García Icaza, presidente de la CCIAP, a través de una nota de prensa.
Agregó que las obras que están en desarrollo, como la segunda línea del Metro, la renovación urbana de Colón y la nueva terminal del aeropuerto de Tocumen, deben concluir “sin retrasos ni sobrecostos”.
El pasado 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó documentos en los que Odebrecht admite haber pagado hasta $59 millones en coimas a altos funcionarios panameños, entre los años 2010 a 2014, a cambio de contratos de infraestructura pública. En total, la compañía pagó $788 millones en sobornos a funcionarios de diversos países, según consta en el acuerdo refrendado por la Corte del Distrito Este de Nueva York.
“Este vergonzoso escenario confirma lo que propusimos en abril pasado, si lo que deseamos realmente es adecentar el país: es indispensable incluir mecanismos de inhabilitación a empresas que hayan sido condenadas local o internacionalmente por delitos de blanqueo de capitales o corrupción”, resaltó García Icaza.
Odebrecht es el contratista más grande del Estado panameño, con proyectos que suman unos $9 mil millones.
Este año, la Asamblea aprobó un paquete de reformas a la Ley de Contrataciones Públicas, pero no incluyó artículos para prohibir la participación de empresas investigadas por corrupción en el extranjero, lo que fue ampliamente rechazado por la sociedad civil organizada. El proyecto sigue pendiente de aprobación en la Asamblea, tras ser vetado por el presidente Juan Carlos Varela. Se desconoce cuándo será retomada su discusión.
“Insistimos en que la modificación de la Ley que 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas, debe ser retomada. El proyecto de ley que modifica esta normativa, el cual reconocemos fue ampliamente debatido, estuvo engavetado durante el pasado periodo legislativo, luego de que retomara al hemiciclo con objeciones del Órgano Ejecutivo”, señaló el presidente de la CCIAP.
El dirigente gremial exigió al Ministerio Público que reinicie de inmediato las investigaciones, para que se conozca y castigue “ejemplarmente a los responsables”.
