La Fiscalía Anticorrupción detuvo, de forma provisional, a siete personas −cinco hombres y dos mujeres− por la presunta comisión del delito de peculado en el caso de la compensación económica a dueños de buses "diablos rojos".
Entre los detenidos figura César Herrera, candidato a diputado por libre postulación en el circuito 8-5, La Chorrera.
Según la fiscalía, el Tribunal Electoral le levantó recientemente el fuero penal electoral a Herrera.
La fiscalía precisó que al candidato se le citó en tres ocasiones "pero no asistió", por lo que se le condujo y el jueves 4 de abril le dictó medida detención por supuesto cobro irregular de $525 mil en compensaciones de cuatro cupos y cuatro más a nombre de otras personas.
Estas personas "ya indagadas, supuestamente se habrían prestado para este acto ilícito. La mayoría de este cobro se dio en rutas inexistentes (Los Andes y Veranillo-corredor)", destacó la Fiscalía.
Por su parte, César Rafael Herrera Fieujean, hijo del candidato, emitió un comunicado, en el que confirma la orden contra el político.
“Ayer temprano, muy preocupado de no saber el paradero de mi padre, me percaté del peor ataque político que le han hecho a un candidato en el distrito de La Chorrera”, indicó Herrera Fieujean, en el escrito. Allí expresó que su padre “ha sido comerciante toda su vida y hoy está en una mazamorra (sic) privado de su libertad por el delito de tratar de hacer un mejor Panamá”.
Lamento que esta sea la primera publicación que tenga que hacer desde las cuentas de mi papá, pero a mí me dieron su teléfono https://t.co/S0M4LXwV25
COMUNICADO OFICIAL CESAR HERRERA“CANDIDATO A DIPUTADO POR LA LIBRE POSTULACIÓN, CIRCUITO 8-5”COMUNICA: CESAR RAFAEL HERRERA CESARIN - SUPLENTEHaciendo ejercicio de mis funciones como… https://t.co/gZDykQMGlO
ORIGEN DEL CASO
En tanto, el Juzgado Octavo concedió nueve fianzas por un poco más de $3 millones en este caso.
A la fecha, la Fiscalía Anticorrupción ha indagado a 281 personas por este caso.
Según las averiguaciones de la fiscalía, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) durante la pasada administración gubernamental entregó indemnizaciones a cambio de 2 mil 649 certificados de operación entre 2010 y 2014, lo que representó un desembolso al Estado de $94.8 millones. Del total de certificados compensados, la fiscalía investigó 573 por presuntas irregularidades.
Entre los investigados del caso figuran los exdirectores de la ATTT Jorge Ricardo Fábrega, Ventura Vega y Roberto Moreno; y el exsubdirector de la entidad Arturo Araúz.
