Juan Carlos Marciaga, investigado por su vinculación con los sobrecostos en los contratos para la compra de bolsas de alimentos con fondos del Programa de Ayuda Nacional, fue beneficiado con una medida cautelar de casa por cárcel, por orden de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.
La información fue confirmada por Rolando Rodríguez, abogado de Marciaga.
El comerciante estaba detenido preventivamente desde febrero pasado. La semana pasada, puso a disposición de la fiscalía depósitos por $2 millones en cuentas bancarias.
A Roberto Carretero y Carlos Caneto Araúz -otros dos empresarios también investigados por los sobrecostos en la compra de las bolsas de alimentos- también se les cambió la medida cautelar de detención preventiva por la de casa por cárcel, después de que la fiscalía les cautelara $1 millón y $2.5 millones, respectivamente.
Los tres –Marciaga, Carretero y Araúz- estuvieron detenidos primero en la celda transitoria de la Dirección de Investigación Judicial y, últimamente, en la sede de la Dirección de Investigación Policial, en Ancón.
Una auditoría de la Contraloría General de la República determinó que la compra de bolsas de alimentos ocasionó un perjuicio económico al Estado por $33.2 millones.
La auditoría concluyó que se violaron varios procedimientos y normas legales establecidas para beneficiar a proveedores que crearon empresas que se alternaban en fechas diferentes, dentro del proceso de contratación, “a fin de desviar los controles existentes”.