El Ministerio Público, a través de una fiscalía anticorrupción, mantiene 200 casos relacionados a posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos en juntas comunales durante el periodo 2009-2014.
La lupa del Ministerio Público, por el momento, está en las juntas comunales de las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Los Santos, Herrera, Chiriquí y Veraguas.
Todos estos procesos se agilizan bajo las normas del sistema penal acusatorio (SPA).
El fiscal anticorrupción Javier Mitre Burgos, por ejemplo, desde la sede de su despacho en Veraguas, ha entrevistado a exfuncionarios y funcionarios de las juntas comunales.
Además, ha efectuado inspecciones oculares, y solicitado documentación a los gobiernos locales bajo escrutinio.
Mitre Burgos también ha pedido información a distintos bancos del país.
Por estas pesquisas aún no hay personas imputadas.
Para formular cargos, la fiscalía debe tramitar el proceso ante un juez de garantías.
En febrero de 2018, el contralor Federico Humbert reveló en conferencia de prensa que $247 millones fueron transferidos por diputados a distintas juntas comunales entre 2009 y 2014. En ese momento manifestó que le quedaban "amplias dudas de que los dineros entregados hayan llegado a los verdaderos beneficiarios".
