El magistrado José Ayú Prado ha negado ser el responsable de la "paralización" de la investigación por las irregularidades en la adjudicación del contrato del bingo televisado Buko Millonario.
Ayú Prado, que es el ponente de un amparo de garantías que presentó el abogado de Ricardo Alberto Martinelli Linares -uno de los investigados en este caso-, indicó que el proyecto de fallo salió de su despacho en enero de 2017, cuando inició el proceso de recolección de firmas de los demás integrantes del pleno. Actualmente, está pendiente del salvamento de voto de un magistrado de la Corte, según consta en una nota que Ayú Prado dirigió a la procuradora Kenia Porcell, este 4 de abril. El magistrado ponente no identifica de quién sería ese salvamento de voto, se trataría del magistrado Jerónimo Mejía.
Ese mismo día, más temprano, el Ministerio Público se quejó porque el proceso tiene "dos años y cuatro meses de paralización por un amparo de garantías".
"En espera a que se decida el amparo por parte del magistrado Ayú Prado para poder seguir con la investigación", agregó el Ministerio Público.
En su nota a Porcell, Ayú Prado indicó que aunque el amparo se presentó en noviembre de 2015, no pudo atenderse hasta que fuera resuelto un incidente de desacato que ingresó después, en diciembre de ese año. El incidente, finalmente, fue resuelto en noviembre de 2016.
"Como el Ministerio Público no usó los canales usuales para verificar y corroborar información, se arriesgó en especular sobre datos y detalles que, lamentablemente, fueron incompletos, inexactos, que no se compadecieron con la realidad y confundieron a la opinión pública", señala Ayú Prado en su carta.
El Ministerio Público investiga las supuestas irregularidades en el contrato por medio del cual se adjudicó el Buko Millonario, un bingo televisado cuya operación fue adjudicada "a una empresa fachada para beneficiar a los hijos de un alto exfuncionario".
Por este caso, el Juzgado Decimoquinto Penal sobreseyó provisionalmente el pasado 2 de julio al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima; a la exsecretaria ejecutiva de la Junta de Control de Juegos (JCJ) Giselle Brea, y al exsubcontralor Luis Felipe Icaza, por la supuesta comisión de delitos contra la fe pública –en la modalidad de falsificación de documentos–, en perjuicio de la JCJ.
2 años y 4 meses de paralización por un Amparo de Garantías Caso #BukoMillonario pic.twitter.com/rTs54Djukn
En abril de 2015, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción abrió una investigación a Ricardo Alberto Martinelli Linares –hijo del exmandatario Ricardo Martinelli–, por su supuesto vínculo con la empresa operadora.
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