La base de la investigación que adelantó la Fiscalía Sexta Anticorrupción a raíz de presuntas irregularidades en el contrato pactado entre Advanced Consulting Panamá, S.A. y el Estado, para la compra de un software marca SAP en $14.5 millones para el uso de la Caja de Seguro Social (CSS), enmarca la supuesta comisión de tres delitos: peculado, corrupción de servidores públicos y tráfico de influencias.
Así lo concluye la vista fiscal del proceso, que remitió el Ministerio Público (MP) al Órgano Judicial el pasado 7 de octubre. En el documento, firmado por Vielka Broce, fiscal Anticorrupción de Descarga, se pide llamar a juicio a 17 personas presuntamente vinculadas con los ilícitos (ver tabla). El proceso de investigación estuvo a cargo del fiscal sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez.
PECULADO
Según la fiscalía, a Guillermo Sáez-Llorens, exdirector de la CSS, se le acusa de la supuesta comisión del delito de peculado por “el incumplimiento de sus funciones, facultades y deberes (...)”. De acuerdo con la vista fiscal, Sáez-Llorens era el “encargado de ejercer la correcta administración de la institución, y velar por la eficiente administración de su patrimonio (...)”, entre otros aspectos.
Carlos Tasón, exdirector de Informática de la entidad, también es investigado por supuesto peculado, porque en las pesquisas se determinó que existió “un evidente incumplimiento de la ley, y de los procedimientos y reglamentos relacionados con el proceso de contratación pública (...)”. Y, según el MP, se demostró que el sistema Safiro [el software contratado] mostró “una serie de inconsistencias en los procesos de operatividad (...)”.
Broce recuerda en el documento que a la fecha se han desembolsado $13.8 millones y, sin embargo, “el proyecto no ha llenado las expectativas y necesidades para el que fue concebido”.
Según la fiscal, Alberto Maggiori Toledano, exdirector de Administración de Finanzas de la CSS, también habría incurrido en este delito, porque no evaluó ni dio “seguimiento oportuno” a lo relacionado con la funcionabilidad de la iniciativa.
“Por su acción, se malversaron dineros que forman parte del dinero del Estado, en este caso de la CSS, siendo estos encomendados a él por razón de su cargo”, destaca la fiscal en su análisis jurídico.
Un argumento similar fue usado por la fiscal para vincular a Ely Brokamp, exjefa de Contabilidad de la CSS, con la presunta comisión del delito de peculado.
A Alison García, excoordinadora de Innovación y Transformación de la entidad y quien, según el MP, está ligada al peculado, se le señala de firmar el informe de recepción del software y no verificar en su momento que este fuera conforme a lo establecido en el contrato. “Por su acción, se malversaron dineros del Estado”, dice la vista fiscal.
A Sergio Suárez, exdirector de Innovación de la CSS, se le responsabiliza de la supuesta comisión del mismo delito por presuntamente no cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones sobre contrataciones públicas.
Y por la supuesta falta de evaluación y seguimiento oportuno, tal como lo exige el Sistema Integrado de Procesos Gubernamentales, se vincula con el peculado a Yadyra Gómez, quien en el quinquenio pasado fungía como jefa de Recursos Humanos de la CSS.
Uno de los personajes principales de esta trama es Eduardo Jaén, exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). A él se le acusa del supuesto peculado, porque de acuerdo con la fiscal actuó con “deliberación”.
Según el expediente, Jaén “avaló la certificación de revisión técnica SI-40-066-2010 del 31 de agosto de 2010, respecto a los requerimientos y conceptos favorables de la requisición por un monto de $15 millones”. Luego, la fiscal recuerda que el exfuncionario, que está detenido por este caso, “se declaró responsable de haber recibido una cantidad de dinero (...)”.
El MP también responsabiliza a dos particulares de la supuesta comisión del delito de peculado. Ellos son Mauricio Deveaux Beltrán y Alejandro Castrejón, representantes de Advanced Consulting Panamá, S.A.
“Incurrieron de manera diáfana como partícipes en el delito de peculado en perjuicio directo de la CSS, ya que a la fecha, la empresa Advanced Consulting ha recibido desembolsos de avances y servicios de implementación que a la fecha no han sido ejecutados”.
El MP solicitó absolver de este delito a Carlos García, Levis Arcia, Alexis González, y a los dos hijos y esposa del exjefe de la AIG: Eduardo Jaén Roy, Ariana Jaén Roy, y Aracelli Roy de Jaén.
CORRUPCIÓN
Al momento en que la fiscal expone las razones para vincular a un grupo de personas con la presunta comisión del delito de corrupción de funcionarios, nuevamente aparece el nombre de Eduardo Jaén. “Aceptó y recibió el beneficio de 1% del dinero producto del contrato suscrito entre la CSS y Advanced Consulting ”, dice Broce en sus conclusiones.
También vincula a Tasón con esta acción penal. De este exfuncionario, afirma lo siguiente: “recibió parte de los dineros incluidos en el soborno realizado a los funcionarios panameños, tal como se observan en las transferencias giradas a su favor desde la cuenta de Alejandro Castrejón [Advanced Consulting]”.
A los empresarios Heraclio Bustamante, de la empresa True Marketing; Alejandro Castrejón, de Advanced Consulting; y Vicente García, de SAP, se les relaciona con este delito por supuestamente “recibir parte de los beneficios económicos directos e indirectos de la adjudicación del contrato”.
La vista fiscal expone por qué se acusa a los familiares de Jaén [Eduardo Jaén Roy, Ariana Jaén Roy y Aracelli Roy de Jaén] de supuestamente incurrir en corrupción de servidores públicos. “Es preciso señalar que los mismos tuvieron parte en la realización del hecho punible, ya que fungieron como personas interpuestas para incurrir en el delito de corrupción de servidores públicos al recibir dinero producto de comisiones recibidas por Eduardo Jaén”, se detalla.
Se sustenta, además, que los hijos y esposa del exjefe de la AIG “recibieron y utilizaron en beneficio propio (...), el dinero producto de las comisiones percibidas por el prenombrado (...), teniendo estos conocimiento de la actividad ilícita (...) y la ayuda brindada para recibir cuantiosos depósitos de dinero en sus cuentas bancarias”.
Otra de las que se menciona es a una mujer de nombre Eyda Aguilar. “Ayudaba contablemente, ocultaba el dinero producto de los ilícitos y recibía físicamente los cheques producto de las comisiones generadas a favor de Eduardo Jaén, tal como se logró observar en los correos”, dice la vista fiscal.
INFLUENCIAS
Aaron Mizrachi, empresario y cuñado del expresidente Ricardo Martinelli; Mauricio Deveaux, de Advanced Consulting; y Jaén están acusados de presuntamente haber cometido el delito de tráfico de influencias en este caso.
Cuando el Ministerio Público se refiere a Mizrachi, cita la declaración de Stuart Andrew Robinson, agente de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), quien lo describió como “la entrada del trato” y con quien se reunió Vicente García entre febrero y mayo de 2010 en el hotel El Panamá. García es el empresario de SAP que confesó el soborno, hecho por el que se originó la investigación.
Al mencionar a Jaén, la fiscal advierte que tramitó y evaluó el proyecto Safiro a través de dos solicitudes. También cita la declaración de Robinson, quien alegó que entre los correos relacionados con el pago de sobornos por parte de García, se hace referencia a que Jaén quería una carta de invitación para ir a México, país donde se pactaría el trato.
Relaciona a Deveaux con otra confesión del agente del FBI, quien contó que conoció “que Advanced Consulting le iba a pagar a Mizrachi el 10% del contrato y a Jaén le colocaría un 1%”.
REACCIONES
Consultado sobre los señalamientos contra su cliente, Carlos Carrillo, abogado de Sáez-Llorens, dijo que para ellos ha quedado claro que el exfuncionario no guarda relación alguna con las acusaciones públicas que se han hecho. “Se le ha vinculado al caso por una auditoría que se ha demostrado no tiene fundamento en cuanto a que el sistema SAP era operativo”, dijo.
Este diario intentó contactar a Silvio Guerra, abogado de Aaron Mizrachi, pero no respondió. Tampoco se consiguió a la defensa de Jaén.
