Efrén Tello, suplente del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Luis Ramón Fábrega, presentó un recurso para que se le declare impedido de conocer un habeas corpus interpuesto por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, investigado por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto, el derecho a la intimidad y peculado.
Fuentes judiciales informaron que en la tarde de ayer circulaba entre los integrantes del pleno de la Corte la solicitud de Tello, quien habría invocado el hecho de que Martinelli lo nombró como magistrado suplente.
Si se admite este recurso, el pleno deberá escoger “un suplente especial”, quien deberá elaborar el proyecto de fallo para resolver el recurso presentado por Rogelio Cruz, del equipo de defensa del exmandatario. El suplente especial sería escogido del resto de los magistrados suplentes de la CSJ.
El recurso inicialmente había quedado radicado en el despacho de Luis Ramón Fábrega, quien también se apartó de la causa argumentando que actuó como presidente en el pleno del pasado 21 de diciembre, en el que se ordenó la detención provisional de Martinelli.
El impedimento fue acogido por sus colegas, quienes designaron a Tello.
Pero, mientras en la Corte el proceso se alarga, la defensa de Martinelli se mueve. Cruz presentó una solicitud de recusación contra los magistrados que actuaron en la audiencia del pasado 21 de diciembre.
El jurista se aferra al último párrafo del artículo 2910 del Código Judicial que dice: “los magistrados solo deben manifestarse impedidos cuando sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de algunas de la partes o cuando hubiesen expedido la orden o conocido del proceso de primera instancia”. Aseguró que este es el mismo argumento utilizado por Fábrega para declararse impedido y que esto sería aplicable a todos los magistrados.
Hasta ahora la defensa de Martinelli ha presentado al menos 16 acciones legales ante la CSJ por esta causa. Algunos de los que se destacan son tres advertencias de inconstitucionalidad, tres amparos de garantías constitucionales, y dos incidentes de recusación.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió que el exceso de recursos por parte de la defensa de Martinelli, podría provocar el estancamiento de la causa. Al igual que los abogados querellantes de este proceso, el procurador recuerda que si bien el Código Penal y el Código Procesal Penal se los permite, “no se debe abusar de ellos” para dilatar el caso.
“Desafortunadamente la legislación panameña no establece sanciones fuertes contra quienes utilizan estas tácticas [...]”, afirmó.
Advirtió que la estrategia de la defensa puede provocar el vencimiento de los términos de la investigación. Refutó los cuestionamientos de la defensa de Martinelli cuando hablan de “violación al debido proceso” por parte de las autoridades. Recalcó que aun el propio Martinelli ha expresado públicamente tener conocimiento de los detalles de esta pesquisa, e incluso ha declarado sobre las acciones legales presentadas.
Mientras que Carlos Herrera Morán, abogado del médico Mauro Zúñiga, víctima de los pinchazos telefónicos, calificó de “extraño” el argumento utilizado por Tello para apartarse del caso. Aseguró que pareciera que “algunos magistrados” se están “sumando a las tácticas dilatorias asumidas por la defensa de Martinelli”.
El pleno de la Corte ordenó al magistrado Jerónimo Mejía (en funciones de juez de garantías) gestionar la detención provisional del expresidente Martinelli.
