El juez decimosexto de lo Penal, Enrique Pérez, concedió la tarde de este miércoles, 19 de agosto, la medida cautelar de casa por cárcel para los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz y Gustavo Pérez.
Esto dentro del proceso que se les sigue por el caso de interceptación ilegal de comunicaciones durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014).
La decisión del juez ocurrió en el tercer y último día de audiencia preliminar a Pérez, Garuz y dos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional actualmente prófugos: William Pittí y Ronny Rodríguez.
A los cuatro se les procesa por la presunta comisión de los delitos contra la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la intimidad.
En el caso de Garuz la medida de excarcelación se hizo efectiva inmediatamente, mientras que en el de Pérez aún no se le aplica, ya que mantiene otro proceso penal por el delito de posesión ilegal de armas de fuego, en el que se le dictó una medida de detención preventiva.
El cambio de medida cautelar fue solicitado por los abogados Cristóbal Arboleda y Roniel Ortiz, por considerar que la pena máxima aplicable no llega a los 60 meses de prisión.
El fiscal contra la Delincuencia Organizada, Nahaniel Murgas, replicó alegando que ya la Corte resolvió sendos hábeas corpus presentados por las defensas de Garuz y Pérez, declarando legal las detenciones preventivas de ambos.
El juez Pérez se acogió al término de 24 horas para determinar si ordena llamamiento a juicio o no.
El martes, durante el segundo día de audiencia preliminar, el fiscal Murgas afirmó que está probada la vinculación de Garuz y Pérez, así como de sus subalternos Ronny Rodríguez y William Pittí, con las escuchas telefónicas a más de 150 empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil organizada y políticos opositores de Martinelli.
A estas audiencias han comparecido unos 5 de los 16 querellantes, entre ellos Mitchell Doens y Balbina Herrera, ex secretario general y excandidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Doens asumió su propia representación legal, mientras que Herrera está representada por el abogado Rodolfo Pinzón.
Esta diligencia comenzó con la declaración del testigo protegido identificado con el número 8430145, quien reveló la adquisición por parte del Consejo de Seguridad Nacional de un sistema que interceptaba conversaciones telefónicas, correos electrónicos y penetraba un dispositivo estando apagado.
El testigo contó que existía un equipo dedicado exclusivamente a espiar a adversarios del gobierno, a miembros de la sociedad civil y a periodistas. Los equipos se compraron a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) a partir del año 2010, cuando la entidad estaba a cargo de Giacomo Tamburrelli.
A Pérez se le señala porque cuando era director de la Policía Nacional firmó la carta de aceptación final del sistema, con la empresa israelí M.L.M. Protection. El aparato costó $13.4 millones y su paradero actual se desconoce.
En tanto, Garuz es investigado porque en un allanamiento efectuado por las autoridades judiciales se le encontró un teléfono celular donde había un audio con la voz de una dirigente magisterial y de una diputada de la Asamblea Nacional, en los que se escuchan detalles de conversaciones.
Tras un análisis realizado por peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se detectó que la información hallada había sido enviada de una fuente externa. Garuz alegó que esos correos entraban a su teléfono, pero que nunca los abrió o escuchó.
(Con información de Juan Manuel Díaz).
