La noche de este lunes, 23 de noviembre, finalizó la audiencia del caso de la comida deshidratada. El juez Leslie Loaiza se acogió al término de 30 días para decidir si llama a juicio o no a los implicados.
FISCALÍA PIDE JUICIO
Más temprano, la Fiscalía Segunda Anticorrupción solicitó el llamamiento a juicio de los nueve acusados en el proceso por supuestas anomalías en la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Esto se dio este lunes durante la audiencia preliminar que se realizó en el Juzgado Decimoquinto Penal. Durante la mañana se llevó a cabo la lectura de la vista fiscal.
Luego, Vielka Broce, la funcionaria de instrucción a cargo del caso, pidió el llamamiento a juicio de los acusados, entre los que se encuentran exfuncionarios del pasado gobierno (2009-2014), por los delitos de estafa, corrupción, fraude en contrataciones públicas y peculado.
Al mediodía se decretó un receso para tomar el almuerzo.
La audiencia se reinició con los alegatos de los abogados de las partes acusadas.
INTERVIENEN ABOGADOS
En la sesión de la tarde intervinieron tres abogados defensores de los exfuncionarios Giacomo Tamburrelli, Lucy Molinar y Gioconda Torres de Bianchini.
Gonzalo Moncada, defensor de Tamburrelli, al momento de intervenir pidió que se llamara a juicio porque él demostrará que su cliente es inocente.
Mientras que Cristian Lara, defensor de la excontralora Torres de Bianchini, pidió en la audiencia el sobreseimiento definitivo de su clienta. Igualmente hizo Abilio Batista, abogado de la exministra Molinar.
A la audiencia asistieron los exministros Lucy Molinar (Educación) y Federico Suárez (Obras Públicas), la exviceministra de la Presidencia María Fábrega y el exdirector del PAN Tamburrelli.
La audiencia, a cargo del juez Leslie Loaiza, estaba programada para las 8:30 a.m., pero empezó 30 minutos después. Uno de los acusados en este caso, Adolfo Chichi de Obarrio, ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, se mantiene prófugo. Su abogada Edna Ramos sí se presentó al salón de audiencias del Segundo Tribunal Superior.
En este caso tres de los imputados –Tamburrelli, el exjefe de Nutrición del PAN Ángel Famiglietti y el empresario Rubén De Ycaza– tienen una medida cautelar de casa por cárcel.
La excontralora Gioconda Torres de Bianchini, los exministros Molinar y Suárez, y las exviceministras Fábrega y Marta Susana de Varela tienen país por cárcel.
Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que la lesión patrimonial en este caso sumaría $44.9 millones.
El contrato de la comida deshidratada fue otorgado en el gobierno anterior a la empresa Lerkshore International Limited, cuyo representante legal es De Ycaza.
