El expresidente panameño Ricardo Martinelli seguirá detenido en Miami, Estados Unidos.
El juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, no tomó una decisión sobre la solicitud de fianza de excarcelación a favor del exmandatario, durante la audiencia celebrada este martes 20 de junio.
En cambio, Torres dijo que revisará la documentación aportada por la defensa, en cuanto a la validez de la solicitud de extradición remitida por la Cancillería panameña, a petición de la Corte Suprema de Justicia.
El juez no informó cuándo daría a conocer su decisión. No obstante, advirtió que si -luego de revisar la documentación- consideraba que el caso no era "extraditable", estaba dispuesto a "agilizar" el desarrollo del proceso. Mientras tanto, Martinelli debe continuar en el Centro de Detenciones Federales de Miami, donde únicamente puede recibir la visita de sus abogados.
La audiencia celebrada este martes en el piso 10 del James Lawrence King Federal Building, en el centro de Miami, inició a las 2:15 p.m. Martinelli compareció vestido con el informe color crema de los prisioneros y esposado de manos y pies. Una vez inició la audiencia, el juez Torres autorizó a uno de los alguaciles federales que le liberara las manos.
El expresidente guardó silencio la mayor parte del tiempo. Ocasionalmente se dirigía a sus abogados. En la sala estaban sus tres hermanas, sobrinos, amigos y abogados de Panamá. A ellos se les advirtió que no podían saludar, llorar o siquiera "pestañear" a Martinelli. También concurrieron el exdirector de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Jaime Abad, y el exdiputado Yassir Purcait.
Purcait, precisamente, es una de las 150 personas -incluyendo políticos, empresarios, periodistas y magistrados- cuyas comunicaciones fueron interceptadas ilegalmente por el Consejo de Seguridad Nacional, en el gobierno de Martinelli. Purcait dijo que está dispuesto a rendir declaración ante el juez Torres.
Marcos Jiménez, abogado principal de Martinelli, cuestionó la independencia de la CSJ panameña. Hizo referencia a una entrevista al magistrado Harry Díaz -que funge como fiscal del proceso seguido a Martinelli-, publicada en La Prensa en marzo pasado. En dicha publicación, Díaz hizo señalamientos sobre la falta de independencia y credibilidad del Órgano Judicial.
"Y es él quien va a procesar a Martinelli si ex extraditado", dijo Jiménez.
El juez preguntó entonces si era cierto que Martinelli había designado a Díaz en el cargo de magistrado. Nadie le respondió.
Jiménez insistió en solicitar una fianza para su cliente. Explicó el paquete propuesto un día antes, que incluye la consignación del 10% de una fianza de $5 millones, cofirmada por su esposa Marta, y de otra de $2 millones, respaldada por un amigo, cuyo nombre no ha sido revelado. "No hay riesgo de fuga. Está aquí desde el 2015. Aquí tiene propiedades y familiares", dijo el letrado.
La defensa también hizo énfasis en que Martinelli mantiene doble inmunidad: una que le otorga la Constitución, que -según Jiménez- señala que los presidentes no pueden ser procesados por las decisiones asumidas en el cargo, y otra, por ser diputado del Parlamento Centroamericano.
El fiscal Adam Fels replicó que Martinelli debe permanecer detenido, ya que cuenta con los suficientes contactos y recursos para evadirse.
"Es un hombre extraordinariamente acaudalado... Él puede comprar un exilio. Tiene medios que le garantizan una fácil escapada", dijo.
Indicó que Martinelli cuenta con licencia de conducir en República Dominicana y pasaporte italiano, que ya ha utilizado para ingresar a Estados Unidos. Agregó que Martinelli intentó bloquear información una vez se enteró que Interpol emitió una "alerta roja" para su localización, hace un mes.
Al final de la diligencia judicial, el abogado Alejandro Pérez, quien también estuvo presente en la audiencia, relató que el juez admitió que el caso de Martinelli es bastante complicado, por lo que requería de varios días para tomar una decisión. Pérez agregó que esto sería en los próximos días de la semana entrante.
Martinelli cumple este martes ocho días detenido a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, como parte del proceso que se le sigue por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional durante su gobierno (2009-2014).
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