La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recibió 24 objeciones y observaciones -a favor y en contra- a las designaciones de Cecilio Cedalise y Ángela Russo como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a partir del próximo 2 de enero.
La sesión inicio con la lectura de la documentación, por parte de la diputada panameñista Katleen Levy, secretaria de la comisión.
MAYORÍA DE OBSERVACIONES, A FAVOR
Durante esta fase se conoció que más del 90% de las observaciones escritas sugieren la ratificación de Cedalise y Russo, informó el presidente de la comisión, el también panameñista Jorge Iván Arrocha.
Al menos tres personas se han opuesto a la ratificación de Cedalise. Entre ellas está Xenia Cecilia Molinar Castillo, quien envió la copia de la denuncia que presentó en la agencia de Sabanitas, Colón, en mayo de 2014, contra Christian Cedalise -hijo del magistrado designado- por la supuesta comisión del delito contra la vida y la integridad personal en perjuicio de su vástago Joel Medina. En dicha denuncia, acusa a Christian de balear a Joel en un incidente en Puerto Pilón.
Respecto a Russo, la comisión recibió una nota de la abogada Norma Elizabeth González de Frías, quien solicitó cortesía de sala para sustentar verbalmente sus objeciones. Esta semana, González -en un medio de comunicación vinculado al expresidente Ricardo Martinelli- relacionó a Anaximedes Cedeño Espino, esposo de Russo, con sociedades anónimas ligadas a funcionarios del actual gobierno y empresarios hondureños detenidos en Estados Unidos.
Cedeño Espino replicó a estos señalamientos. Primero, a través de una nota enviada a la comisión. Y luego, verbalmente, cuando se le cedió la palabra para expresar a los diputados comisionados que no tiene vinculación con las sociedades de la familia Rosenthal de Honduras o con los actuales gobernantes.
"No los conozco. Cualquier relación es infundada. Los documentos y sociedades a las cuales estoy vinculado son públicos y obedecen a funciones propias de mi profesión de abogado", aclaró.
Posteriormente, el diputado Arrocha cedió la palabra a Norma González, a la que previamente se le leyó el artículo 385 del Código Penal, sobre el falso testimonio.
González dijo que Cedeño Espino "aparece en varias empresas" con Luis Varela -hermano del presidente Juan Carlos Varela-, Francisco Sierra -ministro consejero-, Emanuel González Revilla -embajador en Estados Unidos-, Alfredo Motta -del Movimiento Independiente (Movin)- y Ana Matilde Gómez, diputada independiente, entre otros. Agregó que dichas "empresas" llegan a los Rosenthal y hasta el "ahijado" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En determinado momento, también hizo referencia al colombiano David Murcia, "el rey de las pirámides", actualmente preso en Estados Unidos.
"¡Me tienen que escuchar! ¡Estas son acusaciones de narcotráfico!", dijo González, a la que la Comisión de Credenciales permitió hablar por 15 minutos y no 10, como fue previamente acordado en la metodología aprobada para evaluar a los magistrados. Varios diputados presentes solicitaron copias de las "pruebas" que llevaba González y abogaron para que se le permitiera exponer sus señalamientos. La diputada perredista Zulay Rodríguez dijo que a González intentaban "intimidarla".
La diputada Gómez replicó que si uno de sus asesores pertenecía a una red de narcotráfico -como alegó González- ella misma presentaría la denuncia y lo destituiría del cargo. Sobre la vinculación del esposo de Russo a las sociedades anónimas, indicó que Panamá mantiene una economía de servicios, "y muchas firmas se dedican a la venta de sociedades que están preconstituidas antes de venderlas. No estoy diciendo que esto sea bueno o malo".
"No es lo mismo ser un suscriptor que ser socio, dignatario o agente residente. Son figuras jurídicas diferentes", dijo Gómez, quien por cinco años fue procuradora general de la Nación.
Durante la sesión, también se escucharon las notas de apoyo a Russo y Cedalise. A favor de Russo se expresaron varios grupos de la sociedad civil organizada, y de Cedalise, sindicatos trabajadores, del mismo modo que el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, Gilberto Boutin, entre otros.
PROCEDIMIENTO
Un total de 24 ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil que presentaron sus consultas intervendrán en el proceso, luego de que a las 5:00 p.m., de ayer, jueves 17 de diciembre culminase el plazo de 48 horas que otorgó el Legislativo para que se presentaran por escrito las observaciones en torno a los dos juristas designados por el Ejecutivo.
Se recuerda que a las personas a las que se les conceda cortesía de sala contarán con un período de 10 minutos para sustentar sus observaciones, en un lenguaje respetuoso.
También, los miembros de la comisión podrán desarrollar preguntas durante ese período. Una vez concluya el período abierto para la presentación de consideraciones se proseguirá con las entrevistas a las personas designadas como magistrados de la CSJ, antes de remitir un informe al pleno de la Asamblea.
