La Contraloría General de la República aclaró este martes 24 de septiembre que por “iniciativa propia y no a solicitud del Ministerio Público", realizó una auditoría al manejo de los fondos del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), la cual detectó "faltas" por $13.2 millones.
"Es falso que nuestro informe de auditoría suspenda algún proceso que se haya estado llevando adelante por el Ministerio Público. Muy por el contrario, nuestro informe sustenta nuevas fallas graves en la administración de Pandeportes, que evidencian claramente el incumplimiento de la ley", señala un comunicado de prensa de la Contraloría, divulgado este martes 24 de septiembre.
A través de este boletín, la Contraloría responde a una nota de este diario, que señala que la entidad culminó la auditoría sin revisar documentación obtenida por la Fiscalía Anticorrupción en un allanamiento a Pandeportes, pese a que se le ofreció dicha información hasta en tres ocasiones. Por esta razón, la fiscalía solicitó a Contraloría que realizara una segunda auditoría. La Fiscalía Séptima Anticorrupción ya pidió la segunda auditoría.
En el boletín que emitió este martes, la Contraloría señala que su auditoría, que fue ordenada el pasado 1 de noviembre, determinó que Pandeportes -bajo las administraciones de Rubén Cárdenas Pasco, Roberto Arango Chiari y Mario Augusto Pérez González- repartió $38.8 millones entre 137 organizaciones. De ese total, se seleccionó a 17 organizaciones, a las cuales se les otorgó $28.6 millones.
Cárdenas, por su lado, dijo a La Prensa desconocer cualquier vinculación con los hechos toda vez que la auditoría a que se refiere la Contraloría se ejecutó en el lapso de julio de 2014 a noviembre 2018 y él se desvinculó de Pandeportes desde el año 2012 y reiteró que dicha auditoría no guarda relación alguna con su administración.
"Los elementos presentados en nuestra auditoría, aportan el sustento y la estructura necesaria para que el Ministerio Público utilice los mismos para iniciar procesos, pues tal cual como lo señala nuestro informe de auditoría, se encontraron hallazgos donde más de B/. 13,213,298.68, no cumplían con lo establecido por la ley, y así fue notificado en los resultados de nuestra auditoría", señala la Contraloría.
La entidad advierte que esta información "no forma parte del proceso investigativo paralelo que lleva adelante el Ministerio Público. Sin embargo la Contraloría General de la República estará a disposición, como lo ha estado siempre, para realizar cualquier auditoria o ampliación solicitada".
La Prensa le preguntó al contralor Federico Humbert por qué cerró la auditoría sin valorar la información de la fiscalía, pero no respondió. Se informó que está fuera del país.
La auditoría –pieza fundamental para el Ministerio Público– concluye que se cometieron “incorrecciones”, pero no estimó lesión alguna al Estado. Además, no menciona los miles de implementos pagados para el béisbol y el baloncesto, que eran para comunidades pobres y que no llegaron a estas, corroboró La Prensa, y luego el Ministerio Público en visitas in situ a esas comunidades.
La Fiscalía Séptima Anticorrupción, tras este resultado, pidió una segunda auditoría a la Contraloría, como parte de su investigación por la presunta comisión de delito contra la administración pública.
La Fiscalía Séptima Anticorrupción intentó obtener información de Pandeportes sobre el dinero que recibieron las organizaciones vinculadas a diputados de todos los partidos, pero fue inútil. Debió recurrir a allanamientos en la institución, ahora a cargo de Eduardo Cerda, quien en 2015 fue elegido vicepresidente de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), que presidió Jair Peralta, uno de los involucrados en este escándalo.
El Ministerio Público consiguió información “sensitiva”, rescatada –incluso– de un basurero. Pero la Contraloría culminó su auditoría sin hacer uso de esta documentación recuperada por el MP el pasado 4 de junio.
La fiscal Leyda Sáenz envió al contralor tres cartas en las que puso a su disposición el material obtenido en las diligencias de allanamiento.
La respuesta de la Contraloría, transcurridos dos meses desde el primer ofrecimiento, fue que la auditoría había concluido.
La Prensa intentó desde el pasado miércoles consultar a Humbert y al secretario general de la Contraloría, Carlos García, por correo electrónico o a través de una entrevista sobre cómo, pese a la poca colaboración de Pandeportes para entregar la información, se efectuó la auditoría, y por qué no se consideraron los hallazgos del allanamiento.
La Prensa tuvo acceso al informe de auditoría, que abarca el período del 1 de julio de 2014 al 31 de julio de 2018. Menciona que se entregaron $39 millones a 137 organizaciones deportivas y de estos, $5 millones carecían de informes de gastos.
De ese total, la CGR seleccionó 17 organizaciones a las que Pandeportes les asignó $29 millones, de los cuales $13 millones tenían “incorrecciones” e “informes pendientes de entrega”.
Las 11 organizaciones mencionadas en la investigación periodística quedaron incluidas en las 17 organizaciones que investigó la Contraloría.
La auditoría advierte de la ausencia de una revisión minuciosa por parte de Pandeportes de los informes entregados por las organizaciones deportivas, lo que ocasionó el “descontrol” en los desembolsos del dinero.
Destaca la compra de artículos personales con fondos públicos; el pago a empresas que se dedican a actividades que no guardan relación con el deporte, y compra de implementos deportivos destinados a circuitos electorales. Además, que Pandeportes presentó facturas y documentos ilegibles y cheques sin sustento.
