"El contralor [Federico Humbert] tiene que responder, no vamos a dejar de insistir hasta que nos muestre la información de estas auditorías en la Asamblea Nacional".
De esta forma reaccionó Freddy Pittí, coordinador de la organización Juntos Decidimos, quien acudió la mañana de este viernes 4 de mayo a la Contraloría General de la República, para recibir información de las auditorías que se llevan a cabo a las donaciones, subsidios y servicios profesionales desembolsados por el Legislativo.
Pittí se retiró sin recibir la documentación. El motivo: que la información solicitada es de "carácter restringido" y, por tanto, no puede ser divulgada por un periodo de 10 años, según la Ley de Transparencia.
Así consta en una nota de Jonathan Vargas, asesor del Despacho Superior de la Contraloría.
Vargas cita el artículo 14 de la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia), que señala que la información sobre procesos investigativos que adelanta la Contraloría es considerada como de acceso restringido.
"A fin de garantizar el debido proceso y que se realicen las correspondientes y debidas investigaciones a fin de efectuar posteriores imputaciones, la Contraloría está en la obligación de recabar todos los correspondientes elementos probatorios a fin de determinar la culpabilidad o inocencia de un servidor o exservidor público", señala Vargas en su nota.
Pittí anunció que ahora presentará un habeas data ante la Corte Suprema de Justicia.
"Estamos hablando de millones de dólares del patrimonio de los panameños... Aquí se habla de una posible lesión de más de $80 millones", cuestionó.
El pasado 4 de abril, Juntos Decidimos entregó la solicitud de información a Humbert, después que una investigación del diario La Prensa documentara que de julio de 2014 a diciembre de 2016, la Asamblea Nacional desembolsó $14 millones en donaciones, la mayoría de las cuales nunca llegó a su beneficiario original. Además, $68 millones se utilizaron en contratos por servicios profesionales, por labores que en gran parte no se realizaron.
