El contrato firmado por el Consorcio HPC-Contratas-P&V, S.A., y la Caja de Ahorros (CA) consta de varias partes. La primera de ellas es la aprobación de una línea de crédito de $20 millones para la construcción del centro de convenciones Amador; la segunda, otro crédito de $10 millones para el mismo fin.
También se formalizó la hipoteca de un terreno que serviría de garante a los créditos concedidos por la CA al consorcio, que hasta ese momento eran $30 millones. Este contrato no fue firmado por el entonces gerente general de la CA, Jayson Pastor, sino por su subgerente, Rodrigo Arosemena Pino, hoy
detenido por este caso. En ambos créditos, las partes convinieron en que el consorcio “se obliga a utilizar esta línea de crédito para la construcción del Centro de Convenciones Amador”, pero, como ya se ha señalado, el dinero fue supuestamente desviado con otros fines.
El contrato también indica que las partes convinieron en que “después de que la presente escritura pública haya sido inscrita en el Registro Público, [se] realizarán los desembolsos a solicitud del cliente”. Pero, como se sabe, Arosemena autorizó desembolsos el 31 de diciembre de 2012.
El contrato, en cambio, fue ingresado al Registro Público el 17 de enero de 2013. Arosemena, en su indagatoria, alega que autorizó los desembolsos antes de ser ingresados al Registro Público, porque para entonces ya tenía en su poder las escrituras de un terreno dado como garantía por los préstamos autorizados.
Lo que no dijo Arosemena fue que esa finca fue adquirida en 2005 por la sociedad Agro Chepo, S.A. –cuyos dignatarios eran Felipe Pipo Virzi, Ricardo Ricky Calvo y Gabriel Gaby Btesh– por $675 mil.
En 2008, la finca pasó a manos de otra sociedad: Majestic Seven, S.A., presidida por la habitual abogada de Btesh, Ailedabel González, por exactamente la misma suma: $675 mil. Fue esta finca –ubicada en Chepo– la que en 2012, González hipotecó a favor de la CA para garantizar el préstamo de 30 millones de dólares al Consorcio HPC-Contratas-P&V, S.A. A esa finca, para la firma del contrato con HPC-Contratas-P&V, le atribuyeron un valor de 24 millones.
Luego, este contrato fue modificado en diciembre de 2013 cuando la CA autorizó un nuevo crédito de $10 millones, haciendo en total $40 millones prestados al consorcio. Para hacer desembolsos, las partes habían convenido que en uno de los créditos (el de los primeros $10 millones), los desembolsos se harían “con base en las cuentas presentadas por trabajos ejecutados contra la presentación del informe de construcción”.
Además, la empresa debía certificar a la CA –antes de cualquier desembolso– haber invertido de sus propios fondos un mínimo de $7 millones en el proyecto.
