Otro miembro del círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) se unió a la lista de los que tienen cuentas pendientes con la justicia. Se trata del directivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y empresario de la construcción, Nicolás Corcione Pérez-Balladares.
La Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Nahaniel Murgas, ordenó la indagatoria de Corcione Pérez-Balladares por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado con la investigación que adelanta ese despacho a las cuentas vinculadas al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna, preso en la cárcel El Renacer luego de que la Asamblea Nacional lo procesara por enriquecimiento injustificado y falsedad.
LO IMPLICAN
María Gabriela Reyna, de la firma Reyna y Asociados, S.A., actualmente detenida preventivamente mientras se investiga su participación en este proceso, en indagatoria ante la fiscalía manifestó que en octubre de 2014 [en medio del proceso que se le seguía a Moncada Luna] Nicolás Corcione le refirió a Jorge Espino, directivo junto con Julián París, de la empresa Conceptos y Espacios, S. A. Espino, contó Reyna, le llevó una copia de un cheque de Conceptos y Espacios a nombre de la sociedad Corporación Cubemu, S.A.
Resulta que Conceptos y Espacios había obtenido un contrato con el Órgano Judicial para el diseño y construcción del nuevo edificio del Tribunal Marítimo, durante el período en que Moncada Luna presidía la CSJ. En principio, el contrato adjudicado sumó $8.2 millones, pero luego, tras la aprobación de varias adendas, se elevó a más de $10 millones.
Días después de haber recibido un adelanto del dinero, la empresa giró un cheque por $400 mil a Corporación Cubemu, S.A., una de las compañías vinculadas a Moncada Luna y al comerciante Ricardo Ricky Calvo.
Durante la indagatoria, Reyna agregó que Espino, actualmente detenido junto con su socio Julián París, por este proceso, le informó que necesitaba “unas justificaciones relacionadas con ese pago, ya que habían surgido algunos problemas”.
A la vez detalló que a raíz de esta situación conversó con Calvo, otro de los que está implicado en este caso, pero que actualmente se encuentra prófugo.
Calvo, añadió Reyna, le aseguró que ese hecho no era “nada importante” y que lo que ocurría era que una de sus empresas le había prestado dinero al entonces magistrado, pero que el “tío Pipo”, Felipe Alejandro Virzi, en su momento aclararía toda esa situación.
Además detalló que Calvo le recomendó incluir el pago a Conceptos y Espacios dentro de una operación que adelantaba con la empresa JR Bocas Investment, que realizaba una transacción de compra y venta con Rasero S.A., representada por Nicolás Corcione Pérez-Balladares.
Pero, Reyna en principio rechazó la propuesta. Le dijo que “mejor buscara otra forma”. Sin embargo, narró que esa noche saliendo de su oficina y cuando se disponía a cerrar la verja, una persona la agarró, la atacó por la espalda, le dobló el brazo hacia atrás, le tapó la boca y la amenazó. Le exigió “que mejor cooperara con esta vaina”, que había mucha gente implicada en el caso de Moncada Luna. “[Dijo] que mi cabeza tenía precio” añadió.
La firma Reyna y Asociados tenía una cuenta bancaria desde donde transfirió más de medio millón de dólares a otras dos sociedades vinculadas al proceso que terminó con la destitución de Moncada Luna.
En una segunda reunión con Espino, Reyna le informó que iba a cobijar su pago dentro de una operación legítima, sin embargo, contó que ellos querían más documentación que acreditara dicha operación y por ello se canalizaron a través de la empresa JR Bocas Investment.
Mientras que Espino, por su lado, dijo a la Fiscalía que al enterarse que su sociedad (Conceptos y Espacios) se encontraba mencionada en el proceso seguido a Moncada Luna, acude a donde Corcione Pérez-Balladares y este le indicó que fuera donde Reyna que ella tenía “todo arreglado” para justificar la operación, a través de la cual se transfirieron los $400 mil a Corporación Cubemu, S.A.
Ayer, en un careo entre Reyna y Espino, los comerciantes mantuvieron sus posiciones.
INTERPOL
Fuentes vinculadas al proceso, manifestaron a este medio que Corcione Pérez-Balladares se encuentra fuera del país desde hace varios días, y que si su abogado [hasta el momento este medio desconoce quien lo representa] no hace que comparezca ante el Ministerio Público por este caso, se solicitará ayuda a Interpol para localizarlo.
La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, también entregará a Interpol Panamá una solicitud para la ubicación de los empresarios Claudio Poma Murialdo y Mauricio Ortiz Quezada, dignatarios de la sociedad Constructora P&V, S.A.
De acuerdo con la fiscalía, estos comerciantes habrían sido partícipes de los ilícitos que motivaron el juzgamiento del exmagistrado Moncada Luna.
Constructora P&V, S.A., forma parte del consorcio HPC-Contratas-P&V a la que durante el gobierno de Martinelli se le adjudicó el contrato para la construcción del Centro de Convenciones Amador, a un costo de $193.7 millones.
Arrestos y medidas cautelares
En esta investigación por lavado de dinero se encuentran detenidos los comerciantes Jorge Espino, Julián París directivos de la sociedad Conceptos y Espacios; la abogada María Gabriela Reyna, de la Firma Reyna y Asociados; además de Óscar Rivera, Francisco Filiú Nigaglioni y Humberto Juárez, vinculados por la fiscalía con las cuentas manejadas por Moncada Luna.
También está detenido Felipe Rodríguez Guardia. Mientras que al exvicepresidente y comerciante Felipe “Pipo” Virzi se le aplicó una medida de casa por cárcel, en tanto que María del Pilar Fernández, esposa del exmagistrado, tiene impedimento de salida del país. También se solicitó a Interpol la ubicación de Ricardo Ricky Calvo, miembro del círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli.
En este caso la fiscalía mantiene cauteladas cuentas por más de $1.4 millón, que se presume corresponden a dineros entregados a Moncada Luna por adjudicar proyectos adelantados por la Corte.
