La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió una investigación al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), relacionada con supuestos pagos de sobornos e irregularidades en el contrato para la instalación de un software de la multinacional SAP en la Caja de Seguro Social (CSS), en el año 2011.
El fallo, con fecha del 29 de noviembre pasado y bajo la ponencia del magistrado saliente Oydén Ortega, advierte de que "la no admisión de la presente causa penal no significa que haya resuelto de manera definitiva la controversia, ya que la decisión no hace tránsito a cosa juzgada".
La decisión se fundamenta en el artículo 488 del Código Procesal Penal, que hace referencia a la prueba idónea del hecho punible como requisito fundamental para la admisión de una querella o denuncia contra un diputado –principal o suplente- de la Asamblea o el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Martinelli –que está detenido en Miami desde el 12 de junio pasado- es diputado del Parlacen, aunque no acude a las sesiones y comisiones de trabajo de dicho organismo regional desde enero de 2015.
El 10 de mayo de 2016, la Fiscalía Sexta Anticorrupción remitió a la Corte el expediente por supuestos delitos contra la administración pública, en perjuicio de la CSS.
En diciembre de 2015, el vicepresidente de Cuentas Globales de SAP, Vicente Eduardo García, se declaró culpable ante un juez federal de Estados Unidos de participar en un esquema para sobornar a funcionarios del Gobierno panameño, a cambio de contratos públicos, incluyendo uno por $14.5 millones con la CSS. García ligó a Martinelli y a su cuñado Aaron Mizrachi con la red de sobornos. Sobre Mizrachi, declaró que este era “un portero que maniobraba su relación con el presidente Martinelli para obtener sobornos para él mismo”.
Stuart Andrew Robinson, agente del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), declaró a la Fiscalía Sexta Anticorrupción que Mizrachi “era la entrada al trato”, para que se lograra el contrato. Robinson aportó correos intercambiados por García y Mizrachi, en los que se detalló cómo se pagarían las coimas.
Por este caso, la fiscalía pidió llamar a juicio a 17 personas, incluyendo al exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Eduardo Jaén, quien confesó haber recibido los sobornos.
Mejor suerte ha tenido Mizrachi: el Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró prescrito el delito de tráfico de influencias que se le imputaba. El Tribunal citó el artículo 1968-B, ordinal 1 del Código Judicial, que fija un plazo de prescripción de seis años para los delitos con penas de prisión máxima de entre cuatro y seis años, entre ellos, el tráfico de influencias.
Martinelli está detenido en Miami, a la espera de ser extraditado a Panamá, pero por otro caso, relacionado a la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional durante su gobierno.
