El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, reveló que no ha ordenado realizar una auditoría al despacho de la jueza cuarta penal, Yoideth Chirú, investigada por la Fiscalía Auxiliar a raíz de un controversial fallo donde ordenó la liberación de 25 personas investigadas por supuesto narcotráfico.
No obstante, el magistrado presidente de la Corte explicó que esto no significa que los superiores jerárquicos del Juzgado Cuarto -el Segundo Tribunal de Justicia- adopten la decisión “que consideren la mejor”.
En un cuestionario que respondió a este medio, Ayú Prado aseguró que respeta la independencia judicial de todos los magistrados y jueces, y que por eso no se inmiscuye en las decisiones de primera instancia y en los recursos de apelación que deben interponerse en el plazo y en la forma convenida en la ley.
Lo que sí reiteró es que informó sobre este caso al Ministerio Público (MP), fundamentándose en los artículos 1992, 1996 y 1997 del Libro III del Código Judicial, que se refieren a la obligación de todo servidor público o administrador de justicia de denunciar un delito cuando tengan conocimiento del mismo.
Ayú Prado solicitó que el MP respete “la presunción de inocencia, la reserva del sumario, el debido proceso y el derecho a la defensa, entre otras muchas garantías fundamentales contempladas claramente en la Constitución Política, en los convenios internacionales y en la ley”.
Igualmente, detalló que le envió copia a la persona que está siendo mencionada en la nota dirigida al Ministerio Público, como una forma de transparencia y rendición de cuentas.
Sobre el hecho de que por qué no dio copia del documento a los medios de comunicación, el presidente de la CSJ alegó que “ello podría poner en peligro la presunción de inocencia, la reserva del sumario, el debido proceso y el derecho a la defensa, entre otras garantías fundamentales”.
LA PESQUISA
El fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar, abrió una investigación contra la jueza Chirú, luego de que Ayú Prado remitiera al Ministerio Público la solicitud de investigar la liberación de 25 presuntos narcotraficantes detenidos en la denominada Operación Taipei.
En este caso, el fiscal de Drogas, Markel Mora, remitió una carta a Ayú Prado en donde le revela la existencia de una serie de irregularidades en la tramitación de la notificación del citado fallo a ese despacho judicial.
En la sentencia del pasado 28 de junio, la jueza Yoideth Chirú estimó que la Fiscalía de Drogas incurrió en una equivocación procesal al momento de solicitar autorización a la Sala Penal de la Corte para escuchas telefónicas en este proceso. Argumentó que la certificación no reunía los requisitos de una resolución debidamente motivada (con argumentos que validen la diligencia).
