La Corte Suprema de Justicia no admitió el amparo de garantías constitucionales presentado por el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, contra la resolución emitida por la Fiscalía Tercera Anticorrupción para que se haga un peritaje técnico sobre el alcance de los radares contratados por el Estado panameño y la empresa Selex, filial del conglomerado Finmeccanica.
Bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise y con fecha del 1 de agosto de 2016, los magistrados del pleno de la Corte decidieron no acoger el amparo de garantías constitucionales, por considerar que Mulino debió haber presentado un incidente de controversia antes de recurrir con este tipo de recurso legal.
En ese sentido, el fallo destaca que la interposición del incidente de controversia es un requisito necesario para cumplir con el agotamiento de impugnación ordinaria que consagra la ley, antes de hacer uso de la jurisdicción constitucional.
Mulino, que es investigado por la Fiscalía Tercera Anticorrupción por la supuesta comisión de delitos de peculado por el contrato firmado con Selex en el año 2010, presentó el amparo contra la resolución del 11 de enero de 2016, por la cual ese despacho judicial ordenó realizar una inspección técnica de los radares.
En su recurso, Mulino alegó que la orden impartida por la Fiscalía Tercera Anticorrupción violó la ley, ya que fue ordenada tras haber concluido el término de investigación. Y que esta diligencia no debería tener lugar, porque se trata de un acto “a todas luces ilegal”.
La fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, pidió precisar si la propuesta técnica ofrecida por la empresa Selex al Estado panameño cumplía con los objetivos del contrato DA-043-2010 del 7 de noviembre de 2010, celebrado entre el Ministerio de Seguridad Pública y Antonio Ritrivi, quien actuó en calidad de apoderado de la empresa Selex para la instalación de un servicio de vigilancia costera.
Moore también solicitó establecer si los radares ya instalados podían ser calibrados para alcanzar la cobertura geográfica que garantizara una vigilancia de las costas panameñas. Así como informar, de manera técnica, si tratándose de equipo nuevo presentaban algún tipo de afectación en sus sistemas que trajeran como consecuencia su desactivación.
Esta investigación se inició, luego de que el exministro de Seguridad Pública Rodolfo Aguilera Franceschi presentara al Ministerio Público evidencias de que los radares no tenían alcance necesario para la interdicción de lanchas rápidas que trafiquen con drogas.
Este anuncio se hizo luego de que peritos del Servicio Nacional Aeronaval realizaran una serie de verificaciones a siete de los radares que fueron instalados.La fiscal Moore formuló cargos a Mulino y ordenó su indagatoria en este caso.
