La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó suspender provisionalmente el contrato suscrito entre el Estado panameño y la empresa Telespazio Argentina, S.A., filial de Finmeccanica, para el suministro e instalación de un sistema de cartografía digital por $22 millones.
Según el fallo, que tuvo como ponente a la magistrada Nelly Cedeño y que contó con el aval de sus colegas Abel Zamorano y Luis Ramón Fábrega, la suspensión provisional se justifica con el fin de evitar que los efectos del contrato ocasionen “un perjuicio grave y de imposible reparación para la colectividad, ya que puede verse afectado el patrimonio de la Nación panameña por la demora en la decisión de fondo que puede adoptar esta sala”.En 2010, el Consejo de Gabinete autorizó al entonces titular de Obras Públicas, Federico Suárez, a firmar el contrato con Telespazio.
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, interpuso el pasado 24 de septiembre una demanda contra este contrato y contra el firmado con Selex –esta última también filial de Finmeccanica– para el suministro de 19 radares.
Hasta ahora, el Estado ha desembolsado a Telespazio $8.7 millones y tiene pendiente un monto de poco más de $12 millones. El mapa, empero, no ha sido entregado a Panamá.
CORTE: HUBO VIOLACIONES
El gobierno del expresidente Ricardo Martinelli incumplió normas fundamentales al no promulgar en la Gaceta Oficial el contrato suscrito con Telespazio Argentina, S.A. -filial de Finmeccanica- para el suministro e instalación de un sistema cartográfico digital.
Lo anterior fue sustentando en el fallo que emitió la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mediante el cual suspendió de forma provisional el citado contrato suscrito en 2010 entre el gobierno de Martinelli y Telespazio Argentina, S.A.
La sala advirtió que la no publicación del contrato en el órgano de comunicación oficial del Estado viola la Ley No. 38 de 2000, que aprueba el estatuto orgánico de la Procuraduría de la Administración y regula el procedimiento administrativo general.
Dicha ley, en su artículo 46, señala: “ Los decretos, resoluciones y demás actos administrativos reglamentarios o aquellos que contengan normas de efecto general, sólo serán aplicables desde su promulgación en la Gaceta Oficial, salvo que el instrumento respectivo establezca su vigencia para una fecha posterior”.
De acuerdo con el fallo la acción del pasado gobierno afectó ostensiblemente “normas de superior jerarquía, al recaer en supuesta nulidad absoluta”.
El contrato –cuyo costo total es $22 millones– fue suscrito en 2010 por el entonces ministro de Obras Públicas, Federico José Pepe Suárez, y Telespazio Argentina, filial de Finmeccanica, para “complementar” un sistema de vigilancia costera en el país que incluía, además, el suministro de 19 radares (Selex) y 6 helicópteros (AgustaWestland).
La Corte ya suspendió provisionalmente el contrato con Selex por los 19 radares ($125 millones).
En la demanda, el ministro Alemán sostuvo que el Ministerio de Obras Públicas nunca emitió un concepto u opinión sobre la viabilidad o ventaja de contar con el mapa cartográfico. Se llamó al exministro Suárez, pero no respondió.
