La Contraloría General de la República podrá -de momento- llevar a cabo la auditoría forense a la planilla 080 de la Asamblea Nacional (AN), que contiene los contratos del personal que trabaja con los diputados.
Aunque el pleno de la Corte Suprema de Justicia- con ponencia del magistrado Cecilio Cedalise- admitió el amparo de garantías constitucionales que presentó la diputada presidenta Yanibel Ábrego, contra la resolución de Contraloría que ordenó la auditoría, no accedió a la solicitud de “suspensión provisional” de la misma, “toda vez que no cumple con los presupuestos para considerarla urgente y necesaria, por cuanto no se observa perjuicios graves, evidentes y de difícil reparación o irremediable que requiera su protección inmediata”.
En el fallo se hace la salvedad de que esta decisión "no constituye un criterio final para el pronunciamiento de fondos".
Así consta en el fallo del pleno fechado el 28 de mayo de 2018, en el que admite el amparo que presentó el abogado Carlos Carrillo, en representación de Ábrego, el mismo día que funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense de la Contraloría se presentaron en la AN para iniciar la auditoría a la planilla 080.
Aquello ocurrió el 16 de mayo pasado. Ese día, Ábrego se negó a recibir la resolución de Contraloría y los auditores se vieron obligados a retirarse.
En su amparo, Ábrego alega que el contralor no la notificó con anticipación de que estaba efectuando una investigación concomitante de la planilla 080 y que por tal motivo violó el debido proceso.
Luego de esa acción, el contralor Federico Humbert presentó una denuncia penal contra Ábrego por oponerse a la ejecución de la auditoría forense.
Adicional, la Contraloría ordenó el pasado 24 de mayo suspender el pago al personal de 10 diputados que cobran a través de esa planilla, por no aportar "ninguna sustentación que comprobara haber prestado algún servicio al Estado".
La medida incluyó la planilla de los diputados Juan Serrano, José Luis Varela, Melitón Arrocha y Jorge Alberto Rosas, del Partido Panameñista; Aris De Icaza, Fernando Carrillo y Salvador Real, de Cambio Democrático (CD), y Carlos Motta, Elías Castillo, Jaime Pedrol y Athenas Athanasiadis, del PRD.
En una carta dirigida a la diputada Ábrego, el contralor Humbert le informó que la medida fue adoptada, luego de que en la evaluación concomitante a la planilla 080 “se detectó un grupo de funcionarios que no presentó ninguna sustentación que comprobara haber prestado algún servicio al Estado”.
Varios de los diputados, a cuyo personal se le suspendió los pagos, han acudido a la dirección de recursos humanos del Legislativo para actualizar información con respecto a la planilla.
Los diputados están obligados a llenar un formulario con los nombres de su personal, detallar en qué departamento trabajan y qué tipo de funciones realizan en la Asamblea Nacional.
