El procurador de la Administración, Rigoberto González, anunció ayer que investigará si hay “intereses y bienes comprometidos” de la Caja de Ahorros (CA) que justifiquen que la entidad deba constituirse en querellante dentro de la investigación que adelanta el Ministerio Público (MP) por la supuesta comisión del delito de peculado agravado y por la cual se mantiene bajo arresto a cinco personas, entre estas, a Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva, y a Rodrigo Arosemena Pino, exsubgerente de la entidad bancaria estatal.
González indicó que analizará la posición de la CA de no constituirse en querellante en el proceso frente a lo que señala el Código Judicial y, de comprobarse que la institución debe participar en el proceso, “hará un llamado de atención” a su actual gerente, Mario Rojas, para que la CA se constituya en querellante. Aseguró que la próxima semana dará su opinión.
No obstante, explicó que las normas “son claras” y las instituciones deben hacerse partícipes en estas denuncias que investiga el MP, porque si se comprueba que se causó un perjuicio económico a su patrimonio, pueden reclamar el pago de estas afectaciones ante los tribunales de justicia.
La investigación que adelanta la fiscalía, a cargo de Tania Sterling, guarda relación con una línea de crédito por $10 millones que aprobó en 2012 la CA al consorcio HPC Contratas-P&V, que construiría el centro de convenciones de Amador; sin embargo, el dinero se destinó para fines distintos al proyecto, que nunca se materializó.
CRÍTICAS
Todos los funcionarios de la Caja de Ahorros (CA) “tienen la obligación de reportar o denunciar cualquier sospecha o evidencia de la realización de un acto fraudulento”, señala el artículo 6 del Código de Conducta y Ética que rige para los servidores de la institución y los miembros de la junta directiva de la entidad bancaria.
Esta norma es invocada por el excontralor Carlos Vallarino para señalar la justificación legal que tiene el gerente de la CA, Mario Rojas, y los miembros de la junta directiva de la entidad para que se conviertan en querellantes dentro de la investigación que lleva la Fiscalía Primera Anticorrupción por la supuesta comisión del delito de peculado agravado en perjuicio del citado banco estatal.
El proceso guarda relación con una línea de crédito de $10 millones entregada al consorcio HPC Contratas-P&V, que construiría el centro de convenciones en Amador, sin embargo, el dinero se destinó para fines distintos al proyecto.
Por esta investigación, la fiscal Tania Sterling ordenó el miércoles pasado la detención preventiva de Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la CA en el quinquenio pasado; Rodrigo Arosemena Pino, exsubgerente del banco, y Eleonor Samudio, secretaria general de la entidad.
Además, se conoció que se mantiene bajo arresto a Gerson Lemer Hurtado y a Tobías Garrido Nicolau, vinculados al consorcio HPC Contratas-P&V.
SEÑALAN A GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA
A juicio del excontralor Vallarino, el Código de Ética de la CA es contundente, y su gerente Mario Rojas “no debe sustraerse y mirar para otro lado en un acto en el cual exdirectivos, gerentes o subgerentes utilizaron a la Caja de Ahorros para una irregularidad de esa magnitud”.
Vallarino denunció que, a pesar de lo que señala la norma, el gerente y la junta directiva (JD) de la CA “se hacen los desentendidos y no les importa defender la imagen ni dar una señal de que se respetan los valores y el buen manejo de la institución”.
Vallarino agregó que el gerente Rojas “no debe adoptar la política del avestruz, de esconder la cabeza y decir que no tiene nada que ver. Eso es una omisión y es un mal ejemplo para las instituciones bancarias y más las oficiales que se manejan con fondos de los depositantes y dinero público”, indicó.
Señaló que el presidente Juan Carlos Varela ha debido llamarle la atención a Rojas, porque debe proteger la institución y “no lavarse las manos, como Poncio Pilato”.
De igual forma, denunció que la actual junta directiva de la CA tiene responsabilidad, toda vez que deben dar una orden a Rojas para que inmediatamente se convierta en querellante en el proceso, o de lo contrario pedirle la renuncia y poner a una persona que defienda los intereses del banco.
La actual junta directiva de la CA la integran Álvaro Enrique Thomas Abrahams (presidente); Eduardo García de Paredes (vicepresidente), y como directivos Paúl Leignadier Castillo, Carlos Duboy Sierra y Gustavo Valderrama Rodríguez.
En un comunicado, la CA dijo que “este es un proceso conducido por la Fiscalía Primera Anticorrupción, en el que la Caja de Ahorros no es denunciante, por lo que no nos compete emitir opiniones o juicios al respecto en este momento”.
El excontralor indicó que la fiscal Sterling debe llamar a declarar al exgerente de la CA Jason Pastor para que explique “cómo se hicieron todas esas sinvergüenzuras en sus narices, y él no hizo nada”.
LOS FONDOS DESVIADOS
El Ministerio Público informó que los empresarios de HPC Contratas-P&V solicitaron que los dineros que recibieron de la línea de crédito de la CA se distribuyeran así: $7 millones para Summer Venture, Inc., vinculada a Felipe Pipo Virzi y Ricardo Ricky Calvo, allegados al expresidente Ricardo Martinelli.
Además, $977 mil fueron desviados a Langton Internacional Holding, ligada a Cobranzas del Istmo, S. A. (CISA) de Cristóbal Salerno.
También se desviaron $850 mil a la sociedad Ilkeston, mencionada en la compra de bienes que hizo Salerno, luego de que firmó en 2010 el contrato de CISA para la gestión de cobros de impuestos al Gobierno.
Igualmente, $500 mil fueron traspasados por Summer Venture, Inc. a la Promotora y Desarrollo Los Andes, vinculada al expresidente Martinelli, y en la cual Riccardo Francolini es secretario de la junta directiva.
Ninguna de las sociedades que recibieron los dineros guardaban relación con el proyecto del centro de convenciones en Amador, sostiene la fiscalía.
VAGAS EXPLICACIONES
Este medio buscó a los representantes legales de estas sociedades y se les preguntó en relación a los dineros que recibieron de HPC Contratas-P&V.
Alfredo Vallarino, abogado Virzi, al ser consultado al respecto, informó que no ha tenido acceso al expediente y que lo ha solicitado a la fiscalía. “Es un expediente que tiene unas 2 mil 500 fojas y realmente tenemos tres días tratando de verlo. Se nos ha dicho que está en uso el expediente, que han presentado recursos de incidentes o en uso de la fiscal”, añadió.
El abogado indicó que lo que no entiende del caso es por qué se habla de una lesión patrimonial a la CA, ya que el préstamo cedido fue cancelado.
Respecto a los $500 mil que se desviaron hacia Promotora y Desarrollo Los Andes, Carlos Carrillo, representante legal de Francolini, explicó que no ha tenido acceso a una copia de la indagatoria que rindió su cliente, por lo que no puede asegurar lo que dijo con respecto a esos dineros.
Indicó que el pago de $500 mil se hizo en un cheque, cuya fecha de emisión no guarda ninguna relación cronológica con el objeto de la investigación, que fue el financiamiento que otorgó la CA.
“Francolini no tiene ninguna relación como presidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros en un préstamo que se pagó. No guarda ninguna relación con la empresa prestataria, absolutamente”, aseguró el abogado, quien atendió a este medio después de seis llamadas que se le hicieron a su celular.
Informó que el mismo día, miércoles 12 de octubre, cuando se ordenó la detención preventiva de su cliente, interpuso una solicitud de fianza de excarcelación ante el Órgano Judicial. No se pudo ubicar a Luis Vásquez, abogado de CISA.
A pregunta de La Prensa a la CA, del porqué una entidad como esta, cuya misión es apoyar proyectos de las familias panameñas, aprobó un préstamo para una megaobra pública como el nuevo centro de convenciones de Amador, voceros de esta entidad indicaron que “por efectos de la norma que rige el secreto bancario (Artículo 111 del Decreto Ley 9 del 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 del 22 de febrero de 2008) Caja de Ahorros y sus voceros se encuentran impedidos para emitir comentarios o revelar detalles del mismo”.
Alegan que están enfocados en los préstamos de consumo (hipotecarios, personales y de auto), préstamos a personas jurídicas (banca comercial y corporativa) y préstamos al sector gubernamental, bajo un “estricto apego” al enfoque de la institución.
La potestad crediticia de la Caja de Ahorros
POLÉMICA. Históricamente la Caja de Ahorros ha sido considerada como un banco cuyo negocio fundamental es el préstamo hipotecario para viviendas de interés social. Por esta razón surge la duda acerca de la participación de este banco estatal en operaciones crediticias de naturaleza comercial distinta a la construcción de viviendas de interés social.
Al ser la Caja de Ahorros un banco estatal, tiene una doble naturaleza, de entidad bancaria y de institución estatal que debe regirse por una compleja red de normas regulatorias de ambos sectores.
Así, por ejemplo, la Caja de Ahorros debe cumplir con el Código de Trabajo y con la Ley 38 de 2000, que regula el procedimiento administrativo de las agencias del Estado, y que en materia de recursos humanos incluye las normativas de carrera administrativa del Estado. En materia bancaria, la principal norma jurídica que rige a la Caja de Ahorros es la Ley 52 del 13 de diciembre del año 2000, que es la Ley Orgánica que regula a esta institución. En el artículo 3 de esta ley se establece que el Estado es responsable de manera subsidiaria de las obligaciones adquiridas por la Caja de Ahorros. Esto reitera su naturaleza de banco estatal, y a la vez implica que toda afectación a su patrimonio es, por lo tanto, un perjuicio a la hacienda pública que puede ser considerado como peculado, además, de las distintas modalidades de delitos contra la propiedad tales como hurto, apropiación indebida y estafa, que sean aplicables a la situación específica.
En cuanto a los créditos comerciales, los numerales 7, 28 y otros, del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Caja de Ahorros, le permiten realizar todo tipo de créditos sujeto a las políticas y reglamentos de la junta directiva, así como todas las operaciones bancarias que son aceptadas por la legislación panameña, respectivamente.
