Rogelio Cruz y Sidney Sittón se presentaron hoy a la Fiscalía Primera Anticorrupción, en el edificio Avesa, para interesarse por el proceso que se sigue al exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia Jaén, investigado por la compra irregular de bolsas de arroz.
Cruz dijo al diario La Prensa que tanto él como Sittón acudieron como abogados del expresidente Ricardo Martinelli, luego de que el exdirector del PAN declarara que actuó bajo órdenes de sus superiores, lo que apuntaría directamente al exjefe de Estado.
El resto del equipo legal del exgobernante lo completan –siempre según Cruz– Alma Cortés y Carlos Carrillo.
“Esta mañana, a las 8:00 a.m., nos apersonamos el señor Sidney Sittón y yo a la fiscalía para leer la indagatoria del señor Guardia, indagatoria que ha circulado en los medios de comunicación desde el viernes pasado. Al llegar nos fue absolutamente imposible pasar ni siquiera a la secretaría anticorrupción correspondiente, mucho menos tener acceso al expediente”, relató Cruz.
Edna Ramos, abogada de Adolfo De Obarrio –ex secretario personal de Martinelli– también acudió a la fiscalía hoy. El pasado viernes, cuando acudió por primera vez –momentos en que Guardia era indagado–, no pudo acceder al expediente.
Cruz dijo que pudo obtener copia de la declaración porque otro abogado vinculado al proceso se la hizo llegar.
Agregó que más adelante, el equipo de abogados “tendrá el derecho a interrogar al señor Guardia”, y así “confrontar” su testimonio.
Advirtió que la difusión de las declaraciones de Guardia viola la presunción de inocencia y la reserva de sumario, por lo que su cliente podría ejercer acciones por delitos contra el honor.
Un fallo de 2008 del Segundo Tribunal Superior de Justicia determinó que el Ministerio Público no debe dar inicio a procesos penales por delitos contra el honor, cuando los supuestos ofendidos sean figuras con mando y jurisdicción. Igualmente, desde el 2008, el Código Penal despenalizó la calumnia e injuria.
No obstante, Cruz sostiene que esto no aplica a su cliente. Aunque es parlamentario centroamericano desde el 1 de julio de 2014 , eso no lo convierte en servidor público, ya que –según el criterio del abogado– “no recibe salario del Estado panameño ni es empleado de una de sus instituciones”.