La defensa del expresidente Ricardo Martinelli intenta revocar las acciones tomadas contra su cliente, dentro del proceso que se le sigue por la interceptación de las comunicaciones en su gobierno (2009-2014).
Este martes, Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, presentó dos amparos de garantías constitucionales: uno en contra de la apertura de la audiencia celebrada el pasado viernes 11 de diciembre y otro para revocar la decisión del magistrado Jerónimo Mejía –en funciones de juez de garantías- de declarar al expresidente “en rebeldía”, por no haber comparecido al acto, pese a estar debidamente notificado por la secretaría general de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Carrillo alega que su cliente “no tiene la calidad de imputado, no fue notificado personalmente de la audiencia convocada, no se ha evadido, no se encuentra bajo fianza y tiene paradero conocido”.
Martinelli salió de Panamá el pasado 28 de enero y su paradero actual se desconoce, aunque en ocasiones se le ha visto en el edificio Atlantis, en la exclusiva zona de Brickell Key, en Miami, donde tiene un apartamento.
El día de la audiencia, la exprimera dama Marta Linares de Martinelli acudió al acto y anunció a los periodistas que su esposo no comparecería. “No le recomiendo a nadie que venga”, dijo.
Carrillo también considera como un acto inconstitucional que se celebrara la audiencia del pasado viernes, sin antes resolver las objeciones presentadas por la defensa contra las actuaciones del magistrado Harry Díaz, fiscal del caso.
'ADVERTENCIA'
El equipo legal de Martinelli también presentó este martes una advertencia de inconstitucionalidad pero dentro de otro proceso seguido al exgobernante, en este caso por el supuesto cobro de coimas productos de las comisiones de Cobranzas del Istmo, S.A., empresa que el gobierno pasado tenía la exclusividad para recuperar la cartera morosa del Estado.
En dicha advertencia, que suscribió el abogado Leonardo Paul, se alega que el magistrado Abel Zamorano, ponente de la admisión de dicha causa judicial, fue designado posteriormente como fiscal, lo que –según Paul- contraviene el principio de separación de funciones, independencia e imparcialidad, consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos.
En los últimos cinco días, la batería de abogados contratados por Martinelli ha presentado –por lo menos- seis acciones ante el pleno de la Corte. Una –que pedía recusar a cinco magistrados- ya fue rechazada. Mañana, el pleno se reúne en sesión extraordinaria para resolver un habeas corpus preventivo.
Contra Martinelli pesan tres solicitudes de detención provisional por el caso de los pinchazos: una presentada por el fiscal Díaz y las otras dos, por abogados querellantes.
