El Consejo de Gabinete instruyó al Ministerio de la Presidencia para que presente demandas administrativas de nulidad ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, con miras a dejar sin efecto los contratos suscritos en 2010 entre Panamá y las empresas Selex, Agusta y Telespazio, filiales de la italiana Finmeccanica, para la compra de 19 radares, 6 helicópteros y 1 mapa digital, todo ello, por $250 millones.
A través de la Resolución No. 78 del 28 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de ayer, el Gobierno autorizó al ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, para que otorgue poder judicial a fin de presentar las demandas de nulidad contra los citados contratos, y se notificó de esta decisión a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, para que coadyuve en la defensa de los intereses del Estado.
ALEGATOS
Los argumentos del Gobierno para adoptar esta decisión se sustentan en el hecho de que varios fiscales italianos efectúan investigaciones para determinar si hubo actos de corrupción en la celebración de los citados contratos y en el de la construcción de cárceles modulares con la también empresa italiana Svemark.
La resolución del Consejo de Gabinete señala, además, que juzgados italianos también han abierto procesos penales contra personas directa o indirectamente relacionadas con las empresas Selex, Agusta, Svemark, o con el conglomerado Finmeccanica.
Otra de las razones que el Gobierno aduce para asumir esta decisión, se basa en el hecho de que los procesos judiciales referidos han avanzado al punto de decretarse el llamamiento a juicio de los imputados, entre estos el empresario Valter Lavítola, quien fungió como intermediario de Finmeccanica en la negociación con Panamá durante la administración de Ricardo Martinelli.
Asimismo, la decisión obedece a que las autoridades panameñas han estudiado pruebas que indican la existencia de graves causales de nulidad de los contratos.
Por otro lado, la resolución detalla que algunos de los bienes descritos en los contratos suscritos por Panamá con las empresas italianas aún no han sido suministrados, y por tanto se ha decidido demandarlos por ilegales.
Entre las anomalías detectadas en el suministro de los equipos, resalta la de los 19 radares entregados durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli. Tras una calibración efectuada por expertos del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), se descubrió que los equipos no tienen la capacidad para detectar lanchas rápidas como las usadas por el narcotráfico, razón esencial de su compra.
Luego de establecerse la deficiencia de los radares, la empresa Selex ofreció a Panamá entregar drones (aviones no tripulados), así como agrupar los radares instalados para mejorar su capacidad de detección, pero esta propuesta fue rechazada por el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera.
Además del rechazo de los drones, la decisión implica el retiro de los radares instalados hasta la fecha, ya que quedó demostrado que no cumplen con la función para la que fueron adquiridos.
CONDENAS DE LAVÍTOLA
Esta semana, la Embajada de Panamá en Italia remitió al Ministerio Público y este a la Corte Suprema de Justicia las dos condenas decretadas al empresario italiano Valter Lavítola por ilícitos relacionados con Panamá.
Se trata de la condena a tres años de prisión por haber tratado de extorsionar a la empresa Impregilo, que es mencionada en la resolución del Gabinete a través de la cual se avaló la presentación de las demandas de nulidad.
Se sospecha que pudo existir algún tipo de extorsión o que se cometió algún delito contra la empresa, con el fin de ocultar un pago indebido a través de la donación de un hospital en la provincia de Veraguas.
De ser acogidas las demandas contra los contratos suscritos durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, permitiría al Estado panameño tener una mejor posición negociadora ante las empresas italianas, que sostienen que los equipos fueron entregados al gobierno anterior y recibidos por el entonces ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino.
Lavítola tiene pendientes otros dos procesos judiciales, uno en un tribunal de Roma por el supuesto desvió de 25 millones de dólares en coimas tras las adjudicaciones a Finmeccanica, y otro en la Fiscalía de Nápoles por supuesta corrupción internacional en el proyecto para la construcción de cárceles modulares por parte de la empresa Svemark.
