Demandas a Ley 55, estancadas

Parte de la mora en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se refleja en las cuatro demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 55 de 2012 (ley blindaje), que favorece a los diputados.

Luego de un año y nueve meses desde que al magistrado Hernán de León se le asignó la responsabilidad de resolver dos de las demandas, este todavía no emite un fallo.

Esto ha provocado la paralización de una denuncia contra el diputado de Cambio Democrático Sergio Gálvez, y el archivo de siete expedientes contra diputados de la Asamblea Nacional.

TRÁMITE

El 24 de julio de 2013, el abogado Carlos Rubio, entonces candidato a diputado por el Partido Popular y hoy subdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, interpuso ante la CSJ la demanda de inconstitucionalidad contra el último párrafo del artículo 491-A del Código Procesal Penal –incluido con la Ley 55 de 2012– que establece el plazo para investigar a los diputados.

A este recurso se le acumuló una acción similar presentada por Rubio contra el mismo artículo, pero como parte de una denuncia contra el diputado Sergio Gálvez, quien supuestamente regaló dinero en una actividad en El Chorrillo, el 7 de julio de ese año.

Ello significa que hasta que no se resuelva la demanda, no se puede tramitar la denuncia contra Gálvez.

En ese entonces el presidente de la CSJ era Alejandro Moncada Luna –actualmente cumple condena de cinco años de prisión– y los repartos de recursos se hacían cada tres semanas y hasta un mes.

El Código Judicial establece que los repartos en la CSJ deben realizarse tres veces por semana.

La demanda de Rubio le fue asignada al magistrado De León el 9 de octubre de 2013. Desde esa fecha, el pleno de la CSJ archivó siete denuncias y querellas penales contra diputados.

Además, De León ha hecho 12 (de un total de 16) viajes al extranjero y 13 giras al interior del país.

Rubio demandó el último párrafo del artículo 491-A del Código Procesal Penal, el cual señala que si en un período de 10 días el magistrado fiscal no fija el plazo de finalización de la investigación a un diputado, se dará por extinguida la acción penal.

Fuentes judiciales explicaron que, luego de que el Ministerio Público (MP) emitiera opinión sobre la demanda y cumplida la fase de alegatos, el 10 de febrero de 2014 el magistrado De León puso a circular para lectura de sus colegas un proyecto de fallo que resolvía la demanda.

Moncada Luna se declaró impedido el 26 de febrero de ese mismo año y al mes siguiente se aceptó el impedimento.

El trámite de lectura del proyecto de fallo continuó hasta que el 14 de agosto la demanda fue discutida en sesión del pleno.

Fuentes precisaron que, tras sus discusión, se corrigió el proyecto de fallo y el 29 de agosto lo puso a circular nuevamente para lectura.

Sin embargo, las fuentes indicaron que De León lo retiró el 1 de septiembre y hasta el 6 de febrero de 2015 puso a circular uno nuevo.

Desde el 2 de marzo pasado, la resolución final que resuelve la demanda aún está para firma de los magistrados.

PONENTE Y FISCAL

Una situación parecida se da con la demanda de inconstitucionalidad presentada el 3 de marzo pasado por el abogado Silvio Quiñónez, contra cinco artículos de la Ley 55 de 2012, incluido el citado 491-A . Este recurso fue asignado al magistrado Oydén Ortega.

Tras cumplir los trámites de solicitar opinión al MP y la fase de alegatos, desde el 9 de junio pasado está pendiente que Ortega resuelva y presente un proyecto de fallo para lectura de sus colegas.

En medio de esta situación, Ortega –en función de magistrado fiscal de la investigación al expresidente Ricardo Martinelli por la compra de comida deshidratada– presentó el 2 de julio pasado una advertencia de inconstitucionalidad contra el ya citado artículo 491-A.

Es decir, que el magistrado presentó una demanda similar a la que estaba en su despacho por resolver, lo que paraliza la investigación a Martinelli hasta que se resuelva ese recurso.

En el reparto del miércoles último en la Secretaría General de la CSJ, por conocimiento previo se le asignó a Ortega la demanda que él presentó por el caso de Martinelli.

Las mismas fuentes manifestaron que Ortega anunció impedimento para resolver su propia demanda y un día después le fue admitido, por lo que el recurso fue asignado a su suplente, Gisela Agurto.

Además, ese jueves Ortega anunció impedimento para tramitar la demanda de Quiñónez, por lo que, mientras el tiempo transcurre, la ley blindaje está vigente.