María de Lourdes Estrada de Villar, magistrada del Segundo Tribunal Superior de Justicia, fue denunciada penalmente por haber avalado el fallo de esa corporación que ordenó la nulidad de la investigación seguida a 14 personas por supuesto blanqueo de capitales, ligado a la cuentas del encarcelado exmagistrado Alejandro Moncada Luna.
La denuncia fue presentada el 9 de octubre de 2016 en el Ministerio Público, por la firma forense Vega & Álvarez, que pide se investigue a Estrada por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, de corrupción de servidor público y/o concusión.
Estrada firmó como dirimente el fallo fechado el 23 de septiembre de 2016, bajo la ponencia de Wilfredo Sáenz. El magistrado Luis Mario Carrasco actuó como ponente.
El denunciante solicita que sean citados como testigos los diputados Pedro Miguel González, Ana Matilde Gómez, Katleen Levy y Zulay Rodríguez. El primero ejerció como fiscal en el proceso judicial seguido a Moncada Luna en el año 2015; las tres últimas actuaron como jueces de garantía. Aquel caso concluyó con un "acuerdo de pena" en el que Moncada Luna aceptó la comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos públicos, a cambio de una condena de 60 meses de prisión.
El fallo de Sáenz y Estrada anuló la investigación seguida por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada a Nicolás Corcione Pérez Balladares (actual miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá), Felipe Alejandro Virzi López, Ricardo Alberto Calvo Latorraca, Alberto Ortega Maltez y María del Pilar Fernández, esposa de Moncada Luna, actualmente en la cárcel El Renacer.
También benefició a Felipe Antonio Rodríguez Guardia, Humberto Elías Juárez Barahona, María Gabriela Reyna López, Mauricio Antonio Ortiz Quesada, Claudio Poma Murialdo Sonmaruga, Óscar Iván Rivera, Francisco Feliu Nigaglioni, Jorge Enrique Espino Méndez y Julián París Rodríguez.
Sáenz y Estrada basan su decisión en el cuarto punto del "acuerdo de pena", que señala que: “El pronunciamiento de la sentencia conlleva el cierre de la investigación y para todos los elementos que la conforman hace tránsito de cosa juzgada”. Vega & Álvarez señala en su denuncia que dicho acuerdo no incluye cláusula o compromiso de no imputación o acusación "por algún otro delito o a favor de alguna otra persona distinta al entonces único procesado [Moncada Luna]", lo que genera una "absurda distorción del derecho" y de los efectos legales de los acuerdos procesales previstos en el Código Procesal Penal.
De hecho, Pedro Miguel González, como fiscal del caso, remitió copia de su expediente al Ministerio Público, que a su vez lo asignó a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, especialista en la investigación de casos de blanqueo de capitales. "Esto permitió un avance significativo en la pesquisa", al punto de que se logró vincular a 14 personas con los hechos investigados.
Vega & Álvarez también procedería penalmente contra Sáenz, pero esta acción debe ser presentada ante la Asamblea, dado que Sáenz es –además- suplente del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz.
