Dos fallos de la Corte Suprema de Justicia que dejaban sin efecto la comercialización de varias fincas en Veracruz –donde se ubica el Intercontinental Playa Bonita Resort– no han sido de estricto cumplimiento para el Ejecutivo.
Aunque la Corte Suprema declaró en febrero de 2008 y en mayo de 2015 nula, por ilegal, una resolución y el contrato de concesión de fincas costeras en Kobbe, Veracruz, el Gobierno decidió vendérselas en $16.9 millones al hotelero Herman Bern.
Fuentes oficiales revelaron que desde mayo pasado el contrato de venta está en la Contraloría para su refrendo, pero no fue hasta este lunes que se dio a conocer en Gaceta Oficial la decisión del Consejo de Gabinete.
Pero, ¿bajo qué figura jurídica estaría Bern adquiriendo la finca? El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, aseguró que cuando se construyó el hotel en 2005, todavía la Corte no había fallado en contra del acto.
No obstante, cuando Bern decidió construir su hotel, la demanda de nulidad contra el contrato de concesión estaba siendo considerada por la Corte desde 2003, según el abogado del demandante.
El ministro aseguró que tenían dos panoramas: comprar el hotel o vender la tierra a Bern, por lo que tomaron esta última decisión.
La Prensa intentó obtener la versión del empresario, pero no respondió a las preguntas enviadas desde el pasado martes.
EJECUTIVO DESOYE A LA CORTE SUPREMA
En febrero de 2008, la Corte Suprema de Justicia declaró nula, por ilegal, una resolución que aprobó un contrato de concesión que permitió la construcción del hotel Intercontinental Playa Bonita, en Kobbe, Veracruz. Siete años después, en mayo de 2015, un segundo fallo ratificó la decisión.
A pesar de que una nueva sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema declaró nulo el contrato de desarrollo, arrendamiento e inversión entre la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (hoy Unidad de Bienes Revertidos) y la sociedad Paradise Beach Corporation –del empresario Herman Bern–, el Consejo de Gabinete aprobó venderle la parcela en 16.9 millones de dólares.
En la resolución de Gabinete, que apareció este lunes en la Gaceta Oficial, se aprueba la venta directa de más de 77 mil metros cuadrados a la sociedad de Bern.
Aunque el documento reconoce la existencia de dos fallos de nulidad, justifican que la administración del presidente Juan Carlos Varela “es consciente” de que la inversión ejecutada, de acuerdo con el contrato de junio de 2003, “surtió plenos efectos hasta la declaratoria de nulidad” de la Corte Suprema. (Ver facsímil).
Incluso, el Gabinete consideró que los trabajos que hizo Bern en las tierras estatales, a pesar de los fallos, fueron de “buena fe”: “Se desprende que toda la actuación llevada a cabo por dicha sociedad debe entenderse de buena fe, reconociendo además los derechos que ostenta dicha sociedad sobre tales mejoras”, sustenta el documento.
Este reconocimiento se hizo cinco meses después de que Bern participara como invitado del presidente Varela en la condecoración que se hiciera el 14 de enero pasado al expresidente estadounidense Jimmy Carter, en Atlanta.
La resolución destaca que esta administración considera conveniente a los intereses de la Nación y “en aras de procurar un entendimiento” entre las partes, proceder a la venta –mediante procedimiento excepcional–, a fin de “evitar reclamaciones futuras”.
Además, menciona que dos de los cuatro lotes concesionados para desarrollar el proyecto ecoturístico y recreacional de playa fueron unificados en un plano aprobado en noviembre de 2009, creando un globo de terreno de más de 89 mil metros cuadrados.
Pero, luego fueron excluidos más de 11 mil metros cuadrados, tras comprobarse que eran manglares.
Cinco meses después de que se declarara nulo el proceso por segunda vez, el 19 octubre de 2015, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Unidad de Bienes Revertidos, ofreció en venta la parcela.
Once días después, el 30 de octubre de ese año, la Comisión Interinstitucional para la Administración de los Bienes Revertidos, mediante reunión ordinaria, recomendó vender la parcela por procedimiento excepcional.
El hotelero aceptó la venta del inmueble el 17 de diciembre pasado, un día después de conocer el avalúo del MEF y de la Contraloría General, por un monto de 16.9 millones de dólares.
Justo en el hotel Playa Bonita Resort, como se le conoce, se hospedó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante la Cumbre de Presidentes en abril de 2015.
Pero, ¿bajo qué figura jurídica estaría adquiriendo Herman Bern la finca de Kobbe, cuando el contrato fue declarado nulo por ilegal en dos ocasiones? El titular del MEF, Dulcidio De La Guardia, justificó la venta al indicar que el hotel Playa Bonita fue inaugurado en 2005 y tres años después fue que se declaró nula por ilegal la licitación, y posteriormente en 2015 el contrato de arrendamiento.
Se tomó en consideración, dijo, que Paradise Beach invirtió 40 millones de dólares “soprepasando la inversión acordada en el contrato, que era de 12 millones dólares”.
De conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Código Judicial, las sentencias de la Sala Tercera son finales, definitivas y obligatorias, y no admiten recurso alguno, y las de nulidad, deben publicarse en Gaceta Oficial, tal como ocurrió en este caso.
Sin embargo, De La Guardia dijo que tenían dos opciones: comprar el hotel o vender los terrenos, decidiéndose por esta última.
“Considerando estos temas y apegados a la legalidad, el Ejecutivo consideró conveniente para los intereses de la Nación y en aras de procurar el entendimiento de las partes, proceder con la venta”, resaltó.
CAMINO DE ANULACIONES
No es la primera vez que Bern ha tenido la oportunidad de comprar estos valiosos terrenos. En julio de 2007 –durante la administración del presidente Martín Torrijos– el Gabinete aprobó la venta de las tierras al consorcio de Bern –por 6.9 millones de dólares– pero nuevamente el proceso en la Corte trancaría la transacción.
Los trámites de compra con Bern se gestionaban desde septiembre de 2005.
Sin embargo, la sentencia de la Corte de febrero de 2008 declaró nula, por ilegal, la resolución de la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), que entregaba la concesión de la tierra a Bern para el proyecto playero, con un canon de arrendamiento anual de 126 mil dólares y una inversión de 12 millones de dólares.
La demanda de nulidad fue interpuesta por Desarrollo Urbanístico del Atlántico (Duasa), que alegó que la entonces ARI realizó cambios a última hora en el pliego de condiciones de la licitación, sin supuestamente notificar públicamente a las partes.
Desarrollo Urbanístico del Atlántico es presidida por Nidal Waked, que hoy se enfrenta a la justicia de Estados Unidos, que lo acusa de lavado de dinero y fraude bancario.
De La Guardia confirmó que no se entregará indemnización a la sociedad de Waked, porque no lo establecen los fallos de la Corte.
PIDIÓ NULIDAD
La Procuraduría de la Administración solicitó el 23 de mayo de 2011 que se declarara “ilegal” el contrato entre el Estado y Paradise Beach Corporation, debido a que ya existía un pronunciamiento al respecto de la Corte en 2008.
“El proceso en estudio ha operado la causal de nulidad absoluta, ya que el acto administrativo mediante el cual se adjudicó la licitación pública fue declarado ilegal”, destaca la vista fiscal.
La Prensa intentó obtener la versión de Herman Bern, pero no respondió las preguntas enviadas el pasado martes.
Bern es uno de los pocos empresarios que ha podido obtener tierras o concesiones estatales a bajo costo, entre ellas, la polémica concesión de mar donde se encuentran dos torres residenciales y el hotel Miramar, donde vive el presidente Varela.
También fue cuestionado por el espacio de fondo de mar que le fue concesionado para una marina y el área recreativa de piscinas del hotel Miramar, en la avenida Balboa.
Además, Bern obtuvo valiosos terrenos cercanos al Aeropuerto Internacional de Tocumen, dados en alquiler por la Universidad de Panamá, para la construcción de un centro de negocios con hotel incluido.
Por lo pronto, el cuestionado contrato para la compra de las valiosas tierras costeras en Kobbe se encuentra desde mayo pasado en la Contraloría General en espera del refrendo del contralor, Federico Humbert.