La defensa de Ricardo Martinelli ofreció una fianza de medio millón de dólares y la entrega del pasaporte a cambio de la excarcelación del expresidente, detenido preventivamente dentro del proceso que se le sigue por la supuesta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad, y peculado.
En una audiencia celebrada la mañana de este lunes 4 de febrero, el abogado defensor Alfredo Vallarino propuso una serie de condiciones al juez de garantías Justo Vargas, a fin de facilitar la liberación de su cliente. Además de la fianza y la entrega del pasaporte, Vallarino pidió la medida cautelar de impedimento de salida del país y la notificación cada 15 días ante la autoridad judicial competente.
Igualmente, puso a disposición de la fiscalía y del juez sendos telefónos celulares con GPS, a fin de que el expresidente sea monitoreado "en tiempo real". También que se consigne que su cliente no puede tener comunicación o acercarse a las víctimas, querellantes o testigos del proceso.
Vallarino explicó que la oferta de medio millón de dólares equivale a la mitad de la fianza que le fue otorgada hace un año por la juez estadounidense Marcia Cooke, de la Corte del Distrito Sur de la Florida. No obstante, el abogado no precisó que la propia Cooke dejó sin efecto dicha fianza, menos de 24 horas después de haberla concedido.
Martinelli tomó la palabra para dirigirse al juez Vargas. Proclamó su inocencia y dijo que ha sido tratado "como un sub ser humano" y no saber por qué está procesado. "Jamás se me ha imputado un cargo en este proceso", aseguró.
"Aquí lo que está pasando es que me quieren inhabilitar, me quieren sacar del ruedo político", indicó, y aseguró que a través de dos "mensajeros", el presidente Juan Carlos Varela le ha dicho que no "sale" de El Renacer "antes del 2 de julio". No dijo los nombres de los presuntos emisarios ni profundizó en dichos señalamientos.
También insistió que regresó a Panamá voluntariamente, "porque yo quise venir", desestimando que fue extraditado por Estados Unidos a solicitud de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y capturado por alguaciles federales. En Miami permaneció un año detenido. La entrega a Panamá se concretó finalmente el 11 de junio de 2018. Desde entonces está confinado en una casa dentro de El Renacer.
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La extradición fue certificada por el juez federal Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de Florida, y posteriormente avalada por la juez Cooke. Martinelli acudió entonces al tribunal de apelaciones, con sede en Atlanta, pero antes de que dicha instancia se pronunciara, decidió "acogerse" a la extradición.
"Le pido por lo más sagrado me conceda esta fianza, porque esta fianza yo me la merezco", pidió Martinelli al juez Vargas.
La detención fue ordenada por el pleno de la CSJ desde el 21 de diciembre de 2015, y validada en fallos sucesivos por dicho ente colegiado. Según David Cuevas, abogado de Rosendo Rivera, querellante autónomo del proceso, las medidas cautelares han sido ratificadas por la Corte hasta en tres ocasiones.
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"Hoy no he escuchado nada nuevo. Nada que me haga suponer que no habrá peligro de que se evada. Tiene dos hijos en Estados Unidos... Además, tiene cuatro o seis procesos más. Esos expedientes no están cerrados. Entiendo que el Ministerio Público está pidiendo el levantamiento del fuero electoral para investigarlo por un nuevo caso, New Business... Obviamente, este señor es un peligro de fuga", dijo Cuevas al juez Vargas.
Cuevas remarcó que Martinelli no vino voluntariamente a Panamá y que fue necesario gestionar su extradición. "Desatendió el proceso estando en Estados Unidos y en Panamá también. Varias veces no quería salir de la cárcel o tomar sus medicamentos", dijo Cuevas.
También la fiscalía y los abogados de las víctimas querellantes Mauro Zúñiga, Rubén Polanco, Juan Carlos Navarro y Balbina Herrera resaltaron el riesgo procesal que supone la excarcelación de Martinelli y pidieron al juez que mantuviera la detención preventiva, recordando que el juicio oral inicia el 12 de marzo y la presencia física del acusado es fundamental.
El fiscal Ricaurte González recordó que a Martinelli, en El Renacer, se le han realizado requisas y se han encontrado cargadores de celular, un aparato iPhone y chips de teléfonos. También que fue sancionado por insultar a un custodio. Esto ilustra el riesgo de excarcelar a Martinelli.
"No es lo mismo un preso político que un político preso", reflexionó el fiscal.
Carlos Herrera Morán, abogado de Zúñiga, dijo al juez Vargas que cuando los alguaciles federales aprehendieron a Martinelli en Miami, el 12 de junio de 2017, había información de que éste gestionaba su "fuga". "Tiene medios para sustraerse de la justicia y para amedrentar a los testigos y a las víctimas que tienen que participar en la audiencia del 12 de marzo, como ya ha ocurrido", dijo Herrera Morán. Agregó que sería "tarea fácil" para Martinelli averiguar quién es el testigo protegido, cuya identidad ha sido celosamente resguardada por el pleno de la Corte, pese a los esfuerzos de la defensa por saber quién es.
Al respecto, el abogado de Herrera recordó que ya su representada sufrió ataques "en esta misma sala de audiencia", atribuidos a seguidores del expresidente. Posteriormente la propia Herrera contó al juez que, en una oportunidad, le lanzaron una botella de agua. También que cada vez que concluye un acto, las víctimas y querellantes son objeto de ataques a través de redes sociales "y medios de comunicación que él [Martinelli] dirige".
"¿Y ahora hay que darle fianza para que haga campaña política?... Qué bueno. Ojalá que todos los que están presos puedan inscribirse para ser candidatos", dijo Herrera.
#VíaRápidaLP - Fiscal Delia De Castro sobre la solicitud de excarcelación de Martinelli: 'sienten que es más importante hacer campaña política que hacer frente a la responsabilidad de este caso'.https://t.co/dppqbF9Y41 pic.twitter.com/Ni6NXHHWAi
Le corresponde al juez de garantías Vargas, del sistema penal acusatorio, fallar al respecto. Esto, luego de que la Corte Suprema de Justicia declinó el 7 de diciembre pasado la competencia del proceso a la esfera ordinaria, tras acoger un amparo que sustentó que la Corte dejó de ser competente cuando Martinelli renunció como diputado del Parlamento Centroamericano.
Sin embargo, en dicho fallo, se validó las actuaciones del juez de garantías, el magistrado Jerónimo Mejía.
En la audiencia, el abogado Vallarino enumeró una serie de elementos que debieran ser tomados en cuenta por el juez Vargas, como el hecho de que el "expresidente, al día de hoy, ya casi está cumpliendo la pena mínima que tendría en el caso de que sea condenado". "Nuestro representado no ha ido a juicio, no ha sido condenado", remarcó.
Vallarino también mencionó la “postulación formal” de Martinelli como candidato a alcalde y diputado de Panamá, y que esté debe hacer frente a una campaña "nacional" de cara a las elecciones generales de mayo de 2019. Por cierto que a la audiencia de este lunes, acudieron varios diputados de Cambio Democrático (CD), el partido fundado por Martinelli, como Marylín Vallarino, Mariela Vega y Carlos Afú. También está la esposa del acusado, Marta Linares de Martinelli.
Según Vallarino, esa postulación no se logró solo con 20 firmas, sino con más de 30 mil que avalaron esta aspiración política, por lo cual –a su juicio– no hay que negarle su participación.
Otros elemento al que apeló la defensa es que Martinelli tiene 66 años de edad -cumple 67 el próximo 11 de marzo- y sus padecimientos crónicos. "¿A quién le podrá hacer daño con 67 años de edad?”, preguntó el abogado Vallarino en la audiencia. Además, recordó que la detención provisional es una medida cautelar acorde "para homicidas, para terroristas, para una persona peligrosa... No para un expresidente de la República".
El abogado de Balbina Herrera replicó que el acusado ha recibido atenciones médicas hasta en 75 ocasiones, desde que está confinado en El Renacer.
Igualmente, Vallarino señaló que el expresidente ya tiene 20 meses detenido -pese a que el pleno de la Corte no reconoce el año que estuvo en prisión en Miami, a la espera de ser extraditado a Panamá-, lo que -según Vallarino- representa la condena mínima de prisión por uno de los delitos que se le endilgan.
Mitchell Doens, víctima y querellante, replicó que "esta argumentación no tiene sustancia", ya que Martinelli, en total, enfrenta cuatro delitos que, juntos, suman una pena de 21 años de prisión, que es la condena solicitada en la acusación elaborada en el año 2015 por el entonces magistrado fiscal Harry Díaz.
Doens también preguntó cómo Martinelli pretende hacer campaña política, si de paso alega tener serios problemas de salud.
Por estos mismos hechos, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, dos exjefes del Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno de Martinelli, fueron condenados a 50 meses de prisión.
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A la 1:38 p.m., el juez Vargas anunció que se retiraba a deliberar, por lo que decretó un receso. Antes, pidió a la defensa y la fiscalía que le hicieran llegar copias de las evaluaciones médico forenses "más recientes", realizadas al acusado.
