La audiencia preliminar por las irregularidades en el contrato del fallido sistema de riego de Tonosí fue suspendida porque el exvicepresidente de la República, Felipe Alejandro "Pipo" Virzi -uno de los 33 sindicados en este proceso-, adquirió fuero electoral penal la semana pasada.
La audiencia comenzó puntualmente a las 9:00 am de este lunes 18 de julio, pero poco después fue suspendida por el juez Decimocuarto Penal, José Ángel Carrera, pese a la insistencia de los abogados que representan al resto de los investigados, para que la audiencia preliminar continuara.
Adicional, se presentó un certificado de incapacidad médica de otro de los investigados, el abogado y periodista Ovin Julio Miller.
"Nuestro código [Penal] establece que no hay ruptura de unidad procesal. En este caso deben comparecer todos los sindicados en la misma forma para que el juez pueda calificar el acto", señaló la fiscal Tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore.
El pasado viernes a las 4:58 pm, la abogada de Virzi, Guillermina McDonald, solicitó la suspensión de la audiencia, dado que su cliente se postuló a un cargo en las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Virzi está aforado, porque se inscribió como candidato a la quinta subsecretaría del PRD, el pasado 14 de julio. Elvira, la hija de Virzi, se postuló para la cuarta subsecretaría. Ambos están acusados de posibles irregularidades en la inscripción de una propiedad en Santiago, provincia de Veraguas.
Corresponde ahora al Tribunal Electoral (TE) decidir el levantamiento del fuero del que goza Virzi. Mientras tanto, el juez reprogramó la audiencia para entre el 14 y 18 de noviembre.
No es la primera vez que el juez se ve obligado a interrumpir la audiencia preliminar.
Originalmente, ésta debía celebrarse el 6 de junio pasado, pero fue suspendida porque no se notificó a todos los sindicados. En el Órgano Judicial informaron que para el acto de este 18 de julio sí se habían cursado las notificaciones correspondientes a todos los implicados.
Por este caso, la fiscal Moore solicitó el llamamiento a juicio a Virzi y su socio, el comerciante Ricardo "Ricky" Calvo; a los exministros de Desarrollo Agropecuario Emilio Kieswetter y Óscar Osorio; el excandidato a diputado de Cambio Democrático (CD), Porfirio Ellis, y a los directivos de la empresa contratista Hidalgo & Hidalgo (H&H), Marco Albán Crespo y Víctor Ríos, entre otros. Casi todos tienen alguna medida cautelar. Por ejemplo, Osorio y los ejecutivos de H&H están en detención preventiva.
"Estamos preparados para demostrar que la fiscal miente", dijo Ellis, a su llegada al juzgado.
En su vista fiscal, Moore solicita llamamiento a juicio por la posible comisión del delito contra la administración pública. El expediente consta de 117 tomos.
Moore investigó por qué la empresa H&H recibió desembolsos del Estado por 37.4 millones de dólares entre 2012 y mayo de 2014; el dinero se utilizó en asuntos que no tienen relación con el contrato, como bien reconoció Virzi en su declaración indagatoria. Una auditoría de la Contraloría calculó en 31 millones de dólares la lesión patrimonial al Estado.
Virzi confesó haber recibido 10 millones de dólares de los dineros que el Estado entregó a H&H.
Según Virzi, esa cantidad correspondía a sus honorarios como asesor. Después, en su declaración indagatoria, precisó a la fiscal cómo se repartía ese dinero, siguiendo instrucciones bancarias que su socio Calvo -quien nunca ha comparecido personalmente al proceso- recibía del expresidente Ricardo Martinelli.
En febrero de este año, el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, ordenó cautelar bienes y cuentas bancarias a la empresa H&H por el orden de 29.2 millones de dólares.
