La esposa de Giacomo Tamburrelli, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), prefirió no acusar del posible delito de extorsión al exmandatario Ricardo Martinelli y a Salomón Shamah, exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), informaron fuentes del Ministerio Público (MP).
La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, que dirige Nahaniel Murgas, había citado a María Cristela Amaya de Tamburrelli para que rindiera declaración jurada y así explicara qué ocurrió el 9 de diciembre de 2014, cuando Martinelli y Shamah visitaron las panadería il Nono –en urbanización Herbruger y en Vía Porras-, ambos locales de su propiedad.
El fiscal Murgas interrogó a Amaya de Tamburrelli y le preguntó si estaba a favor de la formulación de cargos a Martinelli y Shamah. La señora contestó que no.
El 18 de diciembre pasado, en una entrevista a TVN Noticias, Tamburrelli –que fue director del Programa de Ayuda Nacional (PAN) en el gobierno pasado–, contó que Martinelli y Shamah acudieron a il Nono para “intimidar” a su esposa, “con una serie de grabaciones mías”.
Martinelli replicó que “jamás en la vida” ha amenazado a Tamburrelli y su familia. “Él sabrá con su conciencia lo que está haciendo y por qué lo hace”, dijo.
Tamburrelli está actualmente bajo arresto domiciliario, mientras se le investiga por irregularidades en un contrato para la compra de alimentos deshidratados por un valor de $44.9 millones a la empresa Lerkshore International Limited.
La investigación contra Tamburrelli inició el 21 de julio pasado, tras una denuncia anónima que dio detalles de cómo se hizo este contrato para obtener “dinero rápido, fácil y sin problemas”.
El exdirector del PAN ha declarado ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción que Martinelli fue quien “le ordenó” que se realizara el contrato original por $45 millones para adquirir la comida deshidratada para las escuelas públicas del país.
Hasta ahora el exdirector del PAN ha sido el único que ha señalado de manera directa que el exmandatario presuntamente participó de irregularidades en la adjudicación del contrato para la compra de comida deshidratada.
Por este caso, la Corte Suprema de Justicia abrió una causa al expresidente, ya que este fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano.
Hoy se celebró una audiencia de control, en la que la defensa advirtió sobre supuestos "vicios de nulidad".
El magistrado Jerónimo Mejía, que actúa como juez de garantías, dijo que no era el momento para tratar esos asuntos.
