33 personas vinculadas; 7 empresas investigadas; $40 millones blanqueados, la mitad ya recuperado; $5 millones en bienes aprehendidos, y 5 acuerdos de colaboración eficaz, es el saldo del caso Blue Apple, nombre con el que se conoce a la investigación por sobornos en el que estarían involucrados exfuncionarios y contratistas del Estado.
Los datos fueron dados a conocer este lunes por la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, que aunque no aportó nombres de los investigados, indicó que se trata "de las más altas autoridades en el Ministerio de Obras Públicas [MOP] y Ministerio de Vivienda [Miviot]", entre los años 2011 y 2012. En el caso del MOP, "era el director de contrataciones públicas el que hacía el pedido de coimas".
En aquel momento, quienes estaban al frente del MOP eran Federico José Suárez -hasta agosto de 2012- y Jaime Ford Castro. Antes, Ford Castro fue viceministro de Vivienda.
Añadió que los exfuncionarios investigados "todos tienen fuero penal electoral", por lo que ya se solicitó su levantamiento al Tribunal Electoral "para poder procesarlos". Otros abandonaron suelo panameño, "y ya tienen alerta roja" ante Interpol para su localización.
33 personas han sido vinculadas a la red de sobornos, de las cuales 21 están siendo procesadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. Hay tres detenidos preventivamente, por orden del fiscal anticorrupción Aurelio Vásquez, a cargo de la investigación, admitida el 11 de septiembre de 2017 y que inicialmente llevó directamente Porcell.
Porcell explicó que la red operaba a través de facturas falsas "y sociedades de fachada, de papel, para dar apariencia de licitud" al cobro de las coimas. Los entonces funcionarios pedían entre 5% y 10% del monto total del contrato para agilizar los trámites y desembolsos a favor de los contratistas. "De no hacerlo, se dificultarían las gestiones de cobro por los avances de obra, entre otras afectaciones", dijo Porcell.
Hay siete empresas investigadas: Conalvías, Meco, Rodsa, Bagatrac, GS Constructores (Grupo Corporativo GS, S.A.), REC, S.A. y Conceptos y Espacios.
Los pagos "indebidos" debían ser depositados a cuentas de la sociedad Blue Apple Services.
Mencionó que a través de cinco cuentas en tres bancos -Banesco, Capital Bank y Banco General-, la red movilizó hasta $40 millones; el Ministerio Público ya ha ubicado al menos $9 millones repartidos en Suiza, China, Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos. Los tres bancos panameños "se dan cuenta de la forma irregular en la que se estaban manejando estas cuentas bancarias", y enviaron alertas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en ese entonces dirigida por Emma Reyes.
"La UAF no dijo nada en su momento; eso es parte de la investigación de la fiscalía", precisó Porcell.
Dinero se envió a cuentas en Suiza, China, Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos pic.twitter.com/uYN03tEabX
Banesco, Capital Bank y Banco General ordenaron el cierre de las cuentas bancarias, "luego de considerar que las operaciones eran inusuales, fuera del perfil transaccional".
Actualmente, hay tres personas detenidas preventivamente: el banquero Joaquín Rodríguez Salcedo, exvicepresidente de Factoring y Fianzas de Global Bank; el abogado Federico Barrios y su esposa Ana Mercedes Briones. Al respecto, Porcell indicó que una subsidiaria de Global Bank, denominada Factor Global, está ligada al caso.
La procuradora informó que los empresarios ya han rendido indagatoria y aportado pruebas "sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dieron los hechos, han identificado para quiénes era el dinero, como se ejecutaba el delito., quiénes integraban la organización criminal, el uso de facturas falsas para dar apariencia de licitud al dinero, el destino de las ganancias... Además de devolver el dinero ilícito". Porcell no precisó los nombres de los empresarios indagados.
Aunque la red movió dinero a través de cuentas a nombre de la sociedad Blue Apple -cuyo presidente y representante legal es Barrios-, también se constituyeron otras sociedades anónimas, como Dover Agency Inc., Blanch International Inc., Nightmare Overseas Corp. y Corporación Libuma, S.A.
Igualmente, hay cinco acuerdos de colaboración eficaz, tres de ellos ya validados ante el juez.
Comunicado https://t.co/eQJ8HU8i8e
La procuradora informó que próximamente presentará un proyecto de ley para eliminar la reserva de sumario y poder "dar publicidad" a las investigaciones por delitos de corrupción y enriquecimiento injustificado.
También pidió a la Asamblea Nacional apoyar los proyectos de ley sobre extinción de dominio y de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Igualmente, solicitó elevar las penas de los delitos de corrupción, la mayoría actualmente de 2 a 4 años de prisión. "Por hurto pecuario son de 6 a 8 años. No puede ser", indicó.
Más información en la edición impresa del diario La Prensa del martes 16 de enero de 2018...
