“En ese correo estaba básicamente autorizando las excepciones y se suponía que todo lo demás estaba cumplido”. Así respondió Rodrigo Arosemena Pino, exsubgerente de la Caja de Ahorros (CA), a una de las preguntas que le hizo la fiscal primera anticorrupción, Tania Sterling, al rendir declaración indagatoria el 12 de este mes, como parte de la investigación sobre presunto peculado en el otorgamiento de una línea de crédito en 2012 de hasta $10 millones a HPC-Contratas-P&V para la construcción del centro de convenciones en Amador.
La explicación de Arosemena respondió a la interrogante de la fiscal sobre un correo del 31 de diciembre de 2012, en el que autorizó a Voldy Wedemeyer, gerente de Crédito Corporativo de la CA, a “proceder con el desembolso” de $9 millones a HPC-Contratas-P&V.
Según un correo del 31 de diciembre de 2012, a las 12:18 p.m., Wedemeyer pidió a Arosemena autorización para realizar el desembolso de $9 millones. A las 12:56 p.m. de ese día, el exsubgerente autorizó el desembolso al consorcio.
“Yo no estaba autorizando esa suma de dinero; es decir, el monto, esa suma la autorizó la junta directiva, yo estaba autorizando era la excepción de una condición de crédito. Al final del día fue un monto que aprobó la junta directiva de la Caja de Ahorros, basados en un análisis minucioso del caso y lo único que hice yo fue aprobar la excepción de una condición que estaba bastante perfeccionada y la misma se perfeccionó en un periodo de alrededor 15 días”, declaró en su indagatoria Arosemena, quien permanece detenido preventivamente por este caso.
Arosemena explicó que la excepción –que podía autorizar él o el gerente del banco– fue porque faltaba la inscripción en el Registro Público de la finca que sirvió como garantía del préstamo, ubicada en Chepo y a nombre de la sociedad Majestic Seven, S.A. (ver nota relacionada).
Es decir, la CA realizó el desembolso del préstamo pese a que el gravamen sobre la finca que servía de garantía no estaba inscrito en el Registro Público a favor de la entidad bancaria.
El exsubgerente alegó a la fiscal que “el control de la inscripción lo tenía la Caja de Ahorros”, porque el cliente del préstamo ya había firmado la escritura... “además, ya se había investigado la finca y la misma estaba debidamente libre de gravámenes”.
“El requisito de inscripción en el Registro Público, lo que nos daba era la oponibilidad ante terceros”, agregó el exfuncionario.
A juicio de Arosemena, no hubo riesgo ni se afectó el patrimonio del banco. Explicó que el riesgo de un crédito no está basado en la garantía, sino en la fuente de repago. “La garantía solo puede dar apoyo en caso de que la fuente de pago fallara”, sostuvo.
“(...) Las excepciones que se dieron no afectaron en ninguna forma el cobro del crédito y las mismas se dieron calculando los riesgos al darlas”, indicó.
Detalló, además, que para ese préstamo habían otras garantías, “como las acciones de las compañías, fianzas personales, incluyendo la del empresario Pipo Virzi, el cual tenía un patrimonio mayor a los $60 millones, según lo que nos presentó”.
En respuesta a la fiscal, Arosemena identificó a Pipo Virzi como “el principal empresario” dentro del consorcio HPC-Contratas-P&V.
Entre otras garantías que el banco tenía para el préstamo, citó la cesión del contrato con el Estado, refrendado por Contraloría, que les otorgaría los certificados de no objeción.
Karla Villalaz, gerente de Banca Corporativa y Comercial de la CA, en una declaración jurada rendida ante la fiscalía, dijo que la CA recuperó el préstamo otorgado para la construcción del centro de convenciones de Amador a través de “certificados de no objeción” (CNO) provenientes del Ministerio de Salud y de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).
Arosemena reiteró en varias respuestas que otorgó la excepción al préstamo con base en “documentos que me presentaron”.
Reconoció a la fiscalía que estuvo presente en la sesión de la junta directiva de la CA del 11 de diciembre de 2012, cuando se aprobó el préstamo al citado consorcio. “Participé, así como todos los funcionarios que tenían que presentar el crédito, pero yo no tengo derecho a voz y no apruebo nada en junta directiva”, sostuvo.
¿QUIÉN HIZO EL DESEMBOLSO?
Ante la pregunta de la fiscal: “¿Tenía usted conocimiento de que se había aprobado el desembolso del crédito sin tener inscrita la garantía a favor de la Caja de Ahorros?”, Arosemena respondió: “cuando yo apruebo la excepción y cumplido con lo demás, me imaginé que se procedería al desembolso”.
Respecto al desembolso de $9 millones, ¿a quién le correspondió realizar el desembolso?, repreguntó la fiscal. Y el exsubgerente dijo: “Al oficial de crédito. Le explico que si el cliente pide el desembolso y están las condiciones que son verificadas por el Departamento de Administración de Crédito, se llena una hoja de trabajo solicitando el desembolso, que es firmada por el oficial de crédito y el gerente del área”.
Al preguntársele si la CA hizo averiguaciones o fiscalización sobre el destino del dinero que se prestó a HPC-Contratas-P&V, Arosemena indicó: “Lo que pasa es que ese tema no lo manejaba yo, pero los fondos deberían salir para el pago o para financiar gastos, según el presupuesto presentado”.
Según investigaciones de la fiscalía, el desglose de los $9 millones que la CA prestó a HPC-Contratas-P&V se hizo así: $7 millones fueron a dar a Summer Venture, Inc., ligada a Felipe Pipo Virzi y Ricardo Calvo. Esos $7 millones después fueron depositados en una cuenta de Financial Pacific. Otros $850 mil de la CA se transfirieron a la sociedad Ilkeston Associates y $977 mil 462 a Langton International Holding Ltd, estas dos últimas sociedades ligadas a Cristóbal Salerno, accionista de Cobranzas del Istmo, empresa que se encargó del cobro de impuestos morosos en el gobierno de Ricardo Martinelli.
La fiscal le preguntó a Arosemena si conocía las sociedades Ilkestin Associates y Langton Internacional, y este respondió que no.
SALERNO CONFIRMA DESVÍO
En una declaración jurada rendida el 19 de este mes ante la fiscal Sterling, Cristóbal Salerno declaró que, en efecto, le fueron girados cheques de gerencia de la Caja de Ahorros a favor de las sociedades Ilkeston Associates Inc., y Lantong International Holding, LTD , por $850 mil y $977 mil 462, respectivamente.
¿Diga por qué razón fueron girados los cheques antes señalados a su favor y quién les hizo entrega de los mismos y a razón de qué?, le preguntó Sterling a Salerno.
“Señora fiscal, los cheques de gerencia antes señalados los giró la Caja de Ahorros, me los entregó el señor Manuel Morales [vinculado a HPC-Contratas-P&V] en mis oficinas y me dijo que esos eran cheques para abonar al préstamo de $5.2 millones y habían sido enviados por el deudor, en este caso la sociedad Gallen Enterprises”, contestó Salerno.
Indicó que los cheques fueron entregados los primeros días de enero de 2013. Precisó que West Valdés es el representante legal de Gallen Enterprises.
Salerno contó que en diciembre de 2012 el entonces presidente Martinelli fue a su residencia y le pidió que ayudara a West Valdés e Iván Clare con un dinero, ya que Financial Pacific habría sufrido un desfalco financiero.
El empresario le indicó a Martinelli que solo podía prestar $5.2 millones. Dijo que Valdés aún le adeuda “un saldo grande” y no sabe el paradero de los deudores.
También aportó a la fiscal una volante de depósito en el Banco Universal, con fecha del 4 de enero de 2013, donde se abrió una cuenta a nombre de Financial Pacific por la suma de $12.2 millones. La volante tiene la firma de West Valdés y su número de cédula.
SIGUEN INDAGATORIAS
La fiscalía tiene programada hoy la continuación de las indagatorias de los exdirectivos de la CA Anastacio Ruiz De León, Fernando Correa Jolly y Ricardo Arango Pezet, así como del exgerente del banco Jayson Pastor, como parte de la citada investigación.
