El exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega fue liberado ayer, seis días después de ser detenido.
Fábrega, acusado de corrupción por revelar información confidencial de la SMV a empleados de la casa de valores Financial Pacific (FP), fue detenido el pasado jueves 26 de febrero en La Chorrera y ese mismo día fue indagado por la Fiscalía Tercera Anticorrupción.
Sin embargo, en una resolución dictada ayer, el Juzgado Primero Penal, a cargo de Rolando Quesada Vallespi, ordenó su inmediata libertad al concederle una medida cautelar de país por cárcel. Además, debe acudir al juzgado a firmar los días 15 y 30 de cada mes.
La decisión de Quesada Vallespi se dio luego de que el abogado Roy Torres, defensor de Fábrega, presentó una petición de fianza de excarcelación el mismo día en que su cliente fue detenido.
Pese a que la solicitud fue de fianza, el juez le dio una medida cautelar distinta a la detención preventiva.
Jair Urriola, abogado querellante en representación de la SMV, manifestó que “ni a nosotros como víctima ni a la fiscalía nos corrieron traslado de la petición, para emitir una opinión”.
Además del fallo, el juez Quesada Vallespi emitió una boleta de libertad ayer mismo, la cual se hizo efectiva de inmediato.
Fuentes oficiales del Ministerio Público informaron que Fábrega, quien estaba preso en la Dirección de Investigación Judicial de Ancón, fue liberado ayer.
Las mismas fuentes confirmaron que la fiscal tercera anticorrupción, Zuleyka Moore, no fue informada de la petición de fianza de Fábrega. Moore y Urriola anunciaron que apelarán la decisión del juez penal.
LO QUE DICE EL FALLO
En el fallo, al que este diario tuvo acceso, el juez Quesada Vallespi indicó: “no se dan ninguno de los requisitos y reglas que deben tomarse en cuenta para la aplicación de la medida cautelar más severa, como es la detención provisional”.
“El delito investigado no reviste peligrosidad ni gravedad, el imputado Ignacio Fábrega tiene una edad de 68 años, tiene domicilio en Panamá y compareció a rendir declaración indagatoria”, agregó.
Argumentó que no se puede catalogar a Fábrega como una persona peligrosa en base a una declaración dada por una funcionaria de la SMV, porque eso lo debe determinar un psiquiatra forense.
Según Quesada Vallespi, la presunta peligrosidad de Fábrega queda descartada, debido a que no hay pruebas de que haya sido investigado o procesado anteriormente por delitos de narcotráfico, lavado de dinero, homicidio u otros hechos peligrosos.
LLAMADO DE ATENCIÓN
El juez hizo “un fuerte llamado de atención” al abogado Roy Torres, defensor de Fábrega, debido a que en el escrito en el que pidió la fianza calificó de prepotente, arbitraria y vengativa a la fiscal Moore.
El pasado viernes, la fiscal Moore envió el expediente al juzgado, concluyendo la investigación y solicitando el llamamiento a juicio a Fábrega.
La liberación del exfuncionario se concretó a pesar de que un testigo protegido lo acusara de ser el autor intelectual de la desaparición y presunta muerte del subdirector de Análisis Financiero de la SMV, Vernon Ramos.
El testigo, reo de la cárcel La Joya, implicó a Fábrega en una declaración dada a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada el pasado sábado.
Ramos desapareció el 16 de noviembre de 2012, en momentos en que investigaba a la casa de valores FP, por un desfalco estimado en $12 millones.
Sanciones al juez Quesada
El juez Rolando Quesada Vallespi fue destituido por la Corte Suprema de Justicia como magistrado suplente del Segundo Tribunal por haber avalado un fallo del 15 de diciembre de 2004, que declaró la nulidad de las operaciones antidrogas “Buenaventura” y “Estero”.
La sanción se dio el 17 de agosto de 2006 y además acarreó su suspensión por 30 días como juez primero penal. Adicionalmente de la sanción que se le impuso a él, la Corte también sancionó al magistrado del Segundo Tribunal Andrés Almendral –que también firmó el fallo que anuló las operaciones antidrogas– y lo destituyó de su cargo.
En tanto, el 3 de junio de 2013, el juez Quesada Vallespi ordenó el archivo definitivo de la investigación por supuesto pago de sobornos para la construcción de cárceles modulares en Panamá, en la que se implicó al italiano Valter Lavítola y a Francisco Martinelli, primo del expresidente Ricardo Martinelli.
